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El 10 por ciento más pobre de la población perdió un cuarto de su capacidad de compra en los últimos cuatro meses. La cifra surge de una investigación de Conicet realizada por el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra-Umet). La devaluación, la quita de las retenciones para los productos agropecuarios, la flexibilización de cupos de exportación en bienes claves como la carne y la reducción de los subsidios al sector energético, entre otros fueron los principales elementos que, según el documento del Conicet, aceleraron el proceso inflacionario, generaron tensiones notables en la calidad de vida de los individuos de bajos recursos e incrementaron los beneficios de segmentos acomodados de la sociedad. El trabajo adelanta que la inflación interanual que en febrero se ubicó en 35 por ciento alcanzará en octubre el 55 por ciento.
“Desde fines de 2015, con las declaraciones preelectorales de los principales referentes económicos del actual Gobierno, hasta febrero de 2016 no sólo se ha registrado una de las tasas de inflación más elevadas desde 2002, sino que se ha transformado sensiblemente la dinámica de los precios relativos, en desmedro del poder adquisitivo de la población con menores recursos y con impacto sólo marginal sobre la capacidad de compra de empresarios y trabajadores de altos ingresos”, menciona la investigación Impacto Asimétrico de la Aceleración Inflacionaria en la Argentina a cargo del doctor en Economía Demian Panigo. El trabajo analiza cuál fue el efecto de la suba del precio de los alimentos, los alquileres y la tarifa de luz en el poder de compra de los sectores más pobres y más ricos de la población. Para hacer las estimaciones se utilizaron microsimulaciones de impacto, modelos econométricos y cálculos en base a la Matriz Insumo Producto de la economía.
La investigación detalla que en los hogares humildes se perdió más del doble de poder adquisitivo que en los hogares acomodados. El 10 por ciento más vulnerable de la sociedad registró una caída del 23,8 por ciento en su capacidad de compra, en donde las remarcaciones en productos de alimentos y bebidas explicaron una reducción para el bolsillo de 15 por ciento, en alquileres de 2,5 y en tarifa de luz un 6,3. El 10 por ciento de mayores recursos, en cambio, anotó una baja de poder adquisitivo de 11,1 por ciento, en la que alimentos implicó una disminución de 5,3 por ciento, alquiler 3,9 por ciento y tarifa de luz 1,7.
La investigación explica que los procesos inflacionarios afectan de manera asimétrica a distintos grupos poblacionales según la dinámica de precios relativos: “Las familias de mayores recursos poseen un patrón de consumo intensivo en servicios (personales, esparcimiento, turismo) y bienes durables. Por el contrario, en los hogares de menores ingresos las erogaciones se concentran en alimentos, transporte, alquileres y servicios públicos como la luz. Por tanto, cuando el motor inflacionario es de raíz cambiaria o tarifaria, los principales perjudicados estarán entre los más pobres de la sociedad”. En el documento se detalla que los alimentos anotaron un alza de precio de 39 por ciento entre febrero de 2016 y el mismo mes del año pasado, al tiempo que los alquileres subieron 63 por ciento y la energía eléctrica 405 por ciento. Estos tres rubros representan más del 50 por ciento de los gastos de los hogares de menores recursos de la población.
El trabajo del Conicet menciona que el “rebrote inflacionario” de los últimos cuatro meses se potenció por una serie de medidas aplicadas por la nueva administración económica, que marca un cambio en el paradigma macroeconómico en favor de sectores acomodados de la población. La devaluación del peso, con una suba de la paridad de 67 por ciento, la eliminación de derechos de exportación de diversos productos agropecuarios (excepto para la soja, que recibió una disminución en la alícuota de retención), la liberación de cupos de exportación para ciertos bienes claves de la canasta básica (como la carne bovina), la desarticulación de facto del programa de acuerdos de precios denominado Precios Cuidados y el incremento de tarifas de servicios públicos (inicialmente en energía eléctrica, aunque se anunció que seguirá en gas y transporte públicos) son algunos de los factores principales que se describen en el documento para explicar las tensiones de precios.
Las presiones inflacionarias para los próximos meses, según la investigación, no cederán y continuarán provocando distorsión en la calidad de vida de la población. Las cifras de incrementos de precios estimadas por el Conicet para 2016 más que duplican el objetivo de 25 por ciento planteado por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. “Las decisiones económicas tomadas desde el 10 de diciembre han generado una dinámica de precios minorista que implicarían una tasa de inflación interanual hacia octubre de 2016 cercana a 55 por ciento”, dice la investigación. Agrega que “no parecen existir elementos que apunten a desacelerar el fenómeno inflacionario, mientras que se observa un fuerte aumento del tipo de cambio entre enero y marzo (segunda ronda de devaluación), la eliminación de subsidios y suba de tarifas en energía eléctrica (factores que todavía no han sido captados por los índices de precios oficiales de ninguna provincia), el anuncio de nuevos incrementos en servicios regulados como transporte, telefonía celular y gas, y el comienzo de la puja distributiva entre salarios y beneficios que se acerca con la inminencia de las paritarias del sector privado”.
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