Economía|Sábado, 20 de agosto de 2005

El Gobierno echó mano a una porción del voluminoso superávit de la Anses para extender el beneficio de las asignaciones familiares. Lo hizo a través de un ajuste en las escalas salariales alcanzadas por los subsidios, que ahora pasarán a cobrar 41.000 personas más, mientras que otras 790.000 obtendrán un aumento. Los nuevos parámetros se pondrán en marcha con la liquidación de sueldos de septiembre. La medida busca compensar a miles de trabajadores que, al recibir un incremento de haberes, habían dejado de percibir las asignaciones o habían caído en franjas de salarios que cobran el mínimo. Es decir que lo que habían ganado por un lado, lo estaban perdiendo por otro.
De ahora en más, cobrarán 60 pesos por hijo quienes tengan sueldos brutos de hasta 1199,9 pesos, contra los 724,9 anteriores. El salto beneficia a 480.000 trabajadores que estaban encuadrados en el segundo renglón. La Anses liquidará 45 pesos por hijo a quienes ganen entre 1200 y 1799,9 pesos, contra los 725 a 1224,9 anteriores. Y se llevarán 30 pesos quienes cobren entre 1800 y 2599,9 pesos, frente a los 1225 a 2024,9 previos.
La medida tendrá un costo fiscal de 25 millones de pesos mensuales y un gasto pautado para el año próximo de 294,2 millones. El superávit de la Anses, sin embargo, llegará este año a cerca de 1000 millones de pesos. A pesar de ello, el Gobierno accedió sólo a la mitad del reclamo de la CGT. El otro pedido era elevar el monto de las asignaciones, pero en esta oportunidad se resolvió dejarlas en los niveles previos. La pregunta todavía sin respuesta es qué hará el Ejecutivo con los recursos excedentes. Por ahora, niega que vaya a conceder un aumento generalizado de jubilaciones.
El titular de la Anses, Sergio Massa, destacó que se trata de la “tercera vez en dos años que el Gobierno cambia los topes de las asignaciones familiares” y sostuvo que “la intención es que los trabajadores, más allá de la mejora que puedan obtener en sus salarios, sigan cobrando estos beneficios”. Las asignaciones las paga el Estado con recursos obtenidos por aportes patronales y de los trabajadores. Las reciben de manera permanente 1,7 millón de personas, incluidos los beneficiarios del seguro por desempleo, los jubilados y quienes cobran seguros de la ley de Riesgos del Trabajo.
Massa hizo el anuncio tras reunirse con Néstor Kirchner. El funcionario aseguró que “de esta manera el Estado garantiza su presencia en lo que es la política de distribución de ingresos”. El pago de asignaciones sufrió un cambio en 1996 que nunca más fue reparado. El entonces ministro Domingo Cavallo resolvió limitar el beneficio a los trabajadores que percibían salarios no superiores a los 1500 pesos. Posteriormente, los topes fueron subiendo, pero nunca más los subsidios volvieron a ser universales.
La medida anunciada ayer tiene el respaldo de las principales cámaras empresarias, debido a que logran un incremento en los sueldos de bolsillo de sus empleados sin costos adicionales. En todo caso, el gasto lo hacen cuando deben aportar más a la seguridad social ante las subas salariales dispuestas por ellos. Pero si la Anses no ajustara las asignaciones, ese esfuerzo no tendría contrapartida. De hecho, Massa dijo que las modificaciones en las escalas salariales fueron decididas ante “los cambios en algunos convenios colectivos y las mejoras salariales que han recibido algunos trabajadores”.

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