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El Frente para la Victoria consiguió el dictamen para el proyecto del Presupuesto 2016, como así también las prórrogas de la Emergencia Económica y una serie de impuestos, entre ellos a los cigarrillos y débitos y créditos. El paquete de leyes económicas será tratado en el recinto el miércoles de la semana que viene. El radicalismo reclamó que la norma sea votada luego de las elecciones presidenciales de octubre y con la nueva conformación de la Cámara. El legislador Claudio Lozano (Unidad Popular) y la UCR presentarán dictámenes en minoría. La iniciativa recibió algunas modificaciones, como por ejemplo la posibilidad de que el jefe de Gabinete amplíe las partidas para universidades, rutas, la Procuración General y recursos directos a las provincias.
“El presupuesto recoge 12 años de política fiscal consistente que no ha tenido sorpresas para el pueblo. No se generaron baches fiscales en las provincias, ni en la administración previsional, ni en el normal funcionamiento del Estado. El presupuesto recrea un Estado de Bienestar de protección social”, sostuvo Roberto Feletti, titular de la comisión de Presupuesto, al inicio del debate.
El radical Miguel Bazze fue el primer opositor en tomar la palabra. Reclamó que la sanción del Presupuesto sea con la conformación del nuevo gobierno. Incluso, Julio Martínez, otro radical, aclaró que ya existían antecedentes en los cuales la votación del presupuesto “se dejaba para luego de los recambios parlamentarios”. Citó por caso la situación de 2011, sin mencionar que ese año fue la culminación del Grupo A, período en que la oposición se negó a votar el presupuesto.
Feletti no se la dejó pasar. “En 2011 ustedes violentaron las instituciones. En 2010 no votaron el Presupuesto. Hubo tres momentos en la historia reciente en los que se tuvo que reconducir el Presupuesto. En 1989, tras la salida anticipada de Alfonsín, en 2001 tras la salida de la Alianza, y en 2011. El radicalismo tuvo mucho que ver”, sostuvo el legislador del FpV.
Por su parte, Martín Lousteau (Suma + Unen) cuestionó la “subestimación de recursos” de los presupuestos kirchneristas. “En los 90 se sobrestimaban los recursos. Luego, cuando no se llegaban a cubrir los gastos, se aplicaba un ajuste. Ahora hay más recursos porque hay más inflación”, afirmó el legislador, actualmente cercano a Cambiemos.
Luego, el ex candidato a jefe de Gobierno porteño le cuestionó al FpV que base su discurso en las contraposiciones con la época de la Alianza y los recortes presupuestarios encarados por el radicalismo. “Basta de hablar de déficit cero, eso pasó hace 15 años. Yo no estoy ni de un lado ni del otro. Eso ya pasó. Hablemos del futuro y no del pasado”, agregó, con una tonalidad cada vez más cercana a la de Mauricio Macri.
La iniciativa parlamentaria mantiene la lógica de los últimos once presupuestos: un incremento del gasto público de 15,8 por ciento orientado a los servicios sociales –vivienda, salud, educación, agua potable, y ciencia y tecnología– en detrimento de los servicios económicos, que es donde están comprendidos los subsidios a las empresas privadas. En este sentido, hay una reducción de las transferencias de capital al rubro energía de 10,0 por ciento aproximadamente.
Los servicios sociales representen el 64,0 por ciento de todo el Presupuesto 2016, cuando en el proyecto de 2015 este rubro equivalía al 58,7 por ciento de todos los recursos. Este dato contradice a analistas y dirigentes de la oposición que pretendieron instalar una idea de ajuste.
“Los que viven soñando con el ajuste del gasto deberían francamente decir qué se proponen ajustar llegado el momento, si tuvieran la posibilidad remota de tener que ejercer el gobierno”, afirmó Carlos Heller (Partido Solidario).
La oposición había querido instalar la idea del ajuste presupuestario. Especulaban con que el Gobierno le quitaría recursos al próximo presidente, para condicionarlo, al no prorrogarle por ejemplo el impuesto al cheque. Todo lo contrario. Este tributo representará en 2016 la suma de 120.182 millones de pesos. También se prorrogará la Emergencia Económica, que le otorga facultades al Poder Ejecutivo de renegociar contratos con las privatizadas y establecer tarifas.
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