La ministra de Trabajo entregó al Presidente un proyecto para modificar el sistema jubilatorio. Su propuesta de máxima es que todos los aportes vayan al sistema de reparto, dejando a las AFJP como una opción para quienes deseen pagarse una jubilación privada.
Por David Cufré
Ministra de Trabajo Graciela Camaño.
Apenas el 29 por ciento de los 8,9 millones de afiliados a las AFJP cumplen regularmente con sus aportes. Las empresas capturan con las comisiones el 45 por ciento de lo que cada afiliado integra por mes. En ocho años, sólo uno de cada dos mayores de 65 años estará en condiciones de jubilarse. Los datos figuran en un documento que la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, le presentó a Eduardo Duhalde para convencerlo de ir a fondo con una reforma previsional que termine con el sistema creado por Domingo Cavallo en 1994. Hace una semana, la titular de la cartera laboral reveló a Página/12 que esa reforma es uno de los objetivos prioritarios de su gestión. Su propuesta de máxima es que todos los aportes vayan al sistema de reparto, dejando a las AFJP como una opción para quienes deseen pagarse una jubilación privada, adicional a la estatal.
En la guerra entre los bancos y el Gobierno por el plan Bonex, el CER y el corralito, la embestida de Camaño contra las AFJP abrió un flanco inesperado. Desde la aparición del sistema de capitalización hasta diciembre pasado, las administradoras embolsaron 8064 millones de pesos convertibles en comisiones. Si bien la devaluación recortó la ganancia en dólares, para los bancos, accionistas mayoritarios de las AFJP, el negocio es igualmente importante. La designación de Camaño al frente de Trabajo había encendido luces de alarma entre las AFJP. Se recordó que en febrero pasado, al asumir como presidenta de la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados, la esposa de Barrionuevo comentó a un grupo de legisladores que su idea era avanzar con la estatización del sistema.
La viabilidad política de su proyecto está atada a la pulseada que el Gobierno disputa con las entidades financieras. El último viernes, en medio de la histeria por los rumores de cierres de bancos, desde una de las entidades extranjeras comentaron a Página/12, en tono especulativo, que la aparición del proyecto de Camaño es parte del juego de presiones. En cambio, entre las AFJP la opinión mayoritaria es que la ministra de Trabajo se movió con relativa independencia de ese conflicto y que puso sobre la mesa el debate de la reforma previsional porque es uno de sus caballitos de batalla.
Cerca de Camaño comentaron a este diario que Duhalde escuchó con interés la propuesta de la ministra y recordaron que el ex gobernador bonaerense fue quien más se resistió a transferir la caja jubilatoria provincial durante el gobierno de Menem, y de hecho no lo hizo. Otro elemento que juega a favor del proyecto es la recuperación de aportes previsionales. El Estado podría recaudar 4300 millones de pesos anuales, dinero que en la actualidad recae para la administración de las AFJP. El déficit estatal por pagos a la seguridad social asciende a unos 6300 millones de pesos, agujero que podría taparse en parte si los aportes jubilatorios recayeran exclusivamente en el sistema de reparto. “¿Al FMI no le preocupa el déficit fiscal? Bueno, acá le estamos dando una solución”, se entusiasmó el allegado a Camaño.
Otra preocupación de las AFJP es la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de ley que permite el libre traspaso entre el régimen de capitalización y el estatal. Se trata de una vieja iniciativa de la diputada María América González, que recién el último jueves consiguió que fuera aprobada tras cuatro años de impulsarla. El dato político es que Camaño fue coautora del proyecto, y que su esposo, Barrionuevo, es presidente de la Comisión de Previsión del Senado. Se supone que desde allí trabajará para que la iniciativa se convierta en ley.
Camaño puso a un equipo de sus asesores a preparar la reforma previsional, mientras que González le acercó la suya. Ese plan se apoya sobre tres pilares. El primero es una asignación social universal, para todos los mayores de 65 años, hayan realizado aportes o no. El financiamiento saldría de rentas generales. El segundo pilar es un sistemapúblico, administrado conjuntamente por el gobierno, trabajadores, empleadores y jubilados. En este caso, para acceder al beneficio hay que cumplir con una cantidad de años de aportes que se establecerá luego de un estudio que mida cuál es la capacidad real de aportes hoy en la Argentina. Y el tercer pilar es el de la competencia. Allí entrarían las AFJP, pero también podrían ofrecer la prestación cajas complementarias (por ejemplo de bancarios, docentes, aduaneros), colegios profesionales, fondos por empresa, cooperativas y mutuales, entre otros, para establecer un auténtico sistema de competencia.
González presentó otro proyecto de ley para suspender por un año los aportes a las AFJP, período durante el cual los fondos irían al sistema de reparto, y que sería aprovechado para consensuar una reforma previsional. Camaño podría apoyarse sobre esta propuesta para obtener respaldo del Congreso a su propio proyecto. La convertibilidad explotó, el sistema financiero se hizo trizas, y ahora lo que está en discusión son las AFJP, creación de Cavallo que tampoco dio los resultados que el ex superministro había prometido.
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