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El subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, sumó ayer una nueva declaración polémica al afirmar que si las acciones que está llevando adelante para combatir la evasión “no se pueden usar más” por ser consideradas inconstitucionales, se debería “cambiar la Constitución”. Así respondió a los cuestionamientos que se le realizaron luego de que el martes pasado confiscara una camioneta Mercedes Benz 4x4, cuyo propietario acumula una deuda de patente por más de 20 mil pesos.
Para llevar adelante los operativos, Montoya se ampara en la ley 13.405, aprobada por la Legislatura bonaerense en diciembre del año pasado, que lo autorizó a secuestrar vehículos de más de 35 mil pesos y a trabar embargos sobre cuentas bancarias, salarios y bienes sin autorización judicial. Apenas se sancionó, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires cuestionó la norma argumentando que “la necesidad de recaudación fiscal no puede estar por encima del Estado de Derecho y afectar garantías de la población”.
Montoya señaló entonces que los especialistas que criticaban la norma eran asesores de los contribuyentes y grandes grupos económicos morosos. Ahora que se secuestró el primer vehículo la polémica resurgió. En declaraciones radiales, el funcionario reafirmó ayer que su decisión de secuestrar el auto se tomó en base a norma “legal”, pero aseguró que si llega a ser invalidada por inconstitucional “se podrían explorar herramientas similares” o “plantearnos un debate sobre si en la Argentina hace falta cambiar la Constitución para cobrar los impuestos”.
El gobernador Felipe Solá defiende el accionar del subsecretario pues la provincia necesita seguir mejorando su recaudación tributaria para mantener el superávit fiscal y afrontar los pagos de la deuda pública. Cuando Montoya asumió como subsecretario, en plena crisis, la morosidad tributaria había llegado a un pico histórico, ya que más del 40 por ciento de los contribuyentes estaba atrasado con, por lo menos, una de las obligaciones que tenía con el fisco. Desde entonces, la situación mejoró de manera notable e impulsada por la reactivación económica, las amenazas del polémico funcionario y sus excéntricas medidas.
En junio de 2002, Montoya aseguró que iba “a hacer mierda” a los grandes evasores que no se inscribieran en la moratoria provincial, emulando al ex titular de la AFIP Carlos Tacchi. Luego comenzó una seguidilla de acciones de alto impacto mediático. En diciembre de 2003, prometió el embargo de los sueldos de 81 ejecutivos de importantes empresas. En septiembre del año siguiente comenzó a notificar a las esposas sobre las deudas de sus maridos. Tres meses después publicó en Internet una lista de 2390 morosos, anunció su intención de allanar las cajas de seguridad que los deudores tuvieran en los bancos y montó guardia en los pasos fronterizos con Uruguay para escrachar a los evasores que se iban de vacaciones allí.
En mayo de 2005, volvió a aparecer en los medios anunciando su intención de “cobrar las deudas de los muertos” por medio de juicios de sucesión y apenas dos meses después generó un escándalo cuando comenzó a intimar deudores en la puerta de los albergues transitorios. En diciembre lanzó a la calle a los Papá Noel antievasión y ahora fue tras los autos de los que más tienen.
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