Economía|Viernes, 26 de noviembre de 2004

Por Cledis Candelaresi

Roberto Lavagna reiteró ayer ante los empresarios de la Unión Industrial Argentina la promesa oficial de promulgar en pocos días los decretos que consagrarán el amparo legal ante la temida invasión de productos chinos. Este, sin embargo, es un desvelo menor frente a los irresueltos problemas comerciales con el principal socio del Mercosur, cuya resolución fue confiada al sector privado, bajo el monitoreo de los respectivos gobiernos. Según acordaron ayer en esta capital industriales de Argentina y Brasil, representados por la UIA y la Fiesp, a mediados de diciembre insistirán en Belho Horizonte en la búsqueda de una fórmula para zanjar en un mano a mano las múltiples disputas que siguen generando ruido dentro del bloque.
Algunos hombres de empresa de uno y otro lado sueñan con acordar en algún momento una estrategia común para enfrentar la temida avalancha china. Pero esta meta parece utópica frente a la idea discutida por algunos empresarios brasileños y confesada por el líder de los exportadores, José Augusto de Castro, de que su país avance en acuerdos comerciales ignorando el Mercosur. O frente a los problemas para cumplir con la directiva de Néstor Kirchner e Inácio Lula Da Silva de solucionar las disputas de mercado celebrando “pactos de caballeros” para impedir por la vía de la autolimitación el avasallamiento del mercado del otro socio.
Esta estrategia es funcional al común objetivo de político de preservar una buena relación entre ambos gobiernos y constituye un atajo frente a las restricciones legales que impone el Mercosur para tomar entre socios medidas de protección del mercado doméstico que sí podrían adoptarse cómodamente ante otra nación (China, por ejemplo). Pero, según confiesan en privado los empresarios, no ha resultado demasiado eficaz hasta el momento para resolver las pujas de mercado.
El sector del calzado argentino, considerado como uno de los sensibles, es casi un leading case en este sentido. Por un acuerdo de partes celebrado en junio, los fabricantes brasileños acordaron no exportar a la Argentina más de 13 millones de pares anuales, cantidad que, según los productores locales, a la fecha ya fue superada. Para darle más solidez a esta discusión, los productores locales acaban de arrancarle al secretario de Programación de Economía, Oscar Tangelson, la promesa de proveerles datos sobre la magnitud real del mercado argentino recogidos por el Indec, la única fuente que sus colegas del país vecino consideran válida. Así, podrían demostrarles que el negocio en disputa es más reducido de lo que dicen los importadores y defender con más firmeza una porción propia, no inferior al 80 por ciento.
Los dirigentes de la brasileña Fiesp y los de la UIA resolvieron ayer continuar estos debates con auxilio técnico que, en el caso local, será ofrecido por la ex secretaria de Industria aliancista y actual asesora de la entidad fabril Débora Giorgi. La maraña de acuerdos tan difíciles de monitorear como de cumplir lo justifican. Para importar heladeras brasileñas, por ejemplo, rige la autolimitación de no hacerlo por encima del 50 por ciento del mercado argentino: pero éste no fue cuantificado en el momento del acuerdo, abriendo con ello una discusión difícil de cerrar. Del mismo modo, todavía no se pudo juzgar el real impacto que provoca la importación de televisores desde Manaos, a pesar de que ya pasó una buena parte de los 200 desde que se gravaron con un arancel “preventivo” del 21 por ciento.
Otro gran tema de la agenda bilateral es la agresiva política de atracción de inversiones de Brasil, algo que sí está reservado a las agendas oficiales. Lavagna lo incluyó como parte de la propuesta oficial para coordinar políticas industriales que elevó semanas atrás a la administración de Lula. Pero, vencido el plazo, no hubo ninguna respuesta.

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