Frente a las irregularidades en los servicios públicos bonaerenses, el ministro de Infraestructura advirtió que “no están conformes” con las prestaciones y que “al que no cumpla, se le caerá la concesión”.
Por Raúl Dellatorre
Eduardo Sícaro, ministro de Infraestructura, junto al gobernador Felipe Solá, la semana pasada.
El ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Eduardo Sícaro, dijo que en el gobierno provincial “no estamos conformes con la forma en que se están prestando algunos servicios públicos” y advirtió que se “verificarán los contratos y aquella empresa que no cumpla, se le caerá el convenio de prestación, tal como está previsto en los acuerdos”.
El gobierno provincial creó la semana pasada la empresa de gas bonaerense, la que operaría como subdistribuidora con la intención de hacer el tendido de la red hacia los barrios que Camuzzi Gas Pampeana no está atendiendo. “Nuestro objetivo no es tener empresas de energía o de agua; la prioridad es que el servicio sea prestado por privados pero, indudablemente, tenemos la obligación de brindar el servicio”, explicó ayer Sícaro.
En tanto, funcionarios de Camuzzi habían indicado la semana pasada, ante la consulta de Página/12, que el cuello de botella del sistema es el transporte, desde los yacimientos hasta las áreas residenciales, por falta de capacidad en los gasoductos troncales. “No sé cómo va a hacer una empresa pública provincial para obtener el gas, porque el caño por el que debe llegar es el mismo”, señaló entonces el vocero empresario. “Evidentemente no están pegando en la tecla correcta si enfocan el problema sobre la distribución”, agregó.
Sícaro, en cambio, señaló que Camuzzi no estaba haciendo uso de su facultad de participar con inversiones en la ampliación de la capacidad de transporte. “Si hay población que está demandando el gas y no está atendida, la empresa tiene un negocio por delante, pero está claro que hoy estas compañías se manejan con el corto plazo y con el menor riesgo posible”, indicó el funcionario. El ministro consideró “necesario aumentar el control del Estado para garantizar la prestación de los servicios y la capacidad de las empresas privatizadas para responder a un eventual aumento de la demanda”.
Pese a que la distribución de gas es una concesión nacional, la provincia de Buenos Aires entendió que su obligación es garantizar la prestación del servicio, que en varias zonas aledañas a centros densamente poblados –como en Magdalena, muy cerca de La Plata– no se está brindando. Desde el congelamiento de las tarifas, Camuzzi interrumpió toda tarea de extensión de la red, aunque aduce que el problema no es de tarifa sino de falta de disponibilidad de gas. Incluso, uno de sus voceros aseguró a este diario que para el próximo invierno no se han renovado los contratos de suministro no interrumpible a grandes industrias consumidoras porque ello podría perjudicar a sus clientes residenciales. “Si ampliáramos la red, sucedería lo mismo: escasearía el gas para los que están ya conectados. Lo que no se está teniendo en cuenta es que hubo una fuerte expansión de la demanda en los últimos dos años, como producto de que sigue siendo, por lejos, el combustible más barato”, responden.
El punto en cuestión es quién se hace cargo de las obras de ampliación de la capacidad de transporte. El gobierno provincial entiende que la distribuidora debería participar, en tanto es la beneficiaria a futuro del negocio si ello incrementa sus ventas. Y como no lo hace, asume el rol de distribución y promete, desde ese lugar, trabajar en el tendido con otras organizaciones de la comunidad.
Sícaro explicó que se están “modificando los marcos regulatorios para aumentar el control, y una de las cláusulas de los nuevos acuerdos que regulan la prestación del servicio nos permite llegar a la anulación del acuerdo de manera más rápida si las compañías no cumplen”. Y agregó que, “si como en el caso de Azurix (empresa norteamericana que distribuía agua potable y atendía las redes de cloacas en más de 60 distritos de la provincia) abandonan la concesión, corresponde al Estado estar preparado para suplirlas”.
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