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En el debate económico diario aparece en forma reiterada la idea de que algunas medidas son de corto y otras de largo plazo. En esa discusión se presentan como las relevantes las segundas, como si éstas no fueran una continuidad de las primeras salvo en discursos cínicos. Esto último sería el caso del gobernante que asegura que su objetivo es mejorar las condiciones de vida de los sectores postergados, pero decide un recorte de los salarios y de las jubilaciones. Con los gobiernos de Menem y De la Rúa hubo varios ejemplos de ese estilo, que recomendaban sacrificios a la mayoría para alcanzar la bonanza futura, mientras unos pocos se beneficiaban. Se hizo popular una frase de un sabio economista, John Maynard Keynes, que sugería que en el largo plazo todos estarán muertos. En realidad, en economía, ante la imprevisibilidad del movimiento de las variables, el corto plazo es la urgencia y así se va construyendo la política. Lo relevante pasa por definir cuál es el proyecto de país y su modelo productivo que lo sustente. Luego se va experimentando en base de aprendizajes pasados y presentes con medidas de corto, padeciendo los errores y contabilizando los aciertos, para alcanzar ese objetivo. No existen esas medidas económicas inmaculadas de largo plazo, sino iniciativas consistentes de corto para avanzar en un proyecto de crecimiento. Otro economista brillante, en este caso contemporáneo, Dani Rodrik, de la School of Government de la Universidad de Harvard, sostiene que no existe una estrategia única para el desarrollo sino que cada país debe diseñar la propia, puesto que lo que funciona en un determinado contexto a menudo no funciona bien en otro. El enfoque indispensable –afirma Rodrik– son principios económicos prácticos y evidencia empírica, con espacios para la imaginación institucional y la política participativa en el diseño de un camino propio para el desarrollo.
Cuando en economía se habla mucho del largo plazo es cuando se quiere evitar conflictos de corto o se aspira a la preservación de espacios de privilegio de unos pocos. Por eso, los trabajadores reclaman por sus salarios, el dinero que necesitan cada día para el sustento. En cambio, los empresarios hablan de un difuso largo plazo para defender sus intereses. Es válido que lo hagan y los responsables de la gestión pública deben estar alertas para no quedar atrapados en los fantasmas que suelen ser convocados. En la última semana, con la carne y la decisión oficial de suspender por 180 días las exportaciones, los protagonistas de la cadena cárnica advirtieron que inmediatamente puede bajar el precio, pero que el costo de esa iniciativa será un daño irreparable en el largo, por la pérdida de mercados externos y el desincentivo a la inversión de los productores. ¿Será así? ¿El negocio de la carne no es lo suficientemente atractivo con la estrategia de desarrollo que tiene el Gobierno de mantener un tipo de cambio competitivo? ¿Un dólar alto, con el costo que significa sostenerlo, no es una potente “señal de largo plazo”, como les gusta definir a consignatarios y exportadores?
Como en esta disputa alrededor de la carne todavía no se conoce el resultado final, resulta atractivo recordar qué se decía y cuál fue el saldo de la batalla con los bancos por el corralito y las compensaciones por la pesificación asimétrica para tenerlo en cuenta en esta puja. En ese caso también los banqueros y sus tradicionales voceros de la city hablaban de los costos imposibles de superar para el sistema, de las pésimas señales de largo plazo que se estaban emitiendo y que la forma de resolver esa crisis era con una compensación millonaria a las entidades y un bono compulsivo a los ahorristas acorralados. El entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, apenas asumió desoyó las voces de alarma que le sugerían que no había que abrir las puertas de las entidades luego de varios días de feriado bancario. Antes había que terminar de sepultar a los ahorristas con un bono, proponían banqueros & afines. Los bancos abrieron y no hubo pánico, como habían atemorizado. Las entidades financieras, con la colaboración infaltable del FMI, reclamaban una compensación amplia por los costos de la pesificación y los pagos de los amparos judiciales que los obligaban a devolver depósitos al tipo de cambio vigente. La medida económica de corto plazo que se implementó fue la de entregar bonos por la pesificación asimétrica pero no por los amparos. Y los bancos no quebraron ni se jugó el futuro del sistema financiero, que sigue trabajando tan desligado del sector productivo como en las últimas décadas. Por el contrario, y contra todos los pronósticos de los inefables gurúes y para desorientación de psicólogos sociales, la gente volvió a depositar dinero en los bancos. Y no sólo regresaron los ahorristas sino que a menos de tres años de la espectacular debacle los bancos volvieron a contabilizar ganancias.
El sistema financiero finalizó el 2005 con un resultado positivo de 1958 millones de pesos, equivalente al 1 por ciento del activo total, cerca de los indicadores de rentabilidad en otras economías emergentes, relevados por Global Financial Stability Report, de septiembre de ese año. En una aproximación a las condiciones corrientes de rentabilidad, al excluir la amortización de amparos y los ajustes de valuación de activos del sector público, las ganancias del sistema acumuladas durante el año pasado alcanzaron la friolera de 4191 millones de pesos, el 2 por ciento del activo. Esa diferencia de ganancias exterioriza las eventuales transferencias de ingresos (en ese año, 2233 millones de pesos) que se hubieran concretado si el latiguillo “señales de largo plazo” (satisfacer las exigencias de los banqueros) hubiera predominado en ese momento en la gestión de la política económica.
El conflicto con la cadena cárnica tiene esa misma lógica. La suba de la carne erosiona el poder adquisitivo de la población, alimenta expectativas inflacionarias y empuja hacia arriba el índice de precios al consumidor. La suspensión de las exportaciones de carne por 180 días interviene en la importante renta que estaban obteniendo los productores, consignatarios, matarifes y frigoríficos con participación en el mercado externo. Esa medida generará reducción de precios para la plaza doméstica –como se verificó ayer en el Mercado de Liniers–, pero también situaciones laborales complicadas porque algunas firmas suspenderán o directamente se desprenderán de personal.
Pero a diferencia de la crisis financiera de 2001, el actual conflicto es provocado por una crisis de crecimiento debido al aumento de la demanda local –aunque por la suba de precios hubo una caída del consumo per cápita el año pasado– y también de los despachos hacia el exterior, en un contexto de precios internacionales muy elevados. Frenar las exportaciones es una medida de corto plazo y no afecta el largo, que está determinado por cuestiones estructurales del mercado doméstico y mundial. El cacareo, para ser más riguroso mugido agudo de los protagonistas del negocio de la carne, es, por lo menos, exagerado.
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