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El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sorprendió ayer al anunciar un aumento para los empleados públicos del 19 por ciento, acordado con UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), uno de los dos gremios de estatales, antes del inicio de la paritaria del sector, previsto para el próximo viernes. Ante este arreglo, el otro gremio, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), que reclamaba una mejora del 30 por ciento, descalificó la propuesta y ratificó un “paro con movilización” para hoy. “Lamentamos que Kirchner tenga las mismas prácticas autoritarias que Menem, al no darnos la posibilidad de discutir en paritarias. Desconoce a ATE y arregla en privado con Andrés Rodríguez (titular de UPCN), tal como hacía Menem”, dijo Pablo Micheli, secretario general de ATE a Página/12.
El aumento del 19 por ciento será desdoblado en dos etapas: un 10 por ciento a partir del 1º de junio y el 9 por ciento restante a partir del 1º de agosto. El impacto sobre las cuentas públicas del gobierno nacional no sería relevante. Según un cálculo de la consultora Economía & Regiones, si se empezara a aplicar en su totalidad a partir de mayo, el Estado nacional debería erogar este año 1766 millones de pesos adicionales. Ese gasto extra achicaría el superávit fiscal previsto para el año (casi 23 mil millones de pesos) en sólo un 7 por ciento. Pero como la mejora salarial será concedida en su totalidad recién a partir de agosto, entonces el esfuerzo fiscal sería aún menor.
El problema lo tendrán los gobernadores, ya que, si este ajuste se toma como referencia para los próximos aumentos salariales de los empleados provinciales, deberán afinar el lápiz para cerrar las cuentas. En especial, si se considera el estirón del plantel provincial de empleados públicos en los últimos años (ver aparte).
En una primera etapa, la suba salarial abarcará a unos 107 mil empleados de la administración central, no alcanzando a Fuerzas Armadas, organismos descentralizados y contratados. Según Micheli, de ATE, su gremio cuenta con 15 mil afiliados, mientras que UPCN sumaría sólo 13 mil. Según Rodríguez, los afiliados de UPCN llegan a 87 mil.
“Celebro este acuerdo que hemos logrado”, dijo Alberto Fernández, en conferencia de prensa, a la vez que Rodríguez ponderó “la buena predisposición al diálogo”. En cambio, Micheli insistió con que la medida de fuerza prevista para hoy (abandono de tareas a partir de las 10 y movilización desde las 13) “va a ser contundente”.
Los empleados públicos son uno de los sectores que más poder de compra perdió desde la devaluación: alrededor de un 30 por ciento, incluso más que los trabajadores en negro. De acuerdo con los cálculos de ATE, el salario promedio de los estatales es hoy de 1150 pesos, mientras que la canasta familiar asciende a 2200 pesos.
El distanciamiento de ATE con el gobierno K va más allá del porcentaje de la mejora salarial. Esta organización forma parte de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos), liderada por Víctor De Genaro, entidad a la que Kirchner se niega a otorgar la personería gremial, requisito para disputar la representación sindical con la CGT. Además, es cierto que Andrés Rodríguez, uno de los nuevos aliados K, era un ferviente menemista mientras ATE confrontaba en todos los planos con el ex presidente.
El próximo viernes, cuando se largue formalmente la paritaria del sector público en el Ministerio de Trabajo, no habrá mucho que discutir. Sin embargo, Rodríguez afirmó que aún quedan “puntos a resolver”, como la situación de la “franja de contratados”. Durante 2005, la administración nacional incorporó a “planta transitoria” a más de 9500 contratados. “Todavía hay 3000 trabajadores en situación de contrato”, explicó el líder de UPCN. Pero según los números que el Ministerio de Economía publica en Internet, los contratados todavía serían unos 9000.
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