Como parte de los nuevos acuerdos con las privatizadas del sector eléctrico, el Gobierno trabaja en la definición de un sendero de precios que permitiría reajustar gradualmente las tarifas en todos los segmentos hasta fines de 2006. Con ese horizonte, las generadoras se avendrían con más ganas a asociarse para construir y operar una nueva usina, la vía que comenzaron a ver como más factible para cobrarse los casi 600 millones de pesos que les adeuda el sistema administrado por Cammesa.
Aún no hay un acuerdo cerrado ni con el Gobierno ni entre las empresas, que deberían definir de qué modo se integraría cada una de ellas al nuevo negocio. Pero las perspectivas ciertas de que haya una recomposición sobre la tarifa están actuando como un estímulo eficaz para lograrlo.
Aquella deuda fue la contrapartida del agotamiento del Fondo de Estabilización Eléctrico, que se integra con un porcentaje de las tarifas que pagan las distribuidoras y que administra Cammesa, encargada de pagarles a las generadoras. En la medida que los costos de producir electricidad fueron subiendo mientras el precio a los usuarios finales se mantuvo fijo, aquel fondo se agotó y el Estado asumió como una deuda propia el bache generado a favor de las usinas.
El Gobierno ya hizo algunos aportes para cubrir parte de ese agujero, hasta que encontró una fórmula a su juicio más beneficiosa para terminar con el problema: plantearle a las acreedoras –básicamente las operadoras de usinas hidroeléctricas como Endesa, AES, Total, CMS, etc.– resignar total o parcialmente sus acreencias a favor de un fondo que bajo la administración estatal realizará obras en el sector, comenzando por una nueva central de ciclo combinado.
Según especialistas del sector, esta usina debería estar en funcionamiento a más tardar antes de 2007 para evitar una posible crisis en el abastecimiento por el previsto aumento de la demanda. Su localización más probable es próxima a Rosario, posiblemente en Coronda, y el costo estimado, alrededor de 450 millones de dólares.
Aquella propuesta de “inversión forzosa” no resultó en un comienzo muy atractiva para las generadoras. Sin embargo, al entender que no hay demasiados caminos para que Cammesa cancele su obligación en efectivo y, básicamente, al advertir que el Gobierno está dispuesto a reestructurar las tarifas en todos los segmentos a mediano plazo, el ánimo de sus directivos empezó a cambiar.
Los generadores aspiran a que ocurra en electricidad algo parecido a lo que está sucediendo en el gas, donde el Gobierno pactó con las productoras un cronograma de reajustes del valor boca de pozo que a fines de 2005 habrá llevado el costo del fluido a un valor muy cercano al que tendrían si se hubieran dolarizado apenas se salió de la convertibilidad. Este deseo tiene buenas chances. Según las negociaciones que se están llevando a cabo en la Unidad de Renegociación, el sendero de precios en la electricidad supondrá una serie de reajustes hasta fin de 2006, justo antes de que comience a funcionar la nueva usina proyectada.
Los generadores aseguran que con la retribución actual cubren ajustadamente los costos operativos pero no tienen resto para invertir, algo que cambiaría con una suba del 35 al 50 por ciento del precio mayorista. Pero aunque en teoría su retribución está fijada por el mercado, finalmente depende de lo que ocurra en transporte y distribución, segmentos de precios regulados, en los que muchos generadores también tienen presencia. Por eso la disposición oficial a retocar el marco regulatorio de los servicios públicos y recomponer gradualmente las tarifas hace ver aquella inversión forzada como un atajo más seductor.
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