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Mauricio Macri dio ayer sus primeras pinceladas de política exterior como presidente electo. Impulsará la firma de un tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea, buscará acercarse a la Alianza del Pacífico que componen Chile, Colombia, Perú y México y promoverá la suspensión de Venezuela del bloque regional. Los lineamientos económicos expuestos ayer por próximo mandatario argentino tienen dos ejes: la apertura irrestricta del intercambio comercial con una potencia industrial y el deseo de “convergencia” política hacia el grupo de países latinoamericanos que firmaron TLC con Estados Unidos.
Las declaraciones de Macri no fueron inocentes. Como advirtió su futuro jefe de Gabinete, Marcos Peña, “son días críticos para el acuerdo Mercosur-Unión Europea y nos meteremos a ayudar apenas podamos”. El viernes, la Comisión Europea se reúne en Bruselas para definir si el bloque realiza el intercambio de ofertas inicial con el Mercosur o desiste. Los cambios en materia de integración comercial no serán inmediatos. Incluso si un amputado Mercosur, sin Venezuela, y una UE atravesada por su crisis estructural aceleran las negociaciones y logran dejar de lado las diferencias, el acuerdo recién estaría listo para firmarse en 2017.
“La integración a la Alianza del Pacífico dependerá de la dinámica que le pongamos al Mercosur, que ha estado congelada durante muchos años. Tenemos que converger todos en un bloque más amplio para estar cada día un poco más cerca de una integración absoluta regional”, propuso Macri. La liberalización comercial de Argentina con los países de la Alianza del Pacífico es muy elevada. A excepción del caso mexicano, las posiciones comerciales sin aranceles con Chile, Perú y Colombia oscilan entre el 90 y 100 por ciento. Por eso, la propuesta del presidente electo se presenta como una definición política antes que una propuesta de política económica. Todos ellos firmaron acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y, salvo los colombianos, participan del Acuerdo Transpacífico.
El diálogo entre el Mercosur y la UE está empantanados hace tres años. La firma del tratado liberalizaría cerca del 90 por ciento del comercio interbloque mediante la disminución de las distintas barreras arancelarias existentes. Esa apertura se daría en un plazo de entre dos y diez años, dependiendo de los bienes. En términos comerciales, el tratado bajo discusión no difiere del ALCA rechazado en 2005, durante la cumbre de Mar del Plata. Los miembros del Mercosur reclaman acceso a los mercados agropecuarios y agroindustriales europeos, históricamente protegidos con altos aranceles, medidas paraarancelarias e importantes subsidios a la producción local. La UE busca facilitar el ingreso a los mercados sudamericanos de sus productos industriales, fundamentalmente automotrices. Las demandas europeas sobre los países de la región exceden los aspectos comerciales para incluir en el acuerdo beneficios en materia de servicios, compras gubernamentales, propiedad intelectual e inversiones.
Las negociaciones no fueron sencillas pero hace un año que los equipos técnicos de todos los países del Mercosur (hoy se reunirán en Asunción) aseguran estar en condiciones de presentar un listado de bienes donde están dispuestos a eliminar las medidas de protección. Existen sin embargo dos restricciones para avanzar en el camino que impulsará Macri. La reticencia de países como Francia e Irlanda para relajar su proteccionismo del sector agrícola y las dificultades al interior del bloque europeo para garantizar un trato “especial y diferenciado” que reconozca las diferencias de desarrollo económico con la región sudamericana.
Las pocas cartas que mostró la UE hasta el momento revelan su escaso interés en facilitar el acceso de alimentos y materias primas a sus países, el único atractivo económico del acuerdo para el país. En el gobierno argentino advierten que un TLC tradicional, como los que acostumbra a negociar la UE, no sólo perpetuaría sino que aumentaría la brecha de desarrollo existente entre ambas regiones.
Como estrategia defensiva, los países del Mercosur reclamaron la implementación de mecanismos que permitan neutralizar los efectos de los subsidios agrícolas a la producción en Europa, la suspensión de preferencias para productos que se beneficien de subsidios a la exportación y para aquellos casos en donde los países del Mercosur estén en condiciones de desarrollar industrias nacientes y la aplicación de medidas de defensa comercial como las salvaguardias, para aumentos imprevistos de las exportaciones europeas. Los impulsores de esas demandas fueron los negociadores argentinos mientras que el resto de la región son más permeables. Por eso, las declaraciones realizadas ayer por el próximo presidente fueron celebradas por los europeos.
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