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El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, negó ayer que el Gobierno tenga como prioridad “en este momento” otorgar un aumento a los jubilados. Sin embargo, según pudo confirmar Página/12, el aumento para los jubilados no sólo está en estudio, sino que podría concederse dentro de las próximas dos semanas. Hasta ahora, las mejoras sólo fueron para la mínima, pero esta vez la recomposición de haberes alcanzaría a todos los jubilados. La suba estaría muy por debajo del 19 por ciento con el que se cierran las negociaciones salariales por pedido del Gobierno. Aunque el número depende de su impacto fiscal, y los cálculos todavía están en proceso, el techo del ajuste rondaría el 10 por ciento.
“No estamos analizando nada. En este momento, la prioridad de la gestión laboral está en las negociaciones salariales”, dijo Carlos Tomada, durante la conferencia de prensa en la que se anunció la suba del 19 por ciento para los empleados del gremio de Comercio, liderado por Armando Cavalieri. Sin embargo, la recomposición de los haberes jubilatorios es analizada, en secreto, por funcionarios de Gobierno. El anuncio llegaría recién después de cerrada la paritaria de los empleados públicos, cuyos dirigentes iniciarán las conversaciones formales con la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Trabajo el próximo viernes.
Los estatales podrían acordar sobre la base del número de oro, que convalidaron hasta ahora Hugo Moyano (camioneros), Víctor Santa María (porteros) y Cavalieri. Pero el Gobierno buscará que el impacto sobre el año fiscal sea el menor posible, por lo que, al igual que aquellos gremios, la mejora sería escalonada en el tiempo.
La suba de haberes jubilatorios dependerá también de su impacto sobre las cuentas públicas. En los cálculos oficiales, un 10 por ciento de aumento promedio de las jubilaciones significaría un desembolso anual adicional de 2900 millones de pesos. De ahí que se busque estirar lo más posible la puesta en marcha de la medida. Una posibilidad es que se anuncie para mayo, la otra que se empiece a cobrar en junio. Hasta ahora, la administración Kirchner optó por otorgar aumentos sólo para la jubilación mínima (ocho en total), como una forma de atender a los más necesitados y achicar el costo fiscal. Pero a esta altura el atraso del resto de los haberes es tan notorio que ya está decidido que el próximo aumento abarque a los 3,3 millones de jubilados y pensionados.
Los jubilados son uno de los grupos sociales más castigados por la inflación, que acumula desde la devaluación un 79 por ciento. Los más perjudicados son los 200 mil jubilados que cobran más de 1000 pesos. Hace trece años que no reciben ninguna mejora. Antes de la devaluación, su ingreso guardaba cierta relación con sus aportes durante su vida laboral. Hoy ese vínculo se hizo añicos, y su nivel de vida como jubilados es muy inferior al que tenían como trabajadores.
Hay otros 600 mil pasivos que cobran entre 390 y 1000 pesos, que sólo recibieron en septiembre del 2004 una mejora del 10 por ciento. Así, la mayoría de ellos vive hoy bajo la línea de pobreza (valuada en 860 pesos).
Finalmente, el 70 por ciento de los jubilados percibe la mínima de 390 pesos, y los que están afiliados al PAMI les corresponde un extra de 30 pesos como subsidio. Para un grupo que a principios de la era Kirchner ganaba una mínima de 180 pesos, el aumento le ganó a la inflación minorista y empató con la suba de la canasta básica de alimentos (+115 por ciento). Pero aun así todos están hoy prácticamente en el umbral de la indigencia (400 pesos, según el Indec).
El Gobierno ha tenido en los últimos años una política ambivalente con los jubilados. Ha puesto en marcha planes muy positivos para extender la cobertura previsional, como ser la moratoria previsional, que abre las puertas de la jubilación a aquellas personas que con la edad de retiro no reúnen los 30 años de aportes que dice la ley. Pero sin una paritaria que los represente (más allá de algún tibio reclamo de la CGT), y sin la actualización de haberes que dicta la ley previsional, el ingreso de los jubilados depende hoy de la lapicera presidencial, después de que los técnicos hacen números y determinan cuánto sobra en las cuentas fiscales.
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