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Hay un dato que diferencia los resultados de la gestión económica posterior a la salida de Roberto Lavagna del Gobierno. Durante 2005, la inflación de la canasta básica de alimentos fue del 15 por ciento, por encima del IPC, con una tendencia ascendente: durante el primer semestre del año fue 5,6 por ciento, mientras que en el segundo ya llegaba a 8,8 por ciento. En cambio, durante los primeros cinco meses de este año, la inflación de alimentos fue de apenas 1,6 por ciento, con deflación en los últimos dos meses. Este es el fruto más notable de los acuerdos de precios, y en particular de la veda a las exportaciones de carne, que contribuyó a la caída de precios del producto de mayor peso en el índice.
Se podrán discutir los efectos secundarios o la sustentabilidad de los acuerdos en el tiempo, pero las cifras anteriores son inobjetables.
Sin embargo, por lo visto hasta ahora (tres años y medio juntos, seis meses separados), sólo hay matices en el modelo económico de Lavagna y de Kirchner. Ninguno de los dos pareciera incluir en su agenda de mediano plazo los siguientes temas:
- Reforma tributaria: Mucho se ha escrito sobre la regresividad (pagan más los que menos tienen) del sistema impositivo, que preserva exenciones a financistas y especuladores mientras impone elevados tributos a los sectores más pobres. Quien gana 100 mil dólares por los intereses de un depósito bancario o por la compraventa de títulos o acciones, de manera inhabitual, no paga impuesto a las Ganancias. En cambio, una familia de escasos recursos debe abonar el 21 por ciento de IVA cuando adquiere los alimentos esenciales en el Gran Buenos Aires. Satisfecho con los números de la recaudación, no está en los planes cercanos de Kirchner la tan necesaria reforma impositiva. Nunca figuró en los de Lavagna.
- Reforma previsional: Casi la mitad del aporte jubilatorio de los afiliados a las AFJP se van en comisiones a las administradoras. Las proyecciones actuales indican que esos aportes garantizarían una jubilación inferior al 50 por ciento del salario como activo. Las AFJP aparecen, definitivamente, como una mala opción para los empleados de sueldos bajos. No obstante, todos los años unos 400 mil “indecisos” son asignados a una administradora sin la posibilidad de regresar luego al sistema de reparto. Además, nadie sabe qué hará el Estado argentino con los jubilados del futuro, dado que la mitad de los ocupados de hoy está en negro.
- Renta petrolera: Hasta en Estados Unidos se discute por estos días si no sería necesario que el Estado se apropiara de una porción mayor de la renta extraordinaria que embolsan las petroleras. Argentina es un caso bizarro en Latinoamérica: en México, Brasil, Ecuador, Venezuela y Chile (cobre), el Estado se adueña de la parte del león de los ingresos provenientes del recurso natural no renovable. En ninguno de esos países faltan las inversiones. Sí escasean en Argentina, que todavía no pudo despejar del horizonte el fantasma de la crisis energética.
- Mercados oligopólicos: Los principales mercados de insumos de uso difundido (siderurgia, aluminio, petroquímica, cemento) muestran estructuras altamente concentradas con fijación de precios no competitivos, presionando a su vez sobre los costos de otros sectores de la economía (envases, autopartes, construcción). En la mayoría de los países capitalistas, desde principios de siglo XX, se emplean las leyes de Defensa de la Competencia para combatir estas prácticas. La única acción relevante de Lavagna-Kirchner en este aspecto fue una multa millonaria aplicada a las cementeras por actuar como cártel, en base a un expediente iniciado sobre el final del gobierno de Menem, que hubiera prescripto escandalosamente de demorarse el Estado unos meses más en resolver.
Una agenda estratégica es necesaria para hacer de Argentina “un país en serio”. Pero Néstor y Roberto la guardan en secreto.
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