En respuesta al Ciadi, el Gobierno dirá que ningún tribunal extranjero puede laudar vulnerando la Constitución Nacional. Si hay jurisdicción foránea, dirán los expertos, no puede ser utilizada como factor de desigualdad.
Por Mario Wainfeld
Roberto Lavagna y Julio De Vido, en sintonía total con Rosatti por la postura ante el Ciadi.
“La derrota la teníamos garantizada. Lo único que nos faltaba saber era el score”, ironiza, futbolero él, uno de los ministros que estuvo ayer en la Casa de Gobierno discutiendo la estrategia oficial de cara al primer fallo adverso del Ciadi (ver nota central).
La postura oficial consiste en resistir la condena notificada ayer tratando de ganar todo el tiempo posible. El primer paso será deducir la nulidad ante el propio Ciadi. La fundamentación tendrá su garbo. El Estado alegará, entre otros argumentos, que no son válidos los reclamos ejercidos por acreedores minoritarios, criterio que fue reconocido por tribunales norteamericanos en casos vinculados al Nafta. CMS Energy, la beneficiaria del laudo del Ciadi, es norteamericana.
No había ilusiones referidas al resultado. Tampoco existen respecto de la suerte de una nulidad que se juega de visitante. La Argentina defenderá bien su caso pero la mayor ambición oficial es que el tribunal arbitral del Banco Mundial demore en resolverlo. “Pueden tomarse dos años”, se ilusiona alguien que ha trajinado el paño. Cuando se es demandado, la proverbial lentitud de los tribunales internacionales puede equivaler a una bendición. Quizás esa previsible bendición sea negada por los árbitros, que (porfiando en el lenguaje del fútbol) son muy localistas.
Llegue tarde o llegue pronto la decisión definitiva, el Gobierno tiene decidido articular luego su inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de la Nación. Nada obliga a jugadores de truco a mostrar sus cartas, pero así se hará. Los fundamentos de los recursos que deducirá la Argentina fueron esbozados por el actual ministro de Justicia, Horacio Rosatti, cuando era procurador del Tesoro. Y fueron revisados, aprobados y enriquecidos por juristas que ocupan cargos de primer nivel en el Ejecutivo. También han sido conversados informalmente con integrantes del máximo tribunal del país, quienes (sin decir nada) aprobaron.
El núcleo será postular que ningún tribunal extranjero puede laudar vulnerando la Constitución Nacional. No se negará la pertinencia de la jurisdicción foránea pero se argüirá que su existencia no puede derivar en la consagración de una desigualdad contra los argentinos. La Constitución garantiza igualdad de trato a “todos los hombres del mundo” que habiten este suelo, pero ese generoso principio se desvirtuaría si algunos extranjeros tuvieran mejor derecho que los nacionales, consagrando una discriminación a los que viven (y pleitean) acá.
La existencia de una emergencia que limitó los derechos de los argentinos ha sido admitida por la jurisprudencia local, Corte incluida, dirán los representantes argentinos en su momento, y argumentarán que puede ser gambeteada por acreedores extranjeros. “Ningún poder extranjero puede declarar ilegal a la ley argentina, ni ningún gobierno del mundo puede tolerar que una sentencia contradiga los puntales de su política económica”, comenta Roberto Lavagna, haciendo doctrina en la intimidad.
La estrategia mencionada cuenta con un vasto consenso al interior del Gabinete. Abarca tanto al Presidente como a los ministros Lavagna, Rosatti y Julio De Vido. La complementan las negociaciones febriles que encabeza el ministro de Planificación con representantes de empresas que manejan servicios privatizados. De Vido pone como condición para las renovaciones el desistimiento de los reclamos ante el Ciadi. Se han conseguido algunos. En un plano por ahora más virtual, el embajador español Carmelo Angulo prometió al gobierno que las privatizadas españolas podrían suspender (no renunciar) sus pedidos de arbitraje si la Argentina “se pone seria” en la discusión de las respectivas tarifas.
Tal vez porque la dureza le sirve en otra pulseada, la que tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Lavagna es uno de los más dispuestos a doblar la apuesta. Tan es así que llegó a proponer una suerte de anticipo defensivo: obtener alguna sentencia declaratoria de un tribunal argentino (no de la Corte) declarando inconstitucional la jurisdicción del Ciadi. Algunos de sus colegas del gabinete, a la sazón abogados, le hicieron entender que un planteo de esa naturaleza era poco presentable.
Un paso más podría (debería) dar el gobierno argentino, que sería no limitarse a resistir judicialmente los arbitrajes. Consistiría en ir “denunciando” (esto es, rescindiendo) los tratados que permiten derivar causas al Ciadi. Esos tratados vienen venciendo y, si un Estado no los denuncia, tienen ultraactividad: se renuevan automáticamente a futuro. El Gobierno no termina de encarar esa decisión pese a que (como señaló al suplemento Cash de este diario el economista Alejandro Peyrou, especialista en la materia) sería el modo más consistente de demostrar su voluntad política. Quizá la goleada recibida de visitante haga revisar esa contradicción respecto de una táctica que, en cualquier caso, será un nuevo casus belli con los acreedores e inversores extranjeros.
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