¿Cómo hacer para disciplinar precios cuando en distintos barrios de la Capital Federal hay diferencias superiores al 100 por ciento respecto de un mismo producto? ¿Cómo garantizar que la inflación estará contenida más allá de las próximas siete semanas, cuando expiren los acuerdos que el Gobierno intenta sellar con comercios y productores, en un mercado de alta concentración en los productores de alimentos? Estos son sólo algunos de los obvios escollos que señalan las asociaciones de defensa del consumidor, atentas a cómo se honran las promesas empresarias de abaratar más de doscientos artículos de una canasta básica.
Una de las conclusiones más incontrastables a las que arribaron esas organizaciones es que existe una enorme dispersión de precios, primera dificultad insalvable a la hora de fiscalizar la real aplicación de las prometidas rebajas del 15 por ciento. Ejemplos sobran. En Villa Crespo, un dentífrico de 180 gramos, primera marca, vale 6 pesos y la docena de huevos de nombre también reconocido 2,10, según un trabajo de las organizaciones. Pero esos mismos productos trepan a 12,99 en Paternal y a 4,78 en Caballito, respectivamente (un 116 y un 127 por ciento más).
Pero esos datos no deberían inducir la errónea conclusión de que el barrio de los hinchas de Atlanta es el de las gangas. Por el contrario, las galletitas de primera marca cuestan 1,20 peso en Villa Crespo, casi el doble de los 0,68 pesos que se pagan en Caballito. Algo similar a lo que ocurre con el pollo fresco, que cuesta 6,50 pesos contra los 3,99 que se oblan en Paternal. Este mapa anárquico diluye la referencia imprescindible para juzgar el cumplimiento de cualquier compromiso de rebajar precios, ya que la base cambia de una cuadra a otra.
Los relevamientos sobre las góndolas de los supermercados y los estantes de almacenes que hacen Adecua o la Unión de Usuarios y Consumidores, entre otros, no consignan las dificultades para sostener los compromisos que Economía está sellando con supermercados, por un lado, y productores de alimentos, por el otro.
Los supermercadistas se avinieron a aplicar las rebajas del 15 por ciento, pero de inmediato se abalanzaron sobre sus proveedores para que hagan lo propio. Estos dejaron por escrito ante la ministra de Economía, Felisa Miceli, la promesa más vaga de hacer algún descuento aún indefinido, sobre artículos a precisar, pero también bajo la exigencia de conseguir alguna ventaja similar a la hora de comprar insumos y con la advertencia de que si aumentara fuerte la demanda de algunos de los bienes de la canasta de ofertas, éstos deberían ser reemplazados por otros. Ofrecer todas estas garantías desde el Estado y en un contexto de precios no regulados es casi una misión imposible.
Una de las pocas herramientas legales disponibles para el Gobierno para contener los precios es la Ley Defensa de la Competencia, que censura los comportamientos cartelizados. Pero su aplicación nunca permitiría una valla inmediata ni útil para contener un desborde generalizado, amén de que en el mercado hay muchas concentraciones que le permiten a un pequeño núcleo de empresas gran libertad para manejar los precios a su arbitrio, sin que esos cuasimonopolios estén fuera de la ley.
Usuarios y Consumidores recuerda que sólo dos empresas (SanCor y La Serenísima) producen el 66 por ciento de la leche fluida y el 74 por ciento del yogur. Que tras la fusión de Bimbo con Fargo, sólo una tiene el 79 por ciento del mercado del pan lactal, producto que se encareció un 20,5 por ciento en lo que va del año. Y que con la unión de Brahma y Quilmes el 81 por ciento de la producción de cerveza depende de la nueva firma. Datos que tiene muy presente el Gobierno a la hora de diseñar su estrategia de acuerdos bajo presión política, uno de los pocos caminos habilitados en su intento de contener la inflación.
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