La AFIP y la Aduana radicaron una denuncia contra la compañía. Declaraban exportaciones inexistentes para cobrar reintegros de IVA. Shell dice que fue “víctima” de “actos delictivos” cometidos por empleados infieles.
Por Maximiliano Montenegro
La firma Shell tiene otra vez problemas con el gobierno nacional.
La Aduana y la División Penal Tributaria de la AFIP radicaron una denuncia penal contra Shell por defraudación al Estado. La maniobra, detectada por el organismo de control aduanero, consistía en la declaración de exportaciones que nunca se realizaban, y la presentación ante la DGI de documentación apócrifa (“firmas, sellos y escrituras asentados en los documentos aduaneros”) para cobrar reintegros de IVA. También se verificó que en connivencia con los ejecutivos de la compañía intervinieron “supuestos agentes aduaneros que nunca prestaron funciones en el organismo”. En Shell aseguran que ellos también fueron “víctimas de maniobras fraudulentas” llevadas a cabo por empleados “infieles”, y que son querellantes en una causa paralela al igual que el Estado.
Desde el Gobierno, en cambio, dicen que por ahora la denuncia es contra Shell y que no puede presentarse como querellante la empresa por ser la investigada. Por lo pronto, la Aduana ya empezó a analizar todas las operaciones de exportación de la compañía angloholandesa de los últimos 8 años.
La denuncia contra Shell, que hoy revela Página/12, no parece ser una “venganza” de la administración Kirchner a la firma que elevó unilateralmente los precios de los combustibles un mes atrás, y que motorizó el polémico llamado a boicot por parte del Presidente. Según consta en el Juzgado Federal Nº 5 (Norberto Oyarbide), secretaría nº 9, fue presentada el 3 de noviembre último, quedando asentada bajo el número 15905/04. Por entonces no existía la psicosis por el regreso de la inflación, ni la suba de combustibles que despertó la ira presidencial.
De acuerdo con la documentación oficial aportada al juzgado, la firma Shell presentó ante la AFIP solicitudes de reintegro de IVA por exportaciones en los términos de la resolución 1351/02, correspondientes al período comprendido entre los meses de agosto de 2003 y febrero de 2004.
Formulado el pedido, la División Devoluciones y Recuperos de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la DGI inició una investigación tras observar ciertas “inconsistencias” en la documentación acompañada por la firma.
Las supuestas operaciones de exportación habían sido declaradas a través de las Aduanas de San Pedro y de San Nicolás, por lo que “se les solicitó a los funcionarios de esas dependencias que se expidieran sobre la veracidad de los elementos adjuntados por Shell”.
La sorpresa en la Aduana fue mayúscula cuando se comprobó que toda la documentación era apócrifa. “Las operaciones de combustible habrían sido simuladas atento la no existencia de registro de tales operaciones en aquella dependencia aduanera, resultando asimismo, apócrifas las firmas, sellos y escrituras asentados en los documentos aduaneros”, dice el expediente. Y agrega: “Se verificó también que figuraban interviniendo supuestos agentes que nunca prestaron funciones en las divisiones señaladas”.
En total, se habrían falseado 42 operaciones de exportación, entre agosto de 2003 y febrero de 2004, tramitadas ante la Aduana de San Pedro por un valor total de 3.589.434 dólares. Y otras 13 operaciones ante la Aduana de San Nicolás por 473.892 dólares. También se investigan supuestas exportaciones realizadas entre marzo y abril del año pasado, a través de esas mismas aduanas, por otros 3 millones de dólares.
La Dirección de Aduana, a cargo de Ricardo Echegaray, ya inició una investigación sobre las exportaciones de Shell de los últimos 8 años –el tiempo máximo previsto en el Código aduanero para la denuncia de un delito– para determinar si este fraude que detectaron los órganos de control fue un hecho aislado o constituyó un modus operandi para mejorar los resultados de la compañía.
Ante la consulta de este diario, en Shell dicen haber sido “víctimas de una maniobra delictiva” y aseguran que “nuestra investigación internacontinúa para determinar si existe alguna otra operación fraudulenta de la que hayamos sido víctimas”. De hecho, entre fines de octubre y diciembre último, el titular de la compañía, Juan Aranguren, le envió dos cartas (ver aparte) al director de la AFIP, Alberto Abad, en las que deslinda responsabilidades y le ofrece “concurrir a sus oficinas a explicarle personalmente los avances que logremos en la investigación interna en curso”.
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