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El Gobierno anunció ayer al sector agropecuario que no reducirá el año que viene 5 puntos adicionales las retenciones a la soja sino que las mantendrá en la línea del 30 por ciento y que entre 2018 y 2019 implementará una baja paulatina de 0,5 punto porcentual por mes, completando una quita total de 17 puntos a lo largo de toda la gestión. Es decir que las retenciones sobre el principal cultivo del país y primer generador de divisas bajarán del 35 por ciento de diciembre de 2015 al 18 por ciento en 2019, en lugar de llegar al 15 por ciento como había prometido Cambiemos en la campaña. Durante el verano, la quita de retenciones junto a la devaluación produjo una transferencia regresiva de ingresos.
Apenas asumió el Ejecutivo Nacional, el presidente Mauricio Macri eliminó los derechos de exportación a la venta de trigo, maíz, girasol, carne, productos de economía regional y redujo del 35 al 30 por ciento en tributo sobre la soja. Los sojeros recibieron una promesa: las retenciones bajarían 5 puntos adicionales los años subsiguientes para llegar al 0 por ciento de arancel en 2022. La gestión macrista comenzó de manera original: combinó devaluación y baja de retenciones, dos políticas tradicionalmente antagónicas en la economía nacional. Hasta los gobiernos conservadores utilizaron el mecanismo de retenciones como forma de contrarrestar los efectos inflacionarios de la devaluación. El resultado de la política económica del macrismo quedó a la vista, con una disparada inflacionaria que afectó al salario y al empleo.
De cara a una nueva reducción de las retenciones a la soja del 30 al 25 por ciento que estaba prevista para que se aplique el año próximo, el Gobierno no convalidó sus promesas ni las expectativas de las entidades del agro y en cambio propuso mantener la retenciones en el 30 por ciento a lo largo de 2017 y entre enero de 2018 y diciembre de 2019 desplegar una merma mensual de 0,5 punto porcentual. Macri realizó ayer el anuncio en un acto realizado en la Residencia de Olivos frente a la dirigencia del agro, ladeado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.
Dos factores incidieron en el anuncio. Por un lado, el deterioro fiscal producido por la recesión económica. El mes pasado la recaudación creció un 30 por ciento, bien por debajo de la inflación del período, lo que supone una reducción en términos reales de los recursos presupuestarios. Según estimaciones de la Bolsa de Rosario, el 5 por ciento de retenciones del 30 al 25 por ciento equivalen a 1000 millones de dólares. La quita y rebaja de retenciones de diciembre tuvo un costo fiscal de 42 mil millones de pesos. Además, el oficialismo considera que en un contexto de fuerte caída de la actividad industrial, baja del salario real, suspensiones en sectores manufactureros y despidos, la nueva rebaja de retenciones se convertiría en un revés político.
La dirigencia del agro advirtió días atrás que la suspensión de la rebaja de retenciones perjudicaría a los productores de las regiones más alejadas de la zona núcleo y de los puertos. Para anticiparse a esas críticas, Macri aclaró que los productores agrarios de las diez provincias contempladas en el Plan Belgrano, en el norte argentino, serán beneficiadas a partir de la próxima campaña 2016/17 con un reembolso de 5 puntos sobre las retenciones a la soja. “La retención es un impuesto distorsivo. El primer gran motor del país es el campo argentino. El primer sector que nos garantiza que su desarrollo ofrece oportunidades a los argentinos”, los endulzó Macri.
En tiempos de disputa por la continuidad del tarifazo a los servicios públicos, el Gobierno dejó entrever el efecto regresivo de la quita de retenciones, al advertir que el freno al aumento tarifario (y en consiguiente a la quita de subsidios) impediría bajar impuestos al agro. Es decir que los usuarios de los servicios públicos financian la política de retenciones para los productos agropecuarios.
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