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Según explicó ayer el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja, la resolución que dispuso la no aplicación de los aumentos de la tarifa del gas para pymes industriales y comerciales, y otras entidades o asociaciones afines, “aún no está firme”, ya que aún está corriendo el plazo en el que el Ejecutivo nacional puede apelar la medida. Se espera que esta presentación tenga lugar en el día de hoy, antes que venza el plazo, pero el representante legal de la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), la entidad que hizo el pedido de la medida cautelar, anticipó su criterio contrario a que la apelación deje sin efecto la medida. “Si se presenta, vamos a pedir al juez que la aceptación de esa apelación tenga carácter devolutivo, es decir que no suspenda el efecto de la resolución anterior del magistrado, dado el gravísimo perjuicio que tiene para la actividad económica”, adelantó el abogado Miguel Rodríguez Villafañe en diálogo con Página/12. La controversia se verá expresada y deberá resolverse en los próximos días, mientras que al margen de la misma, sigue su trámite el tratamiento del tema de fondo: el pedido de nulidad del tarifazo para todas las unidades económicas pequeñas y medianas del país que pidió Apyme, que el juez Vaca Narvaja estimó que estará en condiciones de resolver en un plazo de veinte días.
La resolución de conflictos como el presentado ante la Justicia de Córdoba por el tarifazo gasífero debe pasar, necesariamente, por varias etapas antes de tener ejecución efectiva. De todos modos, se sospecha que los aumentos van a quedar temporariamente suspendidos en diferentes tramos del proceso, que deberá ser resuelto en definitiva por la Corte Suprema, al igual que sucedió con el aumento de la tarifa de gas a usuarios residenciales, cuya nulidad fue pedida por la organización Cepis y convalidada por la Cámara de Apelaciones de La Plata. La medida cautelar dictada por el juez Vaca Narvaja el último lunes dispuso la no aplicación de los aumentos del gas a las pymes y le ordenó al Enargas y a las empresas distribuidoras que refacturen los consumos efectuados desde el 1º de abril hasta el 27 de septiembre inclusive, con el cuadro tarifario vigente a marzo de este año. Además, dispuso mantener invariable esos valores hasta el 27 de diciembre próximo.
Esta resolución será apelada hoy por el Ejecutivo nacional, dentro del margen de 48 horas que tiene para hacerlo. Ayer, en declaraciones a Radio La Red, el magistrado explicó respecto de su resolución que “los efectos inmediatos, a hoy, es que si el Gobierno apela, esta medida no se aplica, hasta tanto resuelva la Cámara Federal de Córdoba. No es que a partir de esta resolución no se paga la tarifa del gas, sino que hay que esperar a ver si queda firme o no”.
Sin embargo, Apyme anticipa que abrirá otra instancia de pelea con respecto a la aplicación efectiva de la suspensión de los aumentos. “Si el Ejecutivo apela, nosotros debemos ser notificados de inmediato, y cuando me den traslado de la apelación vamos a hacer una presentación al juez reclamando que resuelva que la apelación tenga carácter devolutivo pero no suspensivo”, señaló Rodríguez Villafañe. “Si el carácter es suspensivo –explicó– paraliza el efecto de la medida del juez que dispuso la no aplicación de los aumentos. Si es devolutivo, significa que mientras se eleva a Cámara la apelación y hasta que ésta resuelva, sigue vigente la no aplicación del aumento. Vamos a pedir que se siga este criterio, dadas las gravísimas consecuencias que tiene para la actividad económica de las pymes el tarifazo”.
Con o sin medida cautelar, la resolución de fondo a la presentación del pedido de nulidad de los aumentos sigue su curso en manos del mismo magistrado. Cumpliendo todos los pasos formales, Vaca Narvaja le “corrió traslado” a Apyme de la impugnación que el Poder Ejecutivo presentó contra su representación del sector. En el día de hoy la entidad empresaria responderá por escrito el cuestionamiento, defendiendo la legitimidad de la acción colectiva en representación de empresas individuales con un perjuicio común.
No será ese el único escrito que Apyme hará llegar a los tribunales de Córdoba. También elaboró una abultada carpeta, de más de 70 páginas, con elementos de ampliación de prueba de la demanda. Vale recordar que Apyme no sólo cuestionó la legitimidad y legalidad del aumento de tarifas, sino además denunció el conflicto de intereses que supone la intervención del ministro Aranguren en el tema, ex CEO de Shell en Argentina hasta mediados de 2015 y accionista de Royal Dutch Shell hasta hace quince días. En función de ello, pidió la nulidad de todas sus actuaciones.
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