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Tras un extenso debate, el Gobierno se disponía anoche a conseguir la media sanción de la Cámara de Diputados para el proyecto de ley ómnibus, que incluye la liquidación con quita de juicios de jubilados y actualización de haberes previsionales, un blanqueo de capitales y reformas tributarias y moratorias. Al cierre de esta edición la alianza Cambiemos hacía las cuentas y estimaba conseguir para la votación en general entre 150 y 170 votos a favor de las medidas. Con diferentes posicionamientos, disputas y negociaciones paralelas con gobernadores, el oficialismo contemplaba el alineamiento de dos de los bloques mayoritarios de la oposición, el Frente Renovador y Bloque Justicialista, espacios clave para la aprobación. A estos se sumaban los votos del Socialismo y del Progresismo y algunos diputados pertenecientes al Frente para la Victoria que dejaron entrever las fricciones que existen dentro del kirchnerismo.
La jugada del macrismo de alinear detrás de las demandas de jubilados un paquete de medidas que no tiene en muchos casos conexión directa ni necesaria con el objetivo previsional le rindió frutos. La votación en general estaba asegurada desde temprano pero había dudas sobre la suerte de algunos artículos, como el que declara la emergencia de la litigiosidad previsional.
El escándalo del ex secretario de Obras Públicas, José López, fue utilizado por varios diputados para criticar la pertinencia del blanqueo. El caso reavivó además el pedido de que se excluya a los familiares de funcionarios de los tres poderes del beneficio del blanqueo de capitales. “¿Qué pasa si la mujer de López decide blanquear?”, se preguntó el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde.
En el tratamiento en particular, cuyos artículos se trataron ya en la madrugada de hoy, todos los espacios de la oposición hicieron salvedades al paquete de leyes. Entre los puntos en los que hubo consenso para no acompañar se destacó la declaración de la emergencia previsional, un concepto que abre las puertas a que se tomen medidas discrecionales que podrían afectar el derecho de los jubilados. También hubo rechazos a la idea de que el blanqueo alcance para financiar el beneficio a los jubilados. La sustentabilidad de ese esquema sólo es posible si se reducen los niveles de informalidad de los trabajadores. Los diputados insistieron, también sin éxito, en la necesidad de sumar al proyecto un plus para los jubilados que cobran el haber mínimo.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el macrista Luciano Laspina, calificó el proyecto como “una decisión valiente por el desafío fiscal que implica en el presente y en el futuro”. De esta manera, el diputado reconoció lo endeble de la sustentabilidad del proyecto. El horizonte que ofrece la propuesta oficial es un aumento en las retribuciones a los jubilados de más altos ingresos por la política de reparación, que significaría unos 85 mil millones de pesos adicionales al año; el pago del 50 por ciento de la deuda por sentencias firmes de inmediato (para lo cual habilita la venta de una porción de las acciones del FGS) y el resto en cuotas trimestrales durante tres años. La Anses recibiría los recursos que se obtengan del blanqueo que, aun en la hipótesis más optimista, están lejos de hacer frente ni siquiera a los compromisos más inmediatos.
“Es una decisión de estricta justicia que pone a nuestro sistema previsional conforme a derecho”, subrayó el legislador santafesino. Laspina afirmó que el objetivo es construir sobre lo hecho. “No viene a dinamitar ninguno de los derechos ni de las mejoras que se han hecho a nuestro sistema previsional en los últimos años, que tiene una alta cobertura y ha conseguido con esfuerzo subir la jubilación mínima”, dijo el diputado.
El reconocimiento sobre la política previsional del kirchnerismo fue una constante en las exposiciones, así como también el respaldo a la intención de pagarle a los jubilados sus sentencias y los haberes actualizados. El foco de las críticas estuvo centrado en el blanqueo, el amontonamiento de leyes que hubiesen requerido un tratamiento diferenciado y la disponibilidad del Gobierno de malvender una parte de las acciones en cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Anses.
El diputado por el FpV Axel Kicillof consideró que las “intenciones son buenas”, pero detalló que la iniciativa no representa una mejora tal como la anuncia el Gobierno y además propone la privatización de las acciones de la Anses. “Así como está, esta ley es invotable para nosotros”, calificó. El ex ministro de Economía aclaró que la mejora de los haberes sólo alcanzará a una porción mínima de los jubilados, por lo que es necesario también discutir un ajuste del haber mínimo. Sobre el blanqueo reiteró su pedido de excluir a los familiares de funcionarios públicos.
El diputado Diego Bossio, del Bloque Justicialista, insistió en la “obligación de proteger todo lo que hemos construido”, incluyéndose en su rol de ex director ejecutivo de la Anses. “El 98 por ciento de los argentinos está jubilado y el 60 por ciento de los jubilados del norte argentino lo hizo a partir de una moratoria. Eso es distribución del ingreso, eso es dignidad”, dijo. Había anticipado que “cualquier ley que mejore la situación de los jubilados la vamos a apoyar”, pero subrayó que no quiere “un fondo de garantía destruido ni un déficit inmanejable”. Tal como sucedió en otras exposiciones, Bossio explicó que “la sustentabilidad del sistema de seguridad social se resuelve reduciendo los niveles de informalidad laboral”. Luego rechazó la declaración de emergencia previsional. “Hablan de la herencia. Si bien hay un pasivo con muchos jubilados, también es cierto que había un activo con 750 mil millones de pesos administrados de manera transparente”, expresó Bossio en referencia al FGS. Sobre la posibilidad de que el fondo se desprenda de acciones de empresas privadas, consideró que se trata de un “capricho”. “Yo no vendí una sola acción. Esto no es una mesa de dinero para especular”, recordó.
En representación del Frente Renovador, el diputado Marco Lavagna sostuvo que el proyecto “va en la línea correcta”. Al igual que Bossio, defendió los mínimos cambios incorporados que le aseguraron al oficialismo el apoyo de ambos bloques. “Esto es un primer paso. No creo que sea una solución mágica ni una reparación histórica, pero va en la línea correcta”, indicó Lavagna. Afirmó que “este proyecto no significará una demora en el cobro de las sentencias firmes”. También se sumó al reclamo de que se otorgue un plus para los jubilados que cobran el haber mínimo, algo que el oficialismo no aceptó incorporar al proyecto.
Carlos Heller, diputado del Partido Solidario, calificó la iniciativa de “chantaje real, más que una reparación histórica”. Señaló que el pago de las sentencias según lo establece el proyecto demandaría entre 12.500 y 18.000 millones, por lo que pagarles a los jubilados que tienen sentencia no requiere ninguna ley especial. También solicitó que los beneficios “sean extendidos a los titulares de rentas vitalicias” de las ex AFJP, al tiempo que rechazó “el criterio de la emergencia en materia de litigiosidad previsional”. El diputado del bloque Libres del Sur Federico Masso lamentó que “este proyecto de ley venga a la par de un blanqueo de capitales”. El oficialismo rechazó las críticas y defendió el carácter “reparador” de la iniciativa, que al cierre de esta edición estaba por obtener la media sanción.
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