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El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, rechazó las críticas formuladas por las autoridades chilenas en referencia al establecimiento de un precio diferencial a los combustibles vendidos a extranjeros en zonas de frontera. “No nos movemos a partir de comentarios de otros comentarios, simplemente tomamos las decisiones que el país necesita, en el marco de los acuerdos que hacemos con otros países”, dijo De Vido al concurrir a la ceremonia de inauguración de obras viales en Ituzaingó. La reacción de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue interpretada en sectores vinculados al negocio de los hidrocarburos “como una respuesta a las restricciones en el suministro de gas natural antes que el reflejo del impacto de la eventual suba de los combustibles en la frontera”. Mientras que la reducción en los envíos de gas y el aumento en su precio impactará negativamente en el ánimo de los chilenos, el efecto de un incremento en el precio de los combustibles líquidos vendidos en la frontera “es ínfimo”, sostuvieron fuentes consultadas. Aunque pocos creen que el conflicto pueda derivar en una crisis en la relación bilateral, en el gobierno argentino ya analizan una posible salida si se profundizan los resquemores.
El gobierno argentino busca evitar la especulación de los consumidores de países fronterizos que estarían entrando a cargar combustibles (nafta y gasoil) a territorio argentino, pagando la mitad de lo que abonan en su país. Según el secretario de Energía, Daniel Cameron, se detectó que hay medios de transporte que vienen con tanques adicionales para cargar hasta mil litros por vehículo en cada compra. El funcionario apuntó que tan sólo en seis meses se vendieron en esos puestos de frontera unos 120 mil metros cúbicos de gasoil por encima de lo normal. A través de la habilitación de un sistema de precios diferenciales, se intenta desalentar ese tipo de compras.
La presidenta Bachelet calificó de “incomprensible y en contra de la integración” tal medida y advirtió que lo planteará así ante los presidentes del Mercosur la semana próxima. En rigor, no es desde Chile que se genera el mayor drenaje. Los pasos por los que los habitantes de ciudades limítrofes pueden acceder a surtidores de este otro lado de la frontera y volver con el tanque lleno sin recorrer grandes distancias no son muchos. Ni tan poblados. Según las petroleras, el mayor flujo de combustible hacia países limítrofes se da con Brasil. Sin embargo, la reacción de la mandataria trasandina no es tanto por la magnitud del impacto, sino como un reflejo tardío de noticias de la semana anterior: el mayor precio que deberán pagar la industria y las centrales térmicas por el gas natural que importan de Argentina, con riesgo incluso de que se traslade al consumidor.
Cuando la ministra de Energía y Minas de Chile, Karen Poniachik, fue anoticiada por De Vido y Cameron del incremento de derechos a las exportaciones de gas, para compensar el precio adicional pactado con Bolivia, el gobierno chileno no tuvo reacción inmediata. Y la oposición se lo cobró. Ahora, con la nueva movida del gobierno argentino referida a la venta de combustibles en fronteras, la administración santiaguina vio la posibilidad de reivindicarse, victimizándose por discriminación en el trato de su vecino, interpretan analistas del otro lado de la cordillera.
Bachelet encontró la herramienta para decirle a su público que Argentina no quiere la integración y por eso tendrán que soportar problemas energéticos. Lo real es que Chile enfrenta una profunda dependencia en combustibles, hasta ahora con una sola posibilidad de suministro, el gas argentino. Que por más buena voluntad de las partes, es o será insuficiente. Hasta que no abra sus vínculos comerciales con Bolivia, o termine de erigir la planta de procesamiento de gas licuado (fines de 2008), Chile no cuenta con otra salida a sus necesidades energéticas. Mientras tanto, diversas voces han puesto de manifiesto las dificultades de implementación del sistema de precios diferenciados para rodados con chapa extranjera en áreas de frontera. Desde las entidades de expendedores hasta las compañías petroleras, pasando por legisladores oficialistas, como Carlos Snopek, expresaron sus dudas sobre la posibilidad de llegar a aplicarlo. La misma Resolución 938 de Energía deja abierta la puerta a su aplicación parcial: “habilita”, no obliga, a la existencia de precios diferenciales, y sólo para las estaciones de servicio “que decidan adherirse al sistema”. Por si fuera poco, el artículo 11 faculta a la Subsecretaría de Combustibles a exceptuar del esquema a determinadas estaciones de servicio en las que considere “la inconveniencia de aplicar el presente sistema”. ¿Podrá ser la frontera con Chile considerada “inconveniente” para los precios diferenciados? Es una carta en la manga que se guardan las autoridades.
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