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Finalizó ayer por la mañana la audiencia pública del gas y a partir de ahora el gobierno tiene vía libre para avanzar con el tarifazo. Durante los próximos diez días, el Enargas debe elevar un informe que contenga una descripción de todas las intervenciones que se realizaron en la Usina del Arte en los últimos tres días. Luego el gobierno dispondrá de otros treinta días para fundamentar en una resolución final de qué manera ha tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía o, dado que la audiencia no es vinculante, los motivos por los cuales rechazó las sugerencias. “El resultado final del cuadro tarifario lo van a conocer dentro de dos o tres semanas”, aseguró ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en diálogo con la prensa durante el cierre del evento. El funcionario reiteró que en esta primera etapa el aumento promedio será de 203 por ciento sin impuestos, calculado sobre un mismo nivel de consumo, aunque todavía resta definir que tarifario se les aplicará a los usuarios de las localidades que no afrontaron la suba de 2014 porque se vieron beneficiados con amparos judiciales que todavía están firmes. Si en esos casos no se contempla una mayor gradualidad, deberán afrontar un aumento porcentual sustancialmente más alto. Aranguren también dejó abierta la posibilidad de que se puedan revisar algunas situaciones particulares de comercios e industrias, para las cuales hasta ahora sigue firme el incremento implementado en abril con un techo de 500 por ciento.
El sábado a la medianoche terminaron de exponer en la audiencia pública todos los asistentes incluidos en el listado oficial, pero como ese día hubo muchos ausentes se informó que todos aquellos inscriptos que no habían participado tendrían una nueva oportunidad ayer a partir de las 9 de la mañana. Finalmente se presentaron otras trece personas (ver página 4) y a las 10:45 se dio por terminado el encuentro. El ministro Aranguren confirmó luego la decisión de avanzar durante el mes de octubre con el aumento que expuso el viernes al inicio de la audiencia.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner implementó en 2013 el Plan Gas que implicó una suba del precio que recibían las petroleras específicamente para la producción que estuviera por encima de la curva de declinación proyectada. Desde entonces, a las empresas se les calcula un precio para la producción que está por debajo de esa curva de declinación (producción base) y otro precio para la producción que está por encima (incremental). Según el Ministerio de Energía, por el primero reciben 2,49 dólares por millón de BTU y por el segundo 7,33 dólares. Sin embargo, el precio promedio que reciben las compañías año tras año es mayor porque la diferencia entre lo efectivamente producido y lo que indica la curva de declinación teórica se amplía. Por ejemplo, el año pasado el precio promedio que percibieron fue de 4,25 dólares luego de ponderar un 45 por ciento de producción base y un 26 por ciento de producción incremental, pero como este año la producción considerada base se estima que será el 40 por ciento y la incremental del 34 por ciento el precio promedio que percibirán estará en torno a los 4,72 dólares y si todo sigue igual el año próximo recibirían 5,15 dólares. Ese esquema fue implementado por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y continúa vigente.
El cambio central que propone el gobierno está relacionado con quien paga ese dinero que las petroleras cobran. Según informó el Ministerio de Energía, hasta ahora los usuarios venían pagando 1,29 dólares de los 4,72 dólares que perciben las petroleras por millón de BTU y el resto lo subsidia el Estado, pero con el nuevo cuadro tarifario lo que pone el usuario será equivalente a 3,42 dólares. Por lo tanto, el subsidio se reducirá ya que lo que pase a poner el usuario lo dejará de poner el Estado.
El Estado además cubre la diferencia entre el costo de importación y lo que pagan los usuarios por el gas importado que consumen, que en la actualidad representa el 26 por ciento del total de la demanda nacional. El precio de la energía importada es en promedio mayor a esos 4,72 dólares que percibe el productor local. Por ese motivo, Aranguren planteó que los precios para los productores locales seguirán subiendo cada seis meses hasta llegar a 6,78 dólares por millón de BTU en octubre de 2019. De ese modo, busca generar los incentivos suficientes para que la producción local reemplace a la importación. Ese horizonte de precios creciente es el punto clave que seduce a las petroleras porque el Plan Gas concluye en diciembre de 2017, pero la nueva propuesta muestra que los usuarios irán pagando un precio creciente al menos hasta octubre de 2019.
Página/12 le preguntó ayer al ministro si esos precios crecientes de referencia del gas en boca de pozo que debe afrontar el usuario se mantendrían inalterados en caso de que se registre una suba fuerte del precio del dólar en el mercado oficial de cambios. “La aplicación en el cuadro tarifario va a depender de una decisión política en ese momento en función de cómo veamos que está la situación”, aseguró Aranguren.
Aranguren ratificó que la propuesta presentada en la audiencia implicará un aumento promedio en las facturas de los hogares de 203 por ciento sin impuestos. En el caso de las categorías R1, R2-1, R2-2 y R2-3, que engloban al 56 por ciento de los usuarios, el aumento promedio sería de 237 por ciento con una factura media por usuario mensual de 107 pesos. Para los usuarios R3-1, R3-2 y R3-3, que concentran al 31 por ciento de los usuarios, el aumento será de 176 por ciento con una factura media mensual de 371 pesos, mientras que los usuarios R3-4, que representan al 13 por ciento restante, ahora pagarán un aumento de 122 por ciento promedio con una factura media de 953 pesos, en todos los casos sin impuestos. Por lo tanto, se supone que la suba efectiva será entre 20 y 25 por ciento superior a esos valores.
Los aumentos mencionados están calculados sobre las tarifas plenas vigentes desde 2014, pero hay un porcentaje de usuarios que venían pagando sustancialmente menos por vivir en la Patagonia o estar beneficiados por medidas de amparo, como en Mendoza, San Luis y algunas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. En esos casos, las subas porcentuales que llegaron este año fueron superiores al 1000 por ciento. Para evitar una situación similar, la Patagonia tendrá ahora un esquema más gradual de suba del precio del gas en boca de pozo que recién llegará al valor de mercado en 2022, mientras que la situación de los beneficiados con amparos todavía no está resuelta.
Como el fallo de la Corte Suprema no contempló la situación de pymes y comercios, hasta el momento no hubo cambios respecto del tarifario que se les aplicó en abril, complementado luego por un tope de 500 por ciento de aumento. No obstante, Aranguren reconoció ayer que evalúan introducir algunas modificaciones. “Reconocemos que hay casos en los que tenemos que reformular las decisiones que hemos tomado y esto lo vamos a analizar en base a las presentaciones que han hecho tanto CAME, como algunos representantes de las pymes y del Gas Natural Comprimido”, aseguró. Consultado sobre la situación de los clubes de barrio, que también piden una tarifa diferencial, el ministro recordó que “faltan reglamentar dos leyes que fueron promulgadas a fines del año pasado”, la Ley de Entidades de Bien Público y la de Clubes de Barrio. “Como parte de haberlos escuchado en estas audiencias, vamos a estar reglamentando ambas leyes”, prometió.
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