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El Senado tratará el miércoles el proyecto de Ley que protege las acciones del Estado nacional en empresas privadas, la mayoría de las cuales integra la cartera de inversiones del Fondo de Garantías Sustentables (FGS) de la Anses. La iniciativa, que obtuvo dictamen de comisión el 26 de agosto, prohíbe la venta, la transferencia o cualquier otra acción que implique que el Estado se desprenda de esas acciones, salvo que el Congreso lo autorice a través del voto de los dos tercios de sus miembros.
De acuerdo con el proyecto, la finalidad es preservar la sustentabilidad del fondo y “promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado nacional” para “resguardar el interés público comprometido en las participaciones societarias”. Para ello, se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee) como continuadora de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado que deberá entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto. La Anpee tendrá a su cargo ejercer los “derechos políticos” inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS. De ese modo, se busca “contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado nacional, orientada a la administración unificada e integral de las empresas en que participa en forma minoritaria”.
La nueva agencia se integrará con un directorio y un consejo consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de Diputados y ocho del Senado. El directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el director ejecutivo de la Anses; dos directores designados por el PEN y dos directores propuestos por la comisión bicameral: uno por la mayoría o primera minoría, y otro por la primera minoría o segunda minoría. El directorio se conformará a los 30 días de promulgada la ley. Los directores durarán cuatro años en sus cargos, podrán ser reelegidos por otro período y sólo podrán ser removidos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones por decisión de las 2/3 partes de los miembros de la bicameral. Entre otras facultades, los directores podrán impartir instrucciones a los administradores designados por el Estado a fin de que “la administración de los negocios sociales resguarde el interés público comprometido en la actuación de la sociedad”.
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