Página/12 :: Economía

Para entrar al tema hay que empezar por reconocer el derecho al reajuste de haberes que sucesivas sentencias judiciales otorgaron a un segmento de jubilados y la necesidad de que esas liquidaciones, que tardan entre 6 o 7 años en efectivizarse, se aceleren. Ahora bien, los anuncios de Mauricio Macri hay que desmenuzarlos para saber a dónde se quiere llegar y qué significan para el futuro del sistema previsional.

Se debe tener en cuenta que la cifra de 2,5 millones de jubilados que se dice que van a estar favorecidos parece en principio sobredimensionada. De los 6,6 millones de beneficios que se pagan actualmente, 3,4 millones han logrado el haber por la moratoria y quedan afuera del reajuste anunciado; 1,6 milones son pensiones, de las cuales más de dos tercios son directas y es muy probable que tampoco tengan reajuste; más de 500 mil ya han cobrado sus juicios; 60 mil tienen sentencia definitiva; 300 mil están en juicio. En definitiva, la cifra real de quienes quedan por reajustar difícilmente supere el millón, muy lejos de los 2,5 millones que pomposamente se anuncian.

Hay que subrayar que si hoy se puede otorgar esta reparación es porque existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que posee más de 50.000 millones de dólares. Esto es consecuencia de la estatización de las AFJP, que permite obtener una renta. Es parte de la “pesada herencia”, que al momento de los anuncios no se destaca.

Vale ahora analizar qué hay detrás de esta decisión:

No se prorroga la moratoria, y en su lugar se implementa la Pensión Universal por Vejez, que es el equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima. A diferencia de la moratoria, en este caso se impone que el beneficio será para todos, solo otorgable a partir de los 65 años. Esto significa que una mujer que no completa los 30 años de aportes deberá esperar a los 65 para acceder a una prestación. Es decir sube para ellas la edad jubilatoria.
Se dice que el blanqueo es el instrumento para financiar esta propuesta, así como en los 90 se uso de excusa el pago a jubilados para vender las empresas del Estado. La mayoría de las estimaciones sobre el blanqueo dicen que podrían recaudarse 30.000 millones de pesos como consecuencia de la tasa que le cobrarían a los blanqueadores. Esta cifra está lejísimos de alcanzar para cubrir la operatoria, que se ubicaría en no menos de 250.000 millones de pesos. Si bien los funcionarios aclaran que no van a vender las acciones que posee el FGS, todo hace suponer que parte de los recursos faltantes saldrán de este Fondo por la presión de las grandes corporaciones a liberarse del Estado como accionista.
Otro elemento a considerar es que si se usan las utilidades del FGS para financiar los gastos corrientes y de capital para financiar esta decisión, lo van a descapitalizar y, por lo tanto, su función de fondo contracíclico se termina.
También hay que prestar atención a la modificación propuesta en los índices para actualizar los haberes que sirven para calcular la jubilación inicial cambiando el ISBIC (Indice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Hoy el reajuste que en general otorgan los fallos judiciales es entre el 60 y el 80 por ciento del haber actual. Que el gobierno promocione el 45 por ciento da la sensación que pretende provocar una disminución de lo que les correspondería.
Por último no se entiende por qué los 60.000 beneficiarios que ya tienen sentencia firme van a cobrar en cuotas, cuando ya han recorrido el penoso camino de la justicia y la Anses.

* Ex diputado nacional MNA-Forja.

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