La Comisión Nacional de Valores que depende del Ministerio de Economía resolvió multar en un millón de pesos en forma solidaria a la presidenta del Banco Hipotecario, Clarisa Lifsic de Estol, a su principal accionista, Eduardo Elsztain, y a otros cinco directores de la entidad mixta por encontrarlos responsables del cobro irregular de bonificaciones extraordinarias por algo más de 10 millones de dólares. La decisión agudiza el conflicto que desde hace varios meses viene manteniendo el Gobierno con el grupo IRSA alrededor del manejo y del futuro de la principal entidad del país en el negocio del crédito hipotecario.
El sumario que dio lugar a la sanción conocida ayer en vísperas del año nuevo judío y fechada el viernes pasado en una resolución de cincuenta páginas, se inició a fines de julio pasado por una denuncia de los directores que representan al Estado acerca de una decisión del Comité Ejecutivo del Banco Hipotecario que distribuyó algo más de 30 millones de pesos de bonificaciones extraordinarias en beneficio de la presidente (3,2 millones), del principal accionista (Elsztain con 10,7 millones) y de otros directores y gerentes por el monto restante.
La denuncia hacía pie en dos cuestionamientos básicos: la falta de aprobación por parte de la Asamblea y el hecho de que el reparto de beneficios extraordinarios se diera en un contexto de quebranto en los resultados de la entidad. Cabe recordar que el Hipotecario es manejado operativamente por los accionistas privados, que detentan el 49 por ciento de las acciones.
Si bien la objeción de la falta de aprobación por parte de la Asamblea fue aparentemente subsanada en una Asamblea posterior a la decisión tomada por el Comité Ejecutivo, en la resolución de la Comisión Nacional de Valores conocida ayer se sostiene que “ello no alcanza para sanear los cumplimientos legales, normativos y estatutarios que dieron lugar al inicio de estas actuaciones”.
En cuanto al resultado del banco, los directores por la parte privada argumentaron que el último balance arroja utilidades, pero en la resolución condenatoria se sostiene que la mismísima presidente de la entidad señaló en una asamblea del mes de abril de este año que no habría reparto de utilidades “ya que debían destinarse a absorber pérdidas de ejercicios anteriores”.
Por otra parte, este diario pudo averiguar de fuentes oficiales, que Economía apeló la decisión tomada en la última asamblea por parte de los accionistas privados que optaron por dejar los 30 millones de pesos cuestionados en un depósito cautelar a la espera de una resolución y que en lugar de eso reclamaron la inmediata devolución del importe.
La guerra entre Economía y el grupo IRSA que comanda Elsztain (dueño, además, de casi todos los shoppings de Buenos Aires) tiene otro capítulo en pleno desarrollo que espera otra resolución por parte de la Comisión Nacional de Valores. Se trata de una segunda denuncia presentada a fines de agosto último acusando a los accionistas privados de “manipulación y engaño al mercado” a través de la compraventa de acciones del mencionado banco. La imputación que dio lugar a un sumario en curso fue por “compraventas de porcentajes muy significativos de acciones del propio banco por parte de los accionistas” durante los meses previos al anuncio realizado el 15 de febrero pasado respecto de la intención de adquirir la Banca Nazionale del Lavoro. Fue esa frustrada operación el grito de inicio de una batalla que todavía está lejos de mostrar un ganador, pero que a esta altura ya evidencia la imposibilidad de que la sociedad entre el Gobierno e IRSA se mantenga como tal.
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