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La filtración de documentos que revelan las identidades de titulares de empresas constituidas en Panamá pone en evidencia el problema moral que supone que autoridades gubernamentales operen en paraísos fiscales. Para mostrar la gravedad del problema importa recordar que hoy en día nadie discute que operar en paraísos fiscales es “legal”, si por ello entendemos acciones que se ajustan a normas oficiales. Cuando el líder laborista inglés Jeremy Corbyn acusa al primer ministro David Cameron de haber falseado la confianza pública de los británicos no está sugiriendo que el mandatario actuó ilegalmente. No, el problema principal es que Cameron, además de no hacer pública su participación en compañías offshore, hizo lo que cualquier ciudadano que tributa impuestos no desearía: que sus gobernantes eludan sus cargas impositivas. En síntesis, volvemos a la clásica distinción según la cual aquello que es legal no es necesariamente bueno o deseable. Y esto mismo vale para Mauricio Macri, así como para cualquier participación gubernamental en paraísos fiscales.
El meollo de esta disociación radica en que los paraísos fiscales son centros financieros que, a cambio de una tarifa, ofrecen un producto muy preciado: su soberanía. Es decir, los paraísos fiscales son jurisdicciones soberanas –funcionan como países– cuya particularidad es que producen una legislación que no está dirigida a sus propios ciudadanos sino a residentes de otros países. Así, ciudadanos extranjeros pueden constituir empresas perfectamente “legales” protegidas por férreas leyes que ocultan la identidad de los titulares.
Los 56 paraísos fiscales que actualmente existen en el mundo –incluyendo Suiza, la City de Londres, Panamá, varios estados norteamericanos, Hong Kong y muchas islas diminutas– ofrecen a ejércitos de contadores, abogados, banqueros y financistas regulaciones especiales que permiten minimizar impuestos, ocultar la titularidad de empresas y, por esa vía, el origen de los capitales financieros. Incluso paraísos fiscales como Suiza aplican la ley penal en caso de violación del secreto bancario.
Las explicaciones ofrecidas por el presidente Mauricio Macri han hecho hincapié en la legalidad de sus actos: él es parte del directorio de empresas constituidas en países que ofrecen su legislación para tal fin. Sin embargo, las explicaciones ofrecidas, ciertamente elaboradas para conformar a un público que desconoce la gravedad del problema, eluden el hecho, ya bien conocido, de que las sociedades offshore constituidas en dichas jurisdicciones sirven, como mínimo, para eludir legalmente impuestos.
Hoy en día una innumerable cantidad de bancos y empresas operan en paraísos fiscales, desde Starbucks hasta Apple pasando por Uber y Airbnb. Sin embargo, y pese a que la operatoria de estas entidades promueve la desigualdad debido a que no tributan en los países que operan, su accionar no es equiparable al de un gobierno. En la medida que un gobierno tiene la obligación de proveer bienes y servicios públicos financiados mediante el tributo de sus ciudadanos, que el presidente de un país sea titular de empresas que eluden impuestos constituye un problema que, lejos de ser “legal”, lesiona directamente la confianza pública.
* Investigador del Max Planck Institute for the Study of Societies de Colonia, Alemania.
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