Economía|Domingo, 23 de octubre de 2005

Por David Cufré

Nadie haría un juicio por un peso. Ni siquiera un becario que gana 80 por mes se tomaría la molestia de consultar a un abogado para saber si el débito de ese peso de su caja de ahorro es correcto o incorrecto, por más que necesite cada centavo como el agua. Un empresario que financia 1000 pesos con la tarjeta tampoco reclamaría por 15 o 20 que aparecen de más en el resumen. De por sí, es bastante engorroso entender todos los ítem que figuran en la boleta. Los bancos lo saben y muchos de ellos se aprovechan. La buena noticia es que esta semana ocurrió un hecho trascendente que puede producir un quiebre en estas prácticas desleales: un tribunal de alzada condenó al banco que cobraba un cargo indebido, le ordenó restituir el dinero a sus clientes y promovió una causa penal contra el directorio de la entidad.
El banco en cuestión es el Provincia de Buenos Aires, pero son varios los acusados por razones similares. Hay procesos abiertos contra el HSBC, la Banca Nazionale del Lavoro, Citibank, BankBoston, Río, BBVA Francés, Galicia y Ciudad de Buenos Aires. Ya salieron de esa situación el Sudameris (antes de ser transferido al Patagonia) y el Lloyds, que llegaron a acuerdos en mediación con sus clientes, 6000 en un caso y 20.000 en el otro, y les devolvieron la plata cobrada sin su consentimiento.
El fallo del último jueves de la Sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial contra el Provincia fue en una causa planteada por la Unión de Usuarios y Consumidores en representación de dos millones de clientes del banco. Su resolución es histórica porque es la primera vez que la Justicia ordena reintegrar fondos ante el pedido de una asociación de consumidores. Hasta ahora, las acciones colectivas se aceptaban sólo como recursos defensivos, frente a medidas como el rebalanceo telefónico, los aumentos ferroviarios de 1999 o los tarifazos de servicios públicos de 2002, todos ellos frenados por los amparos en nombre de los usuarios.
El Provincia fue condenado porque dispuso unilateralmente que los titulares de la tarjeta Visa Bapro Electron debían pagar un seguro de un peso por mes para quedar cubiertos ante eventuales robos en cajeros automáticos. El cargo estuvo vigente entre abril de 2001 y marzo de 2003, cuando se suspendió por el reclamo de la asociación de usuarios. Los afectados fueron dos millones, incluidos los empleados públicos provinciales y municipales que cobraban el sueldo por esa vía, los dueños de cajas de ahorro y los becarios que, por entonces, recibían 80 pesos por mes como remuneración. El banco recaudó unos 20 millones y pagó siniestros por 700 mil. Ahora, deberá reponer un promedio de 25 pesos por persona en las cuentas de sus clientes.
“Los bancos y las empresas en general siempre argumentaron que las acciones colectivas son válidas para reclamar el cese de una conducta supuestamente inadecuada. Pero no para pedir la restitución de dinero. En esos casos, cada usuario debería hacer un juicio individual, lo cual es ridículo”, señaló Horacio Bersten, director de Unión de Usuarios y Consumidores. “Lo importante del fallo del jueves es que por primera vez se aceptó el derecho de una asociación civil para representar a todos los damnificados en casos por sumas exiguas”, agregó, en diálogo con Página/12.
El precedente es relevante porque de ahora en más las empresas sabrán el riesgo que corren cuando quieran cobrar cargos abusivos. “El tiempo y el esfuerzo no justifica el rédito para el usuario cuando se trata de denuncias por montos bajos. Eso hace que se multipliquen las aberraciones en su contra, especialmente de bancos y privatizadas”, denunció Bersten, quien considera que a partir del fallo de la semana pasada esa situación puede empezar a cambiar. Sobre todo, porque los jueces de la Cámara Comercial elevaron la causa a la Justicia penal para que investigue si el directorio del banco incurrió en los delitos de estafa o administraciónfraudulenta. En aquella época, el presidente del Provincia era Ricardo Gutiérrez.
Antes de que la sentencia se efectivice, seguramente la entidad financiera apelará ante la Corte Suprema. Por lo menos así lo hizo la Banca Nazionale del Lavoro, que también fue condenada en primera y segunda instancia por aplicar cargos injustificados a sus clientes y debe devolverles el dinero. En ese caso, los usuarios están representados por la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Norberto Dorensztein, coordinador legal de ese organismo, destacó que el nuevo fallo “es un gran avance porque confirma la línea trazada en la causa que llevamos nosotros, pero con una asociación civil”. “En estas causas de pequeña significación personal pero con gran incidencia social –agregó–, las acciones colectivas son un elemento de efectiva tutela para los consumidores”.
Hay cargos que dejaron de aplicarse gracias a los juicios entablados por los representantes de los usuarios, mientras que otros siguen vigentes. Los casos más comunes son los siguientes:

- Cargo por reserva de fondos: algunos bancos hacen correr los intereses “hacia atrás” en la financiación con tarjetas de crédito. Es decir, por el plazo entre la compra del bien y la fecha del vencimiento del resumen, y no sólo “hacia adelante” a partir del momento en que el cliente decide financiar el pago.

- Gestión cobranza: es un cargo fijo que se aplica cuando el usuario se atrasa en el pago del resumen de la tarjeta. La BNL, por ejemplo, cobra dos pesos por semana por incluir al moroso en un boletín público donde figuran todos los que se encuentran en su misma situación.

- Exceso en el límite de compras: es una suerte de multa a quienes superan, con el financiamiento, el límite de compras, aunque el mismo banco autorice la financiación.

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