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Producción: Javier Lewkowicz
Por Alex Kodric *
El ejercicio de elaboración del presupuesto por parte del Estado es cualitativamente diferente al que realiza cualquier empresa privada. La principal diferencia radica en que el presupuesto de un Estado expresa necesariamente una intencionalidad política que, articulada con un programa económico, se manifiesta en diversas medidas que tienen como resultado sectores socio-económicos favorecidos y desfavorecidos. Si lo anterior es verdadero, resulta un ejercicio interesante intentar desentrañar cuáles son los lineamientos de política económica que expresa esta primera Ley de Presupuesto de la gestión Cambiemos.
Si de sectores ganadores y perdedores se trata, es evidente que se privilegia a los sectores que históricamente tuvieron y tienen ventajas comparativas en la economía argentina: mientras se expresa una intencionalidad de desarrollo y promoción del sector agroindustrial, no se menciona ninguna política específica dirigida a la promoción del sector industrial.
Esta presunción de retorno a un modelo de reprimarización de la estructura económica, se confirma al analizar los presupuestos macroeconómicos sobre los que se estructura el Presupuesto. Luego de una caída prevista de la economía del orden del 1,5 por ciento para 2016, se predice un crecimiento de 3,5 por ciento para 2017. Los motores de dicho crecimiento se sedimentan en un incremento de la inversión y “la eliminación de las distorsiones que afectaban la eficiente asignación de recursos productivos que redundan en una mejora de la capacidad productiva de la economía” (Ley de Presupuesto, 2017). En otros términos, se espera que la famosa “lluvia de inversiones” derivada de una mayor liberalización de la economía traccione el crecimiento.
Otro rasgo saliente es la explicitación de una dinámica deficitaria en la balanza comercial hasta 2019. En este sentido, la gestión Cambiemos prevé que durante todo su gobierno las importaciones serán mayores a las exportaciones. Es más, conforme a dichas previsiones, para 2019 el déficit comercial se incrementará aproximadamente 5 veces respecto al de 2016. Hasta ahora pocas novedades respecto a la dinámica de apertura, endeudamiento, liberalización y reprimarización de la economía característica de los programas económicos de la última dictadura militar y la década del 90. Veamos que ocurre con la dinámica del accionar del Estado.
Tanto para el cierre del ejercicio del corriente año, como para 2017 se prevén resultados deficitarios de orden primario y financiero. La característica saliente de este fenómeno es el incremento de la brecha entre ambos resultados, lo cual confirma la dinámica de un modelo económico basado en el endeudamiento del Estado.
Por el lado de la recaudación tributaria, resulta saliente la profundización de una estructura regresiva asentada en el incremento de la participación del IVA y la reducción de la alícuota del impuesto a los bienes personales. Mientras que, por el lado del gasto, se observa la priorización del rubro de intereses de la deuda por sobre el de servicios sociales (con un crecimiento del 32 por ciento del primero, contra 29 por ciento del segundo). A su vez, se observa una reducción en el rubro de subsidios a los servicios públicos, lo cual debe leerse como un aumento de tarifas.
Un comentario aparte merecen tanto la promulgada Ley de Reparación Histórica como la política de remuneraciones y ocupación de los empleados estatales. Respecto al sistema de previsión social, en un documento reciente del Centro de la Cooperación se muestra claramente como dicha medida implica un beneficio para el sector de jubilados de más altos ingresos e incrementa la insustentabilidad interna del sistema. Respecto a las políticas del mercado de trabajo del sector público, la Ley supedita el crecimiento del salario y la ocupación a la sustentabilidad fiscal general y diversos criterios de eficiencia derivados de la implementación del plan de Modernización del Estado.
En conclusión, en tanto programa económico, la reciente Ley de Presupuesto de la gestión Cambiemos, muestra un claro retorno a las dinámicas observadas durante la década del 90, dentro de las cuales la Reforma integral del Estado representó uno de los elementos principales para la implementación del programa económico neoliberal.
* Economista, investigador del Centro Cultural de la Cooperación.
Por Ariel Geandet *
Realizar política económica doméstica sin mirar lo que pasa en el mundo es inaceptable. Es la Ley de Presupuesto el principal instrumento de previsión de política económica doméstica con la que cuentan países como Argentina y el presupuesto muestra un perfil de aumento de deuda, principalmente en moneda extranjera, que ya nos aleja del concepto de país desendeudado.
Hace pocos días el FMI, a través de su informe “Monitor Fiscal”, explicó que el mundo se encuentra en una etapa de hiperendeudamiento (225 por ciento del PBI mundial) que pone en peligro el crecimiento esperado para los próximos años. No lo dice anticipando una crisis, lo dice en medio de una prolongada crisis financiera. Además aconseja, llamativamente, usar la política fiscal para reactivar la dinámica de crecimiento y para ayudar a desendeudar a los estados subnacionales, a las familias y a las empresas (son la mitad del total de dicha deuda). Inclusive llega a recomendar utilizar restricciones sobre los flujos de capitales y no facilitar que el sector privado tome deuda de forma descontrolada.
Cualquier semejanza con la realidad local no es pura coincidencia. Si bien venimos de niveles de endeudamiento bajos, el presupuesto presentado transita por el camino contrario al recomendado. El actual gobierno quiere exportarle a un mundo con crisis de consumo, con lo cual lo único dinámico es la exportación primaria; pretende que nos lluevan inversiones extranjeras en un mundo que no invierte, con lo cual sólo quedan las inversiones en sectores extractivos como materias primas y energéticas; y propone una alianza con el Tratado Transpacífico cuando ni Hillary Clinton lo defendió en los debates presidenciales ante los ataques de Donald Trump, una señal más de que los países centrales comienzan a discutir cómo cerrar sus fronteras comerciales.
Al mundo se le recomienda que se desendeude y que tome medidas activas para reactivar su consumo y crecimiento con política fiscal. En camino contrario, las cuentas públicas muestran en 2016 un mayor déficit que en 2015, sostenido hacia 2017 (alrededor de 5 por ciento del PIB): cerca de 162 mil millones en los primeros 8 meses de 2016; que no es producto de una expansión en el gasto sino de ingresos que se dejaron de percibir, como por ejemplo retenciones a la soja y a las mineras. También se recauda menos porque la actividad económica cae; y no ayuda a la reactivación que se mantenga el impuesto a las ganancias sobre salarios y se reduzcan los beneficiarios del programa REPRO, entre otros. En el presupuesto 2017 se sigue utilizando financiación del BCRA y de la ANSES; hasta agosto de 2016 fueron de cerca de 22 mil millones de pesos netos en concepto de rentas.
Tomando el ejecutado en 2016 y el presupuesto de 2017, la deuda total se incrementará en forma neta en 50 mil millones de dólares, pasando de 49,6 por ciento del PBI (según nueva medición con dólar promedio a 11,4 pesos) a un 56 por ciento del PBI. Sin embargo, cuando se analizan las colocaciones brutas, casi el 75 por ciento de la nueva deuda se toma en moneda extranjera, volviendo a cambiar la composición de la deuda total y exponiendo a nuestro país a shocks financieros y de recesión económica internacionales, como advierte el propio FMI.
De profundizarse esta tendencia el pago de intereses de la deuda se incrementará en 0,5 por ciento del PBI y ganará 3 por ciento de participación respecto a los ingresos corrientes en 2017. Esto no tiene en cuenta completamente la deuda de los estados provinciales, municipales, ni del sector privado, todos muy incentivados a endeudarse.
En definitiva, está claro que algún grado de mayor apertura financiera y nivel de endeudamiento necesitaba la economía Argentina. El problema es que los altos niveles de nueva deuda no fueron a parar a infraestructura ni a sostener la actividad económica sino que fueron a financiar las transferencias de recursos que implicó dejar de cobrar impuestos a sectores concentrados y a financiar el arreglo con los buitres.
Las transferencias corrientes a las provincias aumentaron, hasta agosto de 2016, un 108 por ciento con respecto al año anterior pero las transferencias de capital cayeron: si las consideramos conjuntamente, las transferencias a provincias aumentaron solo un 12,4 por ciento nominalmente, con una caída en términos reales de más del 30 por ciento. Tanto el sector público como hogares y empresas, luego de la devaluación del 56,3 por ciento y de una inflación anual cercana al 43 por ciento, se concentraron en cubrir principalmente gastos corrientes. En resumen, nos estamos endeudando y descapitalizándonos, lo que no solo es desaconsejable sino que es muy peligroso para el crecimiento de largo plazo y los incentivos a la inversión. Si a esto le sumamos que el Estado se retira de sectores claves que, ante este escenario local e internacional, necesitan de acompañamiento (por ejemplo las PyMEs), entonces, no sólo peligra el crecimiento de largo plazo sino también el empleo en el corto plazo.
* Economista, Mesa Economía Movimiento Evita y Docente UBA.
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