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El Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara de Diputados convirtió en ley los nueve principios básicos elaborados en el seno de la ONU para guiar las reestructuraciones de deuda soberana. Fue por 128 votos afirmativos y la sola abstención de Antonio Riestra (Unidad Popular). Todos los bloques de la oposición optaron por realizar un escándalo mediático y se retiraron a los gritos del recinto por una discusión reglamentaria previa, sin convalidar una iniciativa que en el Senado había recibido la unanimidad de todos los bloques (ver página 7). El único orador fue Guillermo Ramón Carmona (FpV). Los puntos salientes del proyecto sostienen la buena fe, la sustentabilidad de los acuerdos, la transparencia, la imparcialidad de las partes, el respeto de la inmunidad soberana y el trato equitativo entre los acreedores. El último punto establece que, cuando el acuerdo sea aceptado por una mayoría calificada (como sucedió en el caso argentino, donde el 92,4 por ciento aceptó la propuesta del país), ese convenio no podrá verse afectado por una minoría no representativa.
En épocas del Grupo A (2010-2011), cuando la oposición quería frenar alguna iniciativa oficial recurría a un excesivo reglamentarismo que le permitía evadir las discusiones de fondo. Reglamentarismo que muchas veces era incumplido por la misma oposición. Ayer ocurrió algo similar. Los bloques de la UCR, PRO, socialismo, partidos provinciales y el Frente Renovador no quisieron convalidar la incorporación en el temario de la sesión especial la jura de dos nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), correspondientes a la primera minoría (FpV), y los legisladores se fueron a los gritos del recinto, lo que les evitó pronunciarse por temas centrales como la ratificación del acuerdo de la ONU o la declaración de interés público del Plan Geoestacionario.
Luego del revuelo inicial, y cuando ya había 129 legisladores sentados en sus bancas, lo que marcaba el quórum reglamentario, se procedió a votar. Eran las 16.23 y el debate se había iniciado a las cuatro en punto. Carmona destacó el aval recibido por 136 países integrantes de la ONU, y ponderó el paraguas legal que este proyecto les otorgará a los países que necesiten iniciar un proceso de reestructuración de deuda. “Los apoyos que recibió la Argentina en la disputa contra los fondos buitre no se restringen sólo a la votación que obtuvimos en ONU, sino también al apoyo de numerosos foros internacionales que acompañaron nuestra posición. En el Frente para la Victoria no cambiamos nuestro discurso, no decimos que hay que pagar lo impagable, lo ilegal o lo injusto. No tenemos fundaciones financiadas por los fondos buitre”, lanzó Carmona, con una clara alusión a Mauricio Macri, quien había sostenido que el Gobierno debía pagar el fallo de Griesa, y a Laura Alonso, ex integrante de la Fundación Voces Vitales, que recibió aportes de fondos buitre.
La diputada Alonso fue una de las más exaltadas a la hora de retirarse del recinto y una de las primeras en aparecer en los canales de televisión para criticar la sesión. Antes, tras las bambalinas del hemiciclo, la legisladora tomó asiento en un sillón para twittear algunas de las fotos que había sacado antes de irse de la sesión.
“Estos nueve principios se transformarán en principios de orden público. Esto es un paso decisivo en la soberanía, la dignidad, la independencia económica y la justicia social. Es la contribución argentina a escala internacional frente al despiadado ataque de los fondos buitre”, había explicado Axel Kicillof, ministro de Economía, cuando presentó el proyecto en la Cámara alta.
La declaración de orden público de los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de las Deudas Soberanas, impulsada por Argentina, fue aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 10 de septiembre pasado por el voto favorable de 136 países. Hubo 42 abstenciones y seis votos en contra: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Israel y Canadá. Desde que la iniciativa fuera presentada por la Argentina hasta la aprobación definitiva de la ONU transcurrió un año de deliberaciones técnicas y duras negociaciones diplomáticas. No resultó sencillo establecer los lineamientos que restringen el accionar carroñero del sistema financiero internacional y que a su vez legitiman el derecho de las naciones a reestructurar sus deudas soberanas. Fue fundamental el apoyo del G-77 + China. Incluso Bolivia ya le puso la firma a un proyecto de ley para ratificar los 9 puntos aprobados en el organismo multilateral. “Pasamos de tener relaciones carnales con Estados Unidos a tener relaciones maduras con todos los Estados del mundo. Pasamos del alineamiento automático con las grandes potencias al ejercicio de nuestras prerrogativas conquistadas”, agregó Carmona, antes de que se diera paso a la votación. La mención del legislador sobre el posicionamiento geopolítico del país no fue un dato menor, ya que la sesión de ayer ocurrió un día antes de cumplirse los diez años del No al ALCA.
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