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El juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja aceptó y remitió ayer a la Cámara Federal de la provincia el recurso de apelación presentado por el Gobierno nacional ante el amparo dictado contra el incremento del servicio de gas natural para las pequeñas y medianas empresas, y lo hizo con “efecto suspensivo” de la medida, por lo cual se mantienen los incrementos vigentes desde el 1 de abril con tope del 500 por ciento.
Tal como lo había solicitado el Gobierno nacional en su presentación de mediados de la semana pasada a través de la Procuración del Tesoro, Vaca Narvaja aceptó el pedido de “efecto suspensivo” de la apelación, por lo cual siguen vigentes los cuadros tarifarios para los usuarios comerciales aplicados el 1 de abril. También sigue firme el tope del 500 por ciento dispuesto por el Ministerio de Energía mediante la Resolución 129, con la que el Gobierno intentó morigerar el impacto en las pequeñas y medianas empresas, así como otros sectores de servicios y entidades de bien público. El propio juez ya había anticipado el miércoles pasado que la apelación del gobierno tendría efectos suspensivos sobre su fallo. “Si el Gobierno apela, esta medida no se aplica, hasta tanto resuelva la Cámara Federal de Córdoba. No es que a partir de esta resolución no se paga la tarifa del gas, sino que hay que esperar a ver si queda firme o no”, aseguró.
Mientras la causa sigue el curso judicial, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dará a conocer en los próximos días el nuevo cuadro tarifario que aplicará el Gobierno tras la audiencia pública realizada entre el 16 y el 18 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Tras haber escuchado durante las tres jornadas de exposiciones de los distintos sectores vinculados al tema, el ministro había anticipado que a la propuesta tarifaria para el sector residencial se podría sumar un nuevo cuadro tarifario usuarios comerciales, el cual, según trascendidos, podría arrojar un aumento promedio cercano al 250 por ciento, aunque, a diferencia de lo ocurrido en el caso de los usuarios residenciales, si no hay un fallo judicial de fondo que anule el tarifazo vigente desde abril, a las pymes les regirá la suba de hasta un 500 por ciento hasta el momento en que entre en vigencia el nuevo tarifario. La novedad se conocería entre fines de esta semana y comienzos de la próxima.
El pedido de amparo presentado por Apyme, al igual que lo hicieron otras entidades que nuclean a pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios, se produjo luego del fallo del 18 de agosto de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de los incrementos tarifarios para los usuarios residenciales.
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