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Pese a los fallos judiciales en contra del tarifazo, el gobierno todavía no les ordenó a las distribuidoras refacturar con el cuadro tarifario viejo. La intención oficial es esperar unos días antes de dar la orden a través de los entes reguladores, pues apuestan a que la Corte Suprema de Justicia intervenga antes. La apuesta oficial es que haya algún pronunciamiento el martes próximo. De hecho, ayer presentaron un recurso en queja ante el máximo tribunal para que el efecto devolutivo de la decisión de la Cámara –que implica la refacturación con los valores anteriores– pase a ser suspensivo, lo que permitirá a las empresas continuar facturando con los nuevos precios hasta que haya un fallo firme en la Justicia. El titular de la distribuidora eléctrica Edenor, Ricardo Torres, reconoció ayer que no le fue comunicado ningún cambio, e insistió con que si no se habilita la nueva facturación corre riesgo la viabilidad del servicio eléctrico.
La Cámara Federal de La Plata resolvió esta semana que las subas del gas seguirán anuladas hasta que la Corte Suprema resuelva sobre el tema, con lo cual el paso lógico sería que los organismos oficiales correspondientes ordenaran a las distribuidoras la refacturación con el cuadro tarifario anterior. Por su parte, la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, ordenó suspender en todo el país el tarifazo eléctrico “hasta que se realice la correspondiente audiencia pública”. Al respecto, la vicepresidenta Gabriela Michetti, no descartó la posibilidad de adelantar audiencias públicas en materia de tarifas. “Barajamos todas las posibilidades. Están abiertas sobre la mesa y no las descarto. Lo que queremos es avanzar de la mejor manera posible”, sostuvo. Hasta el momento, la posición oficial era que las audiencias públicas sólo serían para discutir la revisión integral del año próximo, ya que argumentan que las audiencias necesarias para los aumentos aplicados a comienzos de año se hicieron a mediados de la década pasada.
Por lo pronto las empresas no recibieron órdenes del ente regulador para acatar los fallos. Fuentes oficiales señalaron a este diario que se aguardará para eso hasta la semana próxima, con la expectativa de que la Corte convalide el aumento con tope de hasta 400 por ciento para residenciales. Dado que no hay seguridad de ello, además el gobierno pidió al tribunal que se disponga el carácter suspensivo del fallo para que las distribuidoras puedan continuar con el cuadro tarifario nuevo. “Por supuesto, los fallos se respetan, pero también hay procesos en la Justicia. Nosotros estamos haciendo un camino absolutamente institucional, que incluye la apelación ante la Corte Suprema”, dijo Michetti.
En declaraciones radiales, el titular de Edenor sostuvo que la situación es un gran desorden por una serie de sentencias que avanzar y retroceder en el tema de facturación. “Por estas sentencias, 600.000 usuarios perdieron la tarifa social, mientras que grandes automotrices, bancos o shopping centers continúan sin los aumentos”, se quejó Torres en referencia a que los fallos judiciales no discriminan por tipo de usuario. El empresario afirmó que, si queda firme la devolución de lo cobrado en los últimos cuatro meses, la distribuidora no tendría ingresos operativos entre uno y dos años y, si se contabilizan las devoluciones, “el patrimonio pasaría a ser negativo”.
“Un ejemplo: quien pagó los cuatro meses de 150 pesos y ahora debe cobrársele 30 pesos, tiene casi 600 pesos a favor, es decir 20 meses”, afirmó el directivo de Edenor. El día anterior, tanto Edenor como Edesur presentaron ante la Bolsa una carta en la que advirtieron sobre la posible disolución de las empresas si no se autorizan los aumentos en las tarifas. “No es viable”, sostuvo Torres. El presidente de Edenor explicó que el 30 por ciento de los clientes de la distribuidora correspondientes a Matanza, Pilar y Escobar tienen una medida similar ya están recibiendo las facturas “midiendo el consumo con la tarifa vieja y el saldo a favor”. “Cuando el ENRE o la Secretaría de Energía nos traslade la orden judicial, deberemos refacturar al resto de los usuarios”, sostuvo Torres. El gobierno apuesta a no tener que dar esa orden y que la Corte se pronuncie antes.
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