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“No nos parece una decisión comprensible ni que vaya en dirección de una mayor integración”, se quejó ayer Michelle Bachelet, en alusión a la decisión argentina de cobrar un precio diferencial del gasoil a los autos que tengan patente extranjera. La medida, que afecta a camiones y vehículos particulares chilenos, uruguayos y brasileños que llenan tanques en las estaciones fronterizas, entrará en vigencia el 10 de agosto, según el plazo previsto en la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. La instalación de surtidores para coches foráneos también genera resistencia entre los estacioneros locales que abastecen a aquellos coches. El resto también protesta, pero por la falta de rentabilidad.
La resolución 938 de la Secretaría de Energía tiene por objetivo evitar el importante drenaje de gasoil hacia países limítrofes, donde es bastante más caro que en la Argentina. En Brasil el litro de gasoil se paga 0,86 dólares; en Chile 0,91 dólares; en Uruguay 0,90, en contraste con los 0,47 que obla cualquier consumidor local. Con este aliento, la venta en estaciones ubicadas en zonas de frontera aumentó mucho más que el promedio general del país, al punto de que, según datos oficiales, ese expendio representa hoy entre el 1,5 y el 2,0 por ciento del consumo nacional.
Esta virtual exportación hormiga priva a los consumidores locales de un combustible especialmente necesario para que el campo movilice la cosecha. Tanto es así que el Gobierno admitió a las petroleras la importación de gasoil con una serie de prerrogativas fiscales para subsanar esa falta.
La norma en cuestión habilita la apertura de uno o más surtidores con los cuales los estacioneros podrán vender el combustible al mismo precio que en el país de origen del vehículo. Los expendedores tendrán la obligación de informar periódicamente a la Secretaría de Energía sobre el volumen vendido en condiciones especiales y la transgresión al régimen los hará acreedores de una multa que oscila entre los 100 y los 150 mil litros de nafta súper. La manera de distinguir a ese consumidor será a través de la patente, con una excepción prevista por aquella norma: los oficiales y los del personal diplomático, que podrán seguir consumiendo gasoil más barato. Esta salvedad no fue suficiente para aplacar el disgusto de la presidenta chilena, quien aseguró que la cuestión será tratada en la reunión de presidentes del Mercosur que tendrá lugar en los próximos días en Córdoba. Una reacción similar tuvo el canciller de ese país, Alejandro Foxeley, para quien la medida argentina “no ayuda a mejorar las cosas” encaminadas a profundizar la integración. En rigor, lo que el funcionario le imputa a la administración de Néstor Kirchner es no haber informado de la medida a la ministra de Economía, Karen Pohiachik, quien la semana pasada estuvo en Buenos Aires para discutir los términos de un acuerdo para la exportación de gas argentino.
En rigor, ése es el punto neurálgico de la integración energética con el país trasandino. Después de cerrar con Bolivia un acuerdo para importar gas un 56 por ciento más caro, Argentina tuvo que rever el marco económico en el que, a su vez, le exporta ese carburante a Chile: se acordó un ajuste en los valores de contrato, pero el nuevo precio sigue estando muy por debajo del que pagará la estatal Enarsa a los bolivianos.
La determinación de Energía de cobrar más caro el gasoil a extranjeros también fue cuestionada por algunos estacioneros locales. La Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste advirtió ayer que será “muy difícil de llevar a la práctica porque no hay forma de controlarlo y, además, resultará discriminatoria con nuestros vecinos, tanto paraguayos como brasileños”. Al margen del nuevo régimen, la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina advirtió ayer que analiza medidas de fuerza para obligar al Estado a bajar impuestos.
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