Camuzzi frenó los reclamos ante el Ciadi de tres eléctricas que controla por unos 250 millones de dólares. Renegociación en marcha.
Oscar Guglielmino, procurador del Tesoro, se ocupa de los juicios.
Camuzzi Internacional decidió ayer suspender los reclamos ante el Ciadi por su participación en las empresas eléctricas Edea, Edersa y Transpa. De esta manera, el reclamo por 250 millones de dólares que la firma italiana presentó ante el tribunal arbitral del Banco Mundial queda paralizado hasta que se firme un nuevo y definitivo contrato de concesión con las administraciones bonaerense, rionegrina y el gobierno nacional, respectivamente. Esos acuerdos deberán incluir una revisión tarifaria integral, que permitirá extender los ajustes a los usuarios residenciales. Recién allí, sobrevendría la renuncia al pedido indemnizatorio.
“Nuestra relación con la Argentina, como hemos sostenido en cada oportunidad, nuestras acciones e inversiones, aun en los peores momentos de la crisis, es una relación de largo plazo. Estamos comprometidos con el desarrollo del país y de su gente y creemos que esta decisión es un paso muy importante en esta relación”, expresó ayer Fabrizio Garilli, principal accionista del Grupo Camuzzi, en el comunicado a través del cual difundió su voluntad de congelar aquel trámite.
Transpa es la única transportadora energética que aún no tiene cerrado un acuerdo con el Gobierno, facilitado por la reciente decisión de suspender aquel reclamo. En el caso de Edea (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica), que abastece el este de la provincia de Buenos Aires, y Edersa, distribuidora de Río Negro, el esquema a replicar es el de Edelap, con las particularidades de cada caso. Ese modelo contempla básicamente un aumento del 23 por ciento en el valor agregado de distribución, que equivale a un ajuste del 15 por ciento en las tarifas de los usuarios industriales.
Recién en el 2006 estaría lista para Edelap aquella revisión tarifaria integral, de la que resultará un nuevo cuadro de precios del servicio que contemplará los consumos residenciales, por ahora excluidos. Eso de acuerdo con el compromiso que suscribió el Poder Ejecutivo con la empresa que comanda la norteamericana Aes y que consiguió el aval del Congreso.
Pero la suspensión no involucró a las demandas mucho más cuantiosas que Camuzzi presentó ante el Ciadi junto a sus socios de las distribuidoras gasíferas Gas Pampeana y Gas del Sur. También aquí hay una fórmula a replicar que es la de Gas Ban, basada en un ajuste acotado a las tarifas industriales, un programa de inversiones provisorio más moderado y pago de penalidades diferido.
Según aseguran fuentes de Camuzzi, en los últimos días se aceleró el “intercambio de información” con la Unidad de Renegociación de contratos con miras a firmar un acta-acuerdo por los servicios de distribución de gas en términos similares a los de la empresa liderada por los españoles de Gas Ban. Pero, previsiblemente, aquí el sendero será el mismo que en el resto de los contratos: se suspende, primero, y se renuncia, después. Obviamente, sólo si la nueva fórmula contractual satisface las expectativas empresarias. De lo contrario, los trámites ante el Ciadi seguirían su curso.
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