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El procesamiento y embargo de Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo y Daniel Marx, entre otros, por la operación de canje de casi 30.000 millones de dólares de deuda pública finalizada en los primeros días de junio de 2001, el célebre Megacanje, derivó en debate acerca de la judiciabilidad de la política económica y refrescó al presente las urgencias de aquella hora. A priori, por ruinosas que resulten, las políticas económicas no pueden quedar bajo la órbita de los jueces. Dado un sistema democrático, expresan la transitoria voluntad mayoritaria de la población a través de sus gobernantes. En cambio, sí pueden quedar sujetas a la órbita judicial las irregularidades cometidas durante la instrumentación de estas políticas. De eso se trata el proceso que se tramita ante el juzgado de Jorge Ballestero.
Las irregularidades
El 7 de junio de 2001, a cuatro días de que el ministro Cavallo anuncie los resultados de la operatoria, a la que consideró un “record mundial de todos los tiempos”, Página/12, sobre la base de información aportada por técnicos que participaron de la vitriólica licitación de títulos de deuda, publicó los indicios de las principales anomalías. Entre ellas, se destacaba que las comisiones, que sumaron cerca de 150 millones de dólares, se habían pagado en muchos casos para que los bancos que conducían la operación se canjearan bonos a sí mismos. En una verdadera afrenta a la “viveza criolla”, también se pagaron comisiones por trocar títulos en poder de la banca pública. Además, con el argumento de recuperar las garantías de los bonos Brady (garantías consistentes en bonos del Tesoro estadounidense), por algunos de estos papeles, como los Par y Descuento, se pactaron sobretasas millonarias. Siempre de acuerdo con los informantes de entonces, las tasas de corte (el precio al que se tomaron los bonos viejos) se habrían pactado directamente entre los más altos funcionarios de Economía y los banqueros. La suma de estos elementos, según se denunció en sede judicial, habría tornado al conjunto del proceso licitatorio en una mera formalidad, por no decir simulacro.
Estrategias de defensa
Conocidas las anomalías, los sectores involucrados comenzaron a ensayar variadas estrategias de defensa. La más potente fue la ideológica. El megacanje, sintetiza esta perspectiva remozada en los últimos días, fue la opción por un canje voluntario (es decir, siguiendo el libre juego de la oferta y la demanda en “el mercado”, con lo que todo el riesgo potencial se incluye en la tasa de interés/precio) para evitar el default o bien para “comprar tiempo” en el camino a una reestructuración más consistente.
Por más que se esté en desacuerdo con la opción, una decisión política desesperada en un momento desesperado sólo puede ser juzgada políticamente, no judicialmente. El juicio de la historia resulta más benévolo cuando se advierte que las consecuencias más ruinosas de la operación, el pago de elevadísimos intereses, quedaron subsumidas en el default posterior. En su visión más extremista, la defensa ideológica agrega, con cierto desdén a la inteligencia media, que la operación intentó evitar situaciones como el default festivo, “decidido” (sic) meses después por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá.
La segunda línea de defensa es la técnica, la más riesgosa para los no iniciados en los vericuetos de las operaciones financieras. Los operadores de la Secretaría de Finanzas que por entonces conducía Daniel Marx, sostuvieron en sede judicial que el canje fue hecho por bancos internacionales de primer nivel, utilizando una metodología estándar ya usada en otras licitaciones de deuda argentina y pagando el nivel de comisiones de mercado. Todo cierto, salvo por algunos detalles, entre ellos, que no es lo mismo pagar comisiones por refinanciar 1000 millones de dólares que 30.000 millones, o que la selección de los bancos y la licitación misma fueron poco transparentes. Pero el éxito de esta línea de defensa consistió en su poder para “confundir al enemigo” y dejarlo discutiendo sobre temas por lo general ajenos a su campo de saber, por ejemplo, los detalles del sistema de licitación holandés, de los precios de corte únicos versus los múltiples o el nivel en que efectivamente se habría aumentado la deuda calculándola a valor presente. Para entender el problema casi por el absurdo, puede recurrirse al siguiente planteo: si debo 1000 pesos que vencen mañana y los canjeo por 3000 a pagar en 10 años, ¿la deuda se triplicó? Parte de esta confusión persiste en el reciente fallo del juez Jorge Ballestero, cuando afirma que la operación aumentó el endeudamiento en “más de 55.000 millones de dólares”.
El contexto de la época
Recurriendo a esa simplificación que logra enemistar a los académicos con el periodismo, una de las potencialidades de la teoría económica es que permite establecer relaciones de causalidad: determinadas decisiones de política provocan determinadas consecuencias. Hoy, cuando los ideólogos de los ’90 fueron expulsados del ágora y tartamudean desde la city, resulta evidente que la sobrevaluación cambiaria del régimen de convertibilidad sólo podía sostenerse con ingentes entradas de capital y endeudamiento creciente. En este sentido, el déficit crónico de la cuenta corriente del Balance de Pagos de la década del ‘90 resulta inapelable. Cuando sobre el final del período el capital dejó de fluir, los días de la convertibilidad entraron en cuenta regresiva. El marcador en cero sólo podía suponer dos fenómenos íntimamente relacionados: devaluación y default. Así lo entendieron los capitalistas argentinos que, ya en los primeros meses de 2001, antes del Megacanje y después del Blindaje, iniciaron una de las más fabulosas salidas de capitales de la historia local.
El Blindaje, presentado por el catatónico gobierno de la Alianza como un éxito, fue el principio del fin y plasmó el dato insoslayable de que el país ya no tenía crédito. Algunos en el equipo de José Luis Machinea así lo advirtieron y, con el ministro a la cabeza, dejaron el gobierno en febrero. En este contexto, en una reunión de grandes banqueros internacionales, David Mulford, ex secretario del Tesoro condecorado por Carlos Menem, por entonces titular del Credit Suisse First Boston y amigo personal de Domingo Cavallo, expresó que la única salida de la Argentina era llevar adelante un canje voluntario. De nuevo: un canje voluntario cuando ya no había crédito voluntario. El ministro Cavallo aceptó el desafío y poco faltó para que el CSFB tuviera el monopolio de la operación, situación que se salvó a último momento para evitar un escándalo de proporciones, lo que no evitó que esta entidad se llevara una buena tajada de las comisiones. Pese a las ilusiones, el Megacanje no consiguió siquiera mejorar la huidiza confianza de los mercados, como quedó plasmado en la disparada del riesgo país en los días inmediatamente posteriores a la operación. El resto es historia conocida.
La conclusión preliminar es que las irregularidades sujetas al ámbito judicial durante la licitación de los bonos e incluso los 150 millones de dólares de comisiones parecen poco frente a las no judiciables políticas que llevaron a la recesión, al aumento exponencial del endeudamiento y al deterioro de todos los indicadores sociales durante los ’90. Sin embargo, no debe olvidarse que finalmente el célebre Al Capone fue preso en 1931 por evadir impuestos y no por sus tropelías de dos décadas.
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