La Fundación Políticas Públicas convocó a especialistas para debatir crecimiento-distribución.
A mediados de la década del ’70 la Argentina era un país con una distribución del ingreso similar a la de los países del sur de Europa. Todavía se mantenía el mítico 50 y 50 en el reparto entre el capital y el trabajo. Hoy, el 20 por ciento más rico se lleva el 53 por ciento de la renta. La diferencia de ingresos entre el 10 por ciento que más gana versus el decil inferior es de 31 veces, mientras que sólo el 35 por ciento de los asalariados gana 600 pesos o más. En 1974 esta relación era de 12 veces. Aunque la economía crece reduciendo el desempleo, todavía no hay indicios de que la distribución regresiva retroceda. La Fundación Políticas Públicas convocó a cuatro especialistas para debatir el problema y proponer vías de solución. Con matices, hubo coincidencias en que se trata de una asignatura pendiente.
La economista Mercedes Marcó del Pont, directora de FIDE, sostuvo que el crecimiento actual se diferencia del registrado en la década del ’90 porque va acompañado por aumento del empleo. “Este es un dato virtuoso”, reconoció. Sin embargo, la Argentina tiene 16 millones de pobres, de los cuales 6 millones son indigentes. Los desocupados, en cambio, son 2,4 millones. Tener trabajo, entonces, no garantiza dejar de ser pobre, tampoco no ser indigente. Estos datos significan que si se proyecta en el tiempo el actual modelo de crecimiento “no está garantizado que la situación de la distribución del ingreso mejore”. Marcó del Pont sugirió la instrumentación de políticas de integración e inserción en el mercado de trabajo y, en particular, políticas de ingresos. La economista también propuso concretar “la reforma tributaria que todavía no fue”, especialmente la rebaja del IVA, un tributo que castiga a los sectores de menores ingresos, concluyó.
El sacerdote Carlos Acaputo, titular de Cáritas Buenos Aires, optó por abordar el problema de la mala distribución del ingreso desde la ética. Sostuvo que, si la política es la organización del poder, la economía debe ser la distribución social de los bienes que la sociedad produce y que, por ello, “la economía clama al cielo” una “más justa y equitativa distribución de los bienes”. La redistribución, entonces, debe ocupar un lugar prioritario y programático. Sobre todo porque “la riqueza es trabajo acumulado y, por lo tanto, debe estar puesta al servicio del desarrollo de los pueblos, no de unos pocos”, enfatizó. “Desde la técnica económica no puede justificarse cualquier cosa”, insistió. Acaputo agregó que “lo social no puede plantearse desde la beneficencia, no debe atenderse con lo que sobra”, concluyó. En este aspecto coincidió con el resto de los panelistas al afirmar que la idea de que los planes sociales deben estar atados a una contraprestación parte “de una subestimación, de creer que el que no trabaja es porque no quiere”, concluyó.
Daniel García Delgado, director de Estado y Políticas Públicas de Flacso, consideró que la distribución regresiva también es una consecuencia de los cambios en el capitalismo global, que expulsa mano de obra. “La vanguardia tecnológica se concentra en los países desarrollados que, a su vez, impiden a la periferia dejar de serlo”, argumentó. García Delgado propuso un modelo de desarrollo más explícito, “que no puede limitarse al complejo agroindustrial y al turismo”, pues sólo se reproduciría el esquema actual. “El nuevo modelo debe forzarse”, expresó. Debe haber políticas salariales muy activas; las políticas asistenciales sólo generan un sector controlado y sin dignidad que hasta “puede ser un buen negocio para los organismos internacionales que los financian”. Por último, el especialista se preguntó cuál sería la coalición social que apoyaría el nuevo modelo.
A su turno, Raúl Fernández, jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, describió lo que es posible hacer, en materia de redistribución, desde una “agencia subnacional”, como la administración de la ciudad. Consideró que la clave reside en la asignación de los recursos públicos, en especial en brindar una universalidad de acceso a los servicios sociales básicos, como salud, educación y asistencia social directa. Adicionalmente agregó la redistribución espacial de la renta entre el norte y el sur y la realización de obras de infraestructura que no se limiten sólo a los servicios, ya que “tironean la inversión”, concluyó.
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