Existen varias razones para explicar el derrumbe de la economía argentina, pero una es de raíz estructural que, en general, no es considerada en toda su dimensión. La reforma previsional de 1994 desfinanció al Estado al desviar los aportes jubilatorios de gran parte de los trabajadores hacia las AFJP, a lo que se sumó la rebaja en las contribuciones patronales. Ambas medidas implicaron un sacrificio del fisco en recursos previsionales por 63.000 millones de pesos en el período 1994/2001. Eso fue un círculo perverso –ni vicioso ni virtuoso–, en el cual el Estado fue aumentando su endeudamiento para cubrir esa pérdida, emitiendo títulos que compraron las AFJP con el dinero que recibían de los trabajadores, fondos que antes fluían a las arcas del Tesoro nacional.
El costo para el fisco de esa privatización ha sido inmenso. Ese desfinanciamiento de la seguridad social impuso una mayor carga de intereses a pagar por la deuda adicional generada, precisamente, para cubrir ese agujero. Y esa tasa de interés más elevada era por la fragilidad financiera generada por ese crecimiento de la deuda. Se diseñó así una calesita abusiva en la cual el Estado aumentó su endeudamiento para tapar el bache por el dinero girado a las AFJP. Y, como no podía ser de otra manera, ese carrusel culminó en el default.
A ver: las AFJP y, por extensión sus afiliados cautivos, no fueron víctimas del default, sino que han sido parte esencial del problema.
Aparece, por lo tanto, absurdo el cacareo de la agrupación liderada por el actor cómico Nito Artaza, de la asociación de inversores argentinos de bonos en default y de Ricardo López Murphy por el pacto AFJP-Gobierno. Hablan de “confiscación”, señalan que se trata de un “manotazo a los ahorros de los futuros jubilados”, pontifican que “en un mundo donde se legitima robarnos, si te roban poco conformate” o sugieren que hay que “consultar al afiliado”. Esas reacciones reflejan que no entienden nada de la cuestión previsional y sólo se preocupan, sin saberlo o en forma deliberada, en cuidar un negocio financiero, el de las AFJP, que no es otro que manejar un régimen de imprevisión social.
Como la incertidumbre es la característica principal de ese sistema, poco importa para el afiliado el presente canje, puesto que a lo largo de los años por venir habrá otro y otro más. Esto será así porque esa bicicleta forma parte inseparable de ese negocio, que es financiero y no previsional. Por eso mismo no debería incomodar el siguiente interrogante: luego del reciente acuerdo con la AFJP, ¿en qué quedará la prometida reforma a ese régimen? A esta altura se presenta como necesaria la intervención del Estado en la configuración de un renovado Sistema de Seguridad Social, tarea que no puede ser delegada al mercado y mucho menos a los bancos.
En última instancia, más allá de las amenazas del cómico Artaza & Cía., las AFJP pueden estar tranquilas acerca de eventuales juicios de sus afiliados. Hasta ahora no han contabilizado litigios por comisiones abusivas, compraventa de acciones y bonos con dinero de los aportes jubilatorios en operaciones trianguladas en provecho del banco controlante o del gerente financiero o por la pésima estrategia de acumular en exceso títulos públicos en la cesta de inversiones. Si en esos casos han gozado de impunidad por despreocupación de sus clientes, ahora con una operación que, en última instancia, ofrece un trato preferencial en relación al resto de los acreedores, no debería inquietarlas. Más bien: si lo que se pretende es evitar confiscaciones, la verdadera y obscena se realiza mes a mes cuando las AFJP se quedan con el 40 por ciento del aporte jubilatorio del trabajador con comisiones exageradas.
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