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La Justicia emplazó al concesionario que opera el ex ferrocarril San Martín a solucionar los problemas de seguridad y accesibilidad que sufren sus pasajeros. El fallo emitido ayer fue en respuesta a una demanda del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, contra los cuatro concesionarios que están al frente de los trenes urbanos por “violar los más elementales derechos humanos”. El juez estuvo de acuerdo y le impuso a Ugofe, una sociedad integrada por TBA y Ferrovías (que se encarga de la gestión operativa), y al Estado (que paga los sueldos) que tomen medidas en cinco y treinta días, así como estructurales para 2007, para resolver la cuestión.
La resolución fue dictada por Guillermo Rossi, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12. Ordenó que para dentro de cinco días se pongan en ejecución distintas normas de seguridad para que la integridad de los pasajeros no siga estando en riesgo. Ugofe y el Estado deben controlar que los pasajeros no viajen fuera de los vagones, para lo cual debe limitarse el acceso a las formaciones a una cantidad de pasajeros que no exceda la capacidad de las mismas.
Las personas que no puedan viajar deben tener acceso a “servicios alternativos (transporte automotor) con tarifa análoga y en cantidad suficiente para satisfacer la demanda histórica de la línea”. Es decir, deberán circular micros u otro tipo de vehículos que cubran el recorrido. La empresa y el Estado tienen cinco días para implementar este servicio. Sin embargo, como los demandados apelarán, suspenderán los efectos de la medida hasta el pronunciamiento de la segunda instancia. También, que el Estado realice inversiones para permitir la accesibilidad de los discapacitados.
El fallo demuestra que el problema del ferrocarril San Martín era más grave que su explotación por parte de Metropolitano. El Gobierno tuvo razones de sobra para anular la concesión a ese operador, pero al no transformar el esquema de fondo y sólo producir un reemplazo de empresas, las falencias continúan. Mondino señaló que los cuatro concesionarios tienen los mismos problemas: falta de seguridad e higiene, mal estado de los vagones, incumplimiento de frecuencias e insuficiente información sobre el estado del servicio.
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