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Economía|Viernes, 1 de septiembre de 2006
ESTUDIAN SUBIR JUBILACIONES ANTES DE FIJAR LA MOVILIDAD

Un toquecito para matizar la espera

El Gobierno analiza un aumento generalizado de haberes, que propondría al Congreso junto al Presupuesto 2007. El mecanismo de actualización se definiría en una ley aparte. En Diputados trabajan con otras ideas.

Por David Cufré
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Los jubilados esperan la respuesta al fallo de la Corte Suprema que ordenó actualizar sus haberes.

El Gobierno prepara su propio proyecto para resolver la situación de los jubilados, en respuesta al fallo de la Corte Suprema que ordenó crear un mecanismo de movilidad de sus haberes. Los diputados que trabajan en el tema esperaban que el titular de la Anses, Sergio Massa, concurriera la próxima semana al Congreso para discutir con ellos la cuestión. Sin embargo, el funcionario recién iría cuando el Poder Ejecutivo defina su propuesta y la remita al Parlamento. El organismo de la seguridad social analiza incorporar las partidas para un aumento generalizado de jubilaciones en el Presupuesto 2007 y, posteriormente, enviar un proyecto de ley específico para fijar un índice de actualización que se aplicaría a partir del año próximo.

Esas iniciativas todavía tienen que obtener la aprobación política de Néstor Kirchner. Son los lineamientos generales esbozados hasta el momento. Se menciona la posibilidad de que el Gobierno conceda un incremento de haberes en torno del 10 por ciento, que alcanzaría a todos los jubilados que cobran por arriba de la mínima. Eventualmente, también podría beneficiar a aquellos que en la actualidad ganan el piso de 470 pesos, pero que antes de la última suba estaban cerca de ese nivel. Sería una forma de “desengancharlos” de la mínima.

Respecto del índice de movilidad, la Anses avanza con la idea de vincular los futuros aumentos a la evolución de la recaudación de la seguridad social. Es decir, los jubilados ganarían más si crecen los aportes y contribuciones a la seguridad social. Para armar el índice no se tomaría en cuenta la recaudación que la Anses obtiene por impuestos generales, como IVA, Ganancias, Bienes Personales y a los cigarrillos, entre otros. Esta fuente de ingresos representa algo más del 50 por ciento de los recursos que obtiene el organismo. Pero, según afirman allí, es más fiel manejarse por la evolución de aportes y contribuciones.

El fallo de la Corte Suprema ordenó que sea el Congreso el que resuelva cómo se actualizan las jubilaciones. Pero, en la práctica, los legisladores se manejarán en función de la propuesta que llegue desde el Ejecutivo. El presidente de la Comisión de Previsión de la Cámara de Diputados, Enrique Thomas, confirmó ayer ante un grupo de diputados de ese cuerpo que el Gobierno prepara su propio proyecto y que Massa iría a defenderlo en un par de semanas. Los legisladores de la oposición insistieron en que concurra la próxima semana, tal como se había preacordado, para analizar lo que ellos están preparando. Su propuesta difiere bastante de la del Gobierno. En lugar de determinar la movilidad de las jubilaciones en función de la recaudación de la Anses, pretenden establecerla en relación con la suba de los sueldos de los trabajadores activos.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, deslizó en el Congreso anteayer, cuando fue a hacer su reporte mensual, que la movilidad de las jubilaciones se hará tomando en cuenta la recaudación previsional.

El plan de la Anses de otorgar un aumento generalizado a los jubilados sería la forma de resolver otro tema crucial: el reclamo de actualización de haberes a partir de la devaluación. La Corte Suprema fue ambigua en su fallo respecto de esta cuestión. Según interpretan abogados y especialistas en materia previsional, el Gobierno debería definir algún nivel de actualización. De lo contrario, el máximo tribunal interpretaría que el tema no está resuelto y dictaría un nuevo fallo imponiendo un ajuste. Para evitar esa situación es que el Ejecutivo daría un aumento. Esa suba, sin embargo, no sería retroactiva. Es decir, se aplicaría de aquí en más pero no generaría una obligación al Estado por los años anteriores, según la aspiración oficial.

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