“En los últimos días nos entusiasmamos por las multas aplicadas a fabricantes de cemento y proveedores de oxígeno medicinal por prácticas cartelizadas de precios, pero ahora este mismo gobierno dicta una resolución que va a beneficiar la cartelización en el fraccionamiento del gas licuado”, se quejó Antonio Skara, presidente de la Cooperativa Argentina de Provisión de Gas (Cadegas), con respecto a la resolución de la Secretaría de Energía que le impone topes al precio del gas en garrafas. Según el dirigente cooperativista, la norma favorecerá a los grandes fraccionadores al reservarle una porción de mercado a precio preferencial en detrimento de los fraccionadores chicos y medianos.
La Resolución 792 de Energía, publicada a principios de julio, dispone un precio máximo de referencia a pagar por fraccionador, pero hasta un volumen de gas correspondiente al promedio histórico de los últimos tres años (2002 a 2004). Como el año 2002 fue particularmente recesivo para los fraccionadores menores (pymes y cooperativas), dicho promedio queda muy por debajo de la capacidad actual de ventas de esas mismas empresas. El remanente por encima del cupo histórico se debe adquirir a un precio de paridad con el de exportación. Mientras el valor histórico (el de cupo) se ubica entre 650 y 680 pesos por tonelada de gas butano, el del remanente se eleva a 1042 pesos.
Bajo estas condiciones, las cuatro fraccionadoras principales del mercado (YPF Gas, Total, Esso y Shell) se aseguran y hasta podrían expandir su participación del 80 por ciento en el mercado, mientras que las fraccionadoras medianas y pequeñas (poco menos de 30 empresas) quedarían en una situación de fuerte desventaja en cuanto a sus costos.
“En este estado de cosas, no sé cómo vamos a hacer para seguir proveyendo la garrafa social”, de 16 pesos por cada 10 kilogramos, explicó Skara a este diario. Las cooperativas, en general, atienden regiones alejadas de los grandes centros urbanos, por lo cual en muchos casos tienen entre sus puntos de provisión a los únicos vendedores de garrafas sociales en la zona. “Si tengo que bajar mi participación en el mercado para cumplir con el cupo, ya que no puedo pagar el precio del excedente, ¿cómo hago para discriminar entre mis clientes a quién le vendo la garrafa social y a quién no?”, se quejó el titular de Cadegas. “Esta es una realidad que, muchas veces, los funcionarios no entienden”, completó.
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