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La decisión de Argentina y Brasil de llegar a un acuerdo que permita proteger a sus industrias de la competencia del otro prolongó ayer más de la cuenta el debate entre los negociadores de ambos países, congregados en el Palacio San Martín. Al cierre de esta edición, aún no se había pulido una fórmula de consenso que permitiera un freno a las importaciones, límite particularmente anhelado por los productores locales y que resultaría decisivo para la salud del vínculo bilateral.
La Cláusula de Adaptación Competitiva, mecanismo sometido ayer a discusión técnica, fue propuesta por Roberto Lavagna en 2004, cuando la reactivación de la economía local estimuló las importaciones desde el país vecino. Pero la inmediata y contundente resistencia de Brasil transformó el tema en una cuestión muy controvertida, que sólo amagó resolverse hace poco más de un mes cuando su presidente, Lula da Silva, aseguró que su país se avendría a este mecanismo para proteger la producción de ambos países.
Fue una verdadera concesión política de Lula a favor del Mercosur, bloque alentado por la afinidad en el terreno político pero jaqueado por los conflictos comerciales. Claro que las dificultades técnicas subsistieron a pesar de ese empeño, como lo demostraron las extensas discusiones de ayer. Básicamente, Brasil se ha resistido a la aplicación automática o unilateral de salvaguardas.
La CAC activaría la posibilidad de aplicar o subir el arancel vigente –ayer se habría descartado la imposición de cupos– sobre aquellos productos amenazados por la competencia externa, siempre y cuando se registrara un aumento importante de las importaciones desde un país y se comprobase que éstas produjeron una lesión en la industria del otro. Antes de llegar a esa sanción, sin embargo, los industriales de ambas naciones serían “inducidos” a llegar a un acuerdo, a semejanza de los diecisiete que hoy involucran a las industrias de calzado, textiles o línea blanca, entre otros, todos bajo la lupa de una comisión de monitoreo bilateral. Sólo si el intento de celebrar ese pacto de caballeros fracasa, se impondría la salvaguarda.
El procedimiento para definir esa sanción es lo que siguió generando diferencias entre los negociadores locales, presididos por el secretario de Industria, Miguel Peirano, y el de Relaciones Económicas Internacionales, Alfredo Chiaradía, y la delegación brasileña que llegó a Buenos Aires encabezada por el vicecanciller, Samuel Pinheiro Guimaraes, y el secretario de Desarrollo, Ivan Ramalho.
Argentina batalló para que el país afectado por las importaciones fuera el que resolviera la sanción, que ésta pudiera aplicarse en forma automática en situaciones “de emergencia” y, en cualquier caso, sin que existiera una instancia de apelación. La administración brasileña prefiere conferir potestades a una comisión binacional, no quiere decisiones rápidas y sí postula la posibilidad de revertir los fallos.
Las estadísticas comerciales dan la pauta de por qué los industriales argentinos hacen lobby a favor de la CAC con el mismo empeño que sus pares brasileños la resisten. Según acusa un informe de la consultora Abeceb.com, sólo en los diez primeros meses del año el déficit en detrimento de la Argentina se había incrementado un 64 por ciento en relación al mismo período del año anterior. Los 3000 millones de dólares anuales en desmedro de los exportadores argentinos actuaron como un alerta eficaz.
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