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Producción: Javier Lewkowicz
Por Daniel Arroyo *
Si bien son muchos los avances que se han realizado en estos últimos años, distintos son los desafíos a los cuales se enfrenta la Argentina del Bicentenario. Podemos mencionar la pobreza estructural, la inflación, la dificultad para acceder al crédito y a la vivienda, el aumento de la venta de droga en los barrios o la inclusión de los jóvenes que están fuera del sistema escolar y laboral. Si lo pensamos en términos de políticas asistenciales, es claro que tenemos que avanzar hacia un piso mínimo con lo que deba contar cualquier ciudadano que habite nuestro territorio. Esa es la función prioritaria que las políticas sociales deben cumplir, pero también es necesario pensar que, además, éstas deben ser una buena herramienta para promover plena integración a través de la generación de empleo genuino. Por ello, es vital que la conformación de estrategias de microcrédito sean prioritarias en la agenda del Estado y en las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, de las cooperativas y del sector privado en general.
Son innumerables los antecedentes internacionales donde el microcrédito se utiliza como herramienta de fortalecimiento de la economía. Al realizar un análisis integral, se puede reconocer a la Economía Social como un subsistema socioeconómico, cultural, de producción y distribución de bienes y servicios, que desde el Estado junto con las organizaciones de la sociedad y el sector privado, mejoran los ingresos de las familias.
En este sentido, la Economía Social debería seguir los siguientes objetivos fundamentales:
- luchar contra la pobreza y la indigencia;
- luchar por la justicia social, a favor de un desarrollo integral y una ciudadanía plena;
- involucrarse dentro de un proyecto de país inclusivo, a través de la realización del desarrollo productivo.
Es claro que el sistema financiero en los últimos años no tuvo la capacidad, ni la vocación para llegar a miles de ciudadanos que pueden tener pocos recursos económicos, pero son el sostén del país en términos del trabajo y la producción. Si uno recorre cualquier punto del país que elija al azar, puede encontrarse con un nuevo fenómeno que amenaza a los sectores más vulnerables y que está relacionado con el sobreendeudamiento a tasas usuarias de muchas familias que acceden a créditos con bajos requisitos y que solo tienen fines lucrativos. Este tipo de economía funciona con financiamiento a tasas bajas y no con financiamiento para vivir pagando lo que se pidió como crédito.
La Economía Social debe derribar los muros que separan las políticas sociales de las políticas económicas.
En un estudio que elaboramos recientemente, en el cual indagamos sobre el perfil de los ciudadanos de 18 a 30 años que perciben planes sociales en municipios del conurbano bonaerense, el 51 por ciento indicó que la falta de dinero o acceso al crédito es el principal problema para crear un emprendimiento propio.
El desarrollo productivo y el microcrédito son también esenciales para ver cómo se puede dar un salto de las experiencias a una escala que cubra a los casi cuatro millones de cuentapropistas que trabajan con tecnología retrasada en el país y que son pobres porque no alcanzan los ingresos mínimos.
Existen otras cuestiones pendientes vinculadas a esto y que tienen que ver con el pensar mecanismos tributarios y de reconocimiento de las actividades de la Economía Social, así como también el lograr escala en la productividad y mejorar la rapidez en la transferencia de recursos desde el Estado.
La pobreza en la Argentina también está muy vinculada a la tecnología inadecuada: un carpintero que no accede a una sierra circular y que, por lo tanto, no hace muebles a medida y pierde oportunidades de mercado, o un mecánico de autos que, como nadie le da crédito para una computadora, no atiende los autos con motores a inyección. Lo mismo sucede con una mujer que quiere instalar una panadería en su casa y que, por falta de una amasadora, horno o heladeras, no logra romper el círculo de la pobreza.
En este sentido, acompañadas a otras políticas de tipo sociales, debemos avanzar hacia un sistema de masificación del microcrédito, que contengan a aquellos emprendedores que no acceden al crédito bancario por falta de garantías. La masificación de los sistemas de créditos con montos pequeños no solo favorecería la vocación emprendedora y el desarrollo de innovaciones productivas, sino que también pone en funcionamiento un circuito que vincula el desarrollo local de las economías regionales. El desafío es llegar con tasas de interés subsidiadas para personas que tengan buenos proyectos e ideas. En nosotros está la oportunidad para hacer realidad el sueño de muchos emprendedores.
* Ex viceministro de Desarrollo Social. Candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires UNA.
Por Andrés Asiain *
Una de las promesas de campaña del candidato a presidente del FpV, Daniel Scioli, fue la creación de un Ministerio de la Economía Popular. La propuesta generó un intenso debate sobre qué se entiende por economía popular y cuáles serían las funciones de este ministerio. Al respecto, intentaremos aportar algunas reflexiones sobre el tema.
La economía popular abarca un amplio abanico de actividades económicas donde los trabajadores no se encuentran bajo una relación laboral asalariada formal. Recicladores urbanos, agricultores familiares, vendedores ambulantes, talleres textiles no registrados y otras cooperativas de trabajadores son algunos ejemplos de esa economía que, en gran parte de los casos, se caracteriza por ser informal y de subsistencia.
Desde la visión liberal, la economía popular debe regirse por las reglas del libre mercado, siendo la informalidad y baja productividad que la caracteriza una manifestación del fracaso competitivo de quienes participan en este segmento, ya sea por su escasa iniciativa, poco esfuerzo o capacidad. Bajo esa caracterización, los sectores más conservadores proponen que el Estado debe cumplir las funciones de policía forzando una formalización compulsiva de la economía popular, debiendo ser perseguidos aquellos emprendimientos que no logren cumplir con los requisitos legales para su continuidad.
Desde posiciones liberales más moderadas, la economía popular es consecuencia de ciertas “fallas” del mercado relacionadas con el acceso a financiamiento o capacitaciones. En consecuencia, el Estado debe remediar esas fallas brindando dicho financiamiento y capacitaciones a quienes integran la economía popular, de manera que puedan avanzar con éxito en el mercado y lograr, de esa manera, las condiciones económicas para su formalización.
El inconveniente de esas miradas es que pasan por alto el elevado grado de concentración que caracteriza a la economía moderna en Argentina y el mundo. Si se toma nota que, incluso empresas nacionales de gran porte no han podido competir con el gran capital trasnacional, qué le espera a la economía popular por más capacitaciones o asistencia financiera que reciba. La mayoría de las veces la informalidad y la degradación de las condiciones laborales entre los trabajadores de la economía popular constituyen la herramienta para sobrevivir a la competencia en el mercado, de ahí que el intento de formalización compulsiva puede derivar en la destrucción de la actividad y la pérdida de una fuente de ingreso para quienes la integran.
Desde posiciones más desarrollistas se observa a la economía popular como algo circunstancial, que irá desapareciendo a medida que la economía argentina logre romper las limitaciones al crecimiento. El desarrollo es concebido, justamente, como la absorción de los trabajadores de la economía popular por el mercado de trabajo formal en actividades de mayor productividad. De ahí que la política para el sector deba ser de asistencia social, hasta tanto se generen las condiciones económicas de expansión del empleo en las actividades de mayor productividad relativa.
El problema de esta visión es tanto la dificultad de remover las restricciones estructurales para el crecimiento, como las condiciones para el desarrollo en la actual etapa del capitalismo. Si se tiene en cuenta que sistema global se desenvuelve bajo un paradigma donde la corporación trasnacional organiza la producción a escala global, combinando el uso de las más modernas tecnología con condiciones milenarias de explotación laboral, es muy complejo imaginar que aún de lograrse la expansión de sectores con elevada productividad, éstos puedan generar el nivel de empleo formal necesario para absorber a quienes se desempeñan hoy en la economía popular.
Dejando de lado tanto la visión utópica que propicia el éxito en el libre mercado de la economía popular como aquella que considera a la economía popular como un fenómeno circunstancial, las políticas públicas orientadas al sector deben buscar generar las condiciones para que quienes se desempeñan en el mismo puedan alcanzar derechos y protecciones sociales que garanticen una vida digna y anclada al trabajo que desempeñen. En este sentido, resulta auspicioso imaginar una trayectoria de políticas que promuevan la transformación gradual de los subsidios en salarios.
Un Ministerio de la Economía Popular resultaría una importante base institucional para diseñar e implementar políticas integrales que combinen la promoción de la organización, en algunos casos y, la asociatividad, en otros, o ambos para generar mayor poder de negociación; facilitar el acceso a financiamiento, capacitación y tecnologías que permitan a los trabajadores de este sector ampliar sus capacidades productivas. Al tiempo que se genere y/o sostenga la demanda de su producción; con las transferencias y apoyos necesarios para dignificar las condiciones laborales y de reproducción de la vida de los trabajadores de la economía popular.
* Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.
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