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Este año el Estado nacional dejará de recaudar al menos 5151 millones de pesos por la exención del impuesto a las Ganancias de la que gozan los jueces y también empleados judiciales en varias provincias. Si bien no representa un monto significativo en términos de la recaudación anual, es más dinero del que exigió el plan Progresar el año pasado o el establecimiento del tope al aumento tarifario que definió el Gobierno recientemente. En los últimos tres años, la AFIP hubiera percibido ingresos adicionales por 12 mil millones de pesos si el Poder Judicial se rigiera bajo los mismos parámetros fiscales que los demás sectores de la vida económica nacional. Los datos surgen del informe de Gastos Tributarios que confeccionó el año pasado el Ministerio de Economía.
En un año en donde el Gobierno busca instalar la idea de la estrechez fiscal para justificar la quita masiva de subsidios, el tema de Ganancias resalta todavía más. Días atrás, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que “todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia están de acuerdo en que todos los miembros del Poder Judicial tributen el impuesto a las Ganancias”. Aunque advirtió que “el problema no es tanto a nivel de los jueces sino con los empleados del Poder Judicial”. “Lo que trabó el tema fue su complejidad, no la voluntad política. Y esa complejidad está dada por una cantidad de vínculos y adherencias que engloban a todo el país”, intentó justificar, como si la dificultad no tuviera solución.
Un informe del Centro de Economía Regional y Experimental (Cerx) publicado ayer señala que “la exención de ganancias a los jueces es poco común, y casi inédita, en el mundo. Y aunque todos coinciden de lo incomprensible de la legislación local, nadie la cambia”. “Más allá de la inequidad del beneficio frente a todos los asalariados y a los contribuyentes en general, donde la lógica jurídica genera que los jueces no tengan el mismo tratamiento impositivo que todo ciudadano, la inconsistencia queda de manifiesto en un momento donde el gobierno enfrenta serios problemas fiscales, y la presión tributaria ha subido para distintos sectores económicos”, agrega.
Según estimaciones del propio Ministerio de Economía, este año el fisco dejará de recaudar 5151 millones de pesos por la exención de Ganancias de la que goza el Poder Judicial. Esa cifra se estimó el año pasado, antes de la aceleración inflacionaria disparada por la devaluación, quita de retenciones y tarifazo. Por eso, el costo fiscal de la exención va a terminar siendo seguramente bastante mayor.
Se trata de un volumen de recursos que tiene una incidencia baja en la recaudación total, aunque no por ello es un monto menor. El informe compara el costo fiscal de Ganancias con los 4700 millones de pesos que en 2015 requirió el desarrollo del plan Progresar y con los 2250 millones de costo fiscal que exigió el reciente tope de 400 por ciento al aumento en las tarifas residenciales de gas. En 2015, el costo fiscal de la exención de los jueces en Ganancias fue de 4121 millones; en 2014, de 2747 millones; en 2013, de 1826 millones; en 2012, de 1363 millones; y en 2011, de 1029 millones de pesos.
El informe del Cerx advierte que “en la mayoría de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires la exención fiscal de Ganancias se extendió a buena parte de los empleados administrativos del poder judicial, que tampoco pagan el tributo y hacen que lo que realmente deja de recaudar el Estado sea bastante superior a los 5151 millones de pesos”.
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