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El Gobierno la llama realista. La oposición: improvisada o caprichosa, con aciertos y errores. Por derecha se dice que la falta de aumento de tarifas inhibe inversiones, cocinando una crisis que los usuarios padecerán en el futuro. Por izquierda se reprocha haber ignorado la Ley de Emergencia Económica que obligaba a revisar los incumplimientos de contratos y las ganancias extraordinarias de los ‘90. La estatización del servicio de agua y cloacas desató un debate sobre cuál es la política de Néstor Kir-chner –y de Julio De Vido, con un rol cada vez más preponderante– hacia las privatizadas. Y, sobre todo, la pregunta de si se preparan más acciones de ese tipo. El Ejecutivo responde que se seguirá manejando con “pragmatismo”, definición en la que entra cualquier opción, de un extremo a otro.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, desinfló ayer una de las especulaciones en danza: la recompra de una porción de YPF. “Enarsa tendrá procesos asociativos con Repsol y con otras petroleras, pero eso no quiere decir comprar la empresa”, aclaró. Tampoco parece sencilla la recuperación de Aerolíneas Argentinas. “El Gobierno no tiene vocación estatizante”, insistió Fernández. Bien visto, el caso de Aguas Argentinas le da la razón. De Vido y Roberto Lavagna, con la anuencia de Kirchner, intentaron durante más de dos años que Suez permaneciera al frente de la concesión. El entonces ministro de Economía llegó a presionar por un acuerdo que incluía un fuerte ajuste de tarifas, pero esa vez no obtuvo el respaldo presidencial.
La empresa había acumulado incumplimientos durante años que justificaban su expulsión de entrada. La decidida intervención del gobierno francés y, en su momento, del FMI en favor de los operadores de Aguas Argentinas logró neutralizar esa medida. A principios de 2004 hubo un acercamiento de posiciones, con la firma de un Acta Acuerdo que establecía una tregua para negociar durante todo ese año. Fue en esa oportunidad que el Presidente puso a Suez como ejemplo ante las demás privatizadas. Nadie imaginó en ese entonces que dos años más tarde nacería Aguas y Saneamiento Argentinos (Aysa) para reemplazar al concesionario privado. Esta decisión, además, se tomó luego de fracasar todos los intentos para transferir Aguas Argentinas a otra compañía.
La estatización dio lugar a otro caso de pragmatismo bastante polémico. El Gobierno designó como primer presidente de Aysa a Carlos Ben, quien hasta ahora se desempeñaba como director general adjunto de Aguas Argentinas en representación de Suez. Es decir que este funcionario pasó los últimos años sentado del otro lado del mostrador. Ben es socio político de José Luis Lingeri, secretario general de Obras Sanitarias y número dos de la CGT. “Es la misma lógica del menemismo, que con toda impudicia pasaba al ejecutivo de una empresa al ente regulador de esa compañía, o ubicaba a un funcionario del proceso privatizador en el ente de control de la empresa que había privatizado”, cuestionó Héctor Polino, fundador de Consumidores Libres. El ex diputado elogió, de todos modos, la reestatización del servicio.
La política del Gobierno hacia las privatizadas está repleta de esas contradicciones. Después de muchos accidentes graves y de sumar groseros incumplimientos de contrato, el Ministerio de Planificación le quitó la concesión del ex ferrocarril San Martín al grupo Taselli (Metropolitano). Pero no corrigió el fondo de la cuestión, que es el esquema inviable de prestación del servicio ferroviario tal como fue privatizado, sino que transfirió la responsabilidad de explotar ese ramal a otros tres operadores que tienen casi tantas falencias como el expulsado. Metrovías, TBA y Ferrovías constituyeron una Unidad de Gestión Operativa que embolsa crecientes subsidios para operar el San Martín. Los fuertes subsidios también los cobran –junto a Metropolitano, que retuvo el Roca y el Belgrano Sur– para administrar los otros ramales en su poder. Correo Argentino, Aguas Argentinas y Aeropuertos 2000 fueron las empresas que el Gobierno puso en la mira no bien asumió. La primera la estatizó rápidamente, poniéndose firme ante la falta de pago del canon por parte del grupo Macri. A pesar del aceptable desempeño de esa compañía en manos públicas, sigue firme el decreto que establece su futura reprivatización. Aguas Argentinas, se sabe, se convirtió en Aysa. Y Aeropuertos 2000, que estaba en una situación similar a la del Correo por la falta de pago del canon, no sufrió ningún embate desde el Gobierno. Su contrato sigue en vías de renegociación. La cartera de De Vido, además, intentó en vano que Eurnekian comprara Aguas Argentinas.
Con las telefónicas, las eléctricas, las gasíferas y las autopistas la estrategia fue la misma. La mayoría de esas empresas cerraron entendimientos preliminares. Pero aquí también se dan situaciones ambiguas. En primer lugar, sus renegociaciones consiguieron una discutible aprobación parlamentaria, por vía ficta. Por otra parte, si bien el Ejecutivo concedió aumentos de tarifas –como a las eléctricas y gasíferas– que recaen en usuarios industriales o comerciales –o distribuidoras–, la mayoría no entró en vigencia porque aún restan los decretos del Poder Ejecutivo que los autoricen. De todos modos, son incrementos que cuando arranquen tendrán carácter retroactivo. De ese grupo, las únicas que no tuvieron vocación de esperar fueron Electricité de France, que cedió el control de Edenor al grupo local Dolphin, y France Telecom, que vendió su parte en Telecom al grupo Werthein.
“No hay una política clara con respecto a las privatizadas. Se va actuando de acuerdo con cómo se presenta la coyuntura y a veces se resuelve bien y a veces se resuelve mal”, opinó Polino, un especialista en la materia. El Gobierno defiende su posición con el argumento de que no era posible enfrentar a todos al mismo tiempo, a grupo locales y a empresas de los países centrales, y que es más lo que logró que lo que concedió.
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