Desde que a principios de los ’90 se impulsó por decreto la discusión salarial por productividad demostró ser un parámetro ineficaz, entre otras razones porque no hay información disponible y fidedigna para los trabajadores que permita encauzar las discusiones sobre esta base, según señaló en una entrevista exclusiva con Página/12 Luis Beccaria, investigador docente de la Universidad de General Sarmiento. Tiene muy claro aquel frustrado antecedente, como nítido el límite de las convenciones colectivas en el contexto actual de alto desempleo, informalidad y precarización. A juicio del experto, otrora titular del Indec, el Estado no puede abandonar a su suerte a los trabajadores, que están entre los más perjudicados tras la devaluación.
–¿Qué puede esperarse de las convenciones colectivas si consideramos la alta proporción de empleo en negro, entre otras limitaciones objetivas?
–Efectivamente, los trabajadores en blanco del sector privado representan sólo el 35 o 40 por ciento del universo de ocupados y mucho menos de la Población Económicamente Activa. Aun así, las convenciones son un instrumento importante aunque resulta insuficiente. Por eso es importante que el Estado siga interviniendo con otros instrumentos.
–¿Como cuáles?
–La fijación de un nuevo salario mínimo sirve, porque es también un indicador para los empleados no registrados. La realidad es que aún los trabajadores en blanco están en una situación de debilidad relativa por el alto desempleo. El Gobierno resolvió no intervenir más en política de ingreso, pero creo que en este marco esa determinación merece discutirse. Con este nivel de desocupación, hay que ver cuál es la capacidad de negociación real que tienen los trabajadores. Hay margen para políticas activas en esta materia y deben aprovecharse. Los planes Jefas y Jefes de Hogar, por ejemplo, también son una referencia para la fijación de las remuneraciones informales y subir el monto de esos beneficios constituye otra señal importante.
–En un ámbito de desempleo y precarización, ¿qué rédito puede haber para los trabajadores de las convenciones colectivas?
–Las condiciones objetivas no son muy auspiciosas para que se consigan aumentos importantes. Hay desocupación y precariedad, pero también es cierto que el empleo en blanco fue aumentando. El contexto es un poco mejor pero no tanto como para suponer que puede haber una importante mejora global en los ingresos fijos. Los salarios están todavía por debajo de los niveles del 2001 y, en algunos casos, muy por debajo. Las situaciones sectoriales son diferentes y habría que esperar que las convenciones colectivas generen resultados también diferentes: no es igual una empresa exportadora que otra que sufrió importantes aumentos sobre sus costos. Por eso entiendo que hay espacio suficiente como para intervenir, básicamente en apoyo de los trabajadores menos calificados. Para ellos, una suma fija es una mejora proporcionalmente importante.
–¿La vía es más aumentos por decreto y mejora de los planes sociales?
–Algo así. Aunque convengamos que en el último caso se afecta el nivel de gasto público y, en el otro, se trata de estimular a las empresas. Y aquí el panorama se vislumbra complicado. Apenas se convocó al Consejo del Salario y ya se escucharon algunas objeciones empresarias. Los planes sociales deben aumentarse porque son objetivamente bajos. Pero también sirven como valor de referencia.
–Según el titular de la UIA, las empresas que ya dieron aumentos es porque podían darlo y ya cumplieron; las que no, es porque no pueden.
–Si usted estuviera negociando quizá diría cosas parecidas. Pero la realidad es que, tras la devaluación, los aumentos nominales de salarios fueron muy inferiores a los de los precios. Es cierto que algunas empresas sufrieron aumentos en sus costos, pero es igualmente cierto que muchastambién vieron licuadas sus deudas. Los que enfrentan dificultades muy serias son los sectores de ingresos fijos.
–¿Y es factible pensar en un criterio homogéneo para debatir en las convenciones, como los aumentos por productividad?
–No hay un criterio homogéneo. (Domingo) Cavallo impulsó a principios de los ’90 un decreto por el cual las convenciones debían ceñirse a la pauta de aumentar por productividad. Pero en esa época las partes se ponían de acuerdo en un porcentaje de aumento, y luego acomodaban los números referidos a la productividad para justificarla. La verdad es que la productividad es una de las cosas más difíciles de medir y su influencia en la práctica es relativa. Todo depende de la capacidad negociadora de las partes.
–¿Quiere decir que propiciar discusiones por productividad equivale a decir que gane el más fuerte, generalmente, los empresarios?
–Siempre cuando uno negocia gana el más fuerte. Es un concepto elusivo con el agravante de que en la Argentina los empresarios no abren sus balances a los trabajadores ni permiten consultas sobre este tema. Otra cosa sería que el Estado dispusiera aumentos generales en función del aumento de productividad global de la economía.
–El Gobierno se resiste a seguir ordenando aumentos por decreto por temor a un impacto inflacionario...
–Me parece que el Gobierno había decidido no intervenir por esta vía antes del último repunte inflacionario. Creo que tiene la convicción de que, al mejorar la economía, las remuneraciones aumentarán automáticamente. Yo también creo que habrá una mayor presión por subas salariales en la medida en que mejore el nivel de empleo. Pero todavía hay mucho atraso. Por eso una recuperación importante en los salarios no tendría gran impacto en los costos. Además, los trabajadores también tienen en cuenta la posibilidad de que los sigan contratando. Por eso sus pretensiones siempre tienen un límite razonable.
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