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A raíz de la denuncia formulada contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, por las compras de gas a Chile, el tarifazo y sus vínculos con la petrolera Shell, oficiales de la Policía Federal y personal del juzgado 9, a cargo de Luis Rodríguez, se presentaron el miércoles en el Ministerio de Energía, la empresa YPF y la Oficina Anticorrupción para requerir información que permita avanzar con la causa en la cual Aranguren fue imputado el viernes pasado. Fuentes judiciales dejaron trascender que en el operativo en Energía hubo “cierta resistencia” a entregar la documentación referida al caso. Desde el ministerio, negaron la versión y aseguraron que no fue un allanamiento porque colaboraron con la Justicia, aunque desde la Justicia se dejó en claro que tenían orden de allanar si no hubieran entregado los papeles.
Los enviados judiciales se presentaron por la mañana en la sede del ministerio, ubicado en Paseo Colón 181, y por la tarde fueron a la sede central de YPF, ubicada en Machaca Güemes 515, en pleno Puerto Madero. En Energía aseguraron que pusieron a disposición la información requerida sin dar mayores detalles, mientras que en YPF el pedido se le formuló a la unidad de trading de la compañía y estuvo orientado a obtener detalles sobre la licitación de ocho barcos con gasoil realizada por Cammesa en abril, de los cuales siete fueron adjudicados a la empresa Shell, donde hasta julio de 2015 Aranguren se desempeñó como gerente general y de la cual conserva acciones por 16 millones de pesos. La decisión de ir a YPF fue porque el proceso licitatorio lo realizó la petrolera argentina por cuenta y orden de Cammesa.
También se pidió información en la Oficina Anticorrupción donde el mes pasado diputados del Frente para la Victoria, Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, hicieron una presentación por la supuesta incompatibilidad de Aranguren por su doble rol de ministro y accionista de Shell, la cual no tuvo respuesta. Debido a la inacción de la OA, los legisladores denunciaron a Aranguren en la Justicia. En el escrito cuestionan la decisión del ministro de aumentar las tarifas de gas, incrementando el valor de lo pagado a los productores, entre los cuales está Shell. Además, remarcan que Aranguren cerró a través de la estatal Enarsa un contrato de compra de gas a Chile con un precio de de 6,90 dólares por millón de BTU, que resulta un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llega por barcos a un promedio de 4,50 dólares por millón de BTU y un 128 por ciento más elevado que los 3,02 dólares por millón de BTU abonado por las importaciones provenientes de Bolivia. El viernes pasado el fiscal federal Carlos Stornelli le requirió al juez Rodríguez abrir una investigación contra el ministro a partir de esos hechos.
El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, aprovechó ayer la novedad para castigar a Aranguren y al diputado del PRO, Luis Tonelli, quien en los últimos días impulsó un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales para allanar el domicilio y las oficinas del ex funcionario kirchnerista luego de que supuestamente De Vido hiciera valer sus fueros para evitar un procedimiento judicial. “¿Dirá algo Pablo Tonelli luego de la `reticencia´ del ministro Aranguren al allanamiento por irregular compra de gas a Chile y el tarifazo? ¿Pedirá Pablo Tonelli la renuncia del ministro Aranguren? Recuerdo el show que armó Pablo Tonelli con el famoso allanamiento a mi domicilio que nunca fue tal”, aseguró De Vido en Twitter.
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