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Uno de los planteos más osados que la administración de Evo Morales les está formulando a las petroleras en el marco de la nacionalización de hidrocarburos es que las inversiones exploratorias, y las pérdidas cuando no hubiere hallazgos, corran exclusivamente por cuenta de ellas. Sobre esta base, los capitales privados están resultando esquivos y hoy no está garantizado el mayor suministro de gas boliviano a la región. Pero considerando el volumen total del negocio en juego, es inverosímil pensar en que no habrá un acuerdo: según cifras oficiales, sólo las reservas por desarrollar son un tesoro equivalente a 150 mil millones de dólares. Julio De Vido viaja hoy a La Paz para renegociar el contrato de importación, que garantice a la Argentina su parte en esa riqueza.
El acuerdo con Argentina para venderle 7,7 millones de metros cúbicos por día a 5 dólares el millón de BTU vence a fin de año y por ello el ministro de Planificación local irá a discutir un nuevo pacto que defina volumen y ajuste en ese precio. Según lo previsto, Bolivia debería aumentar la provisión en 20 millones de metros cúbicos por día, incremento que supone construir el gasoducto del nordeste para traer ese gas adicional. Pero según acaba de admitir el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, esto sólo es posible si se invierten en desarrollo de los pozos 800 millones de dólares en los próximos tres años.
A través de la cámara patronal del sector y fundaciones afines, las petroleras reconocen que paralizaron sus inversiones y que la cantidad actual no permite garantizar los contratos suscriptos con Argentina y Brasil, el principal comprador, con 30 millones de metros cúbicos/día. Es obvio que así resultaría menos viable incrementar esa cantidad para nuevos compromisos. La amenaza afecta de modo directo a Buenos Aires.
A fin de octubre vence el plazo autoimpuesto por el gobierno del Altiplano para renegociar los contratos con las trasnacionales que operan en ese país, sin que haya habido grandes avances hasta ahora. El primer gran cambio en las reglas se dio con la nueva ley de hidrocarburos, que subió del 18 al 50 por ciento la proporción de ingresos que deben ceder al Estado en concepto de regalías por los yacimientos chicos, porcentaje que trepa al 82 para los grandes.
Ahora el gobierno de Evo debe reformular íntegramente las condiciones de explotación del negocio hacia el futuro, bajo el postulado de que será YPFB quien fijará el precio y destino de exportación del gas y del petróleo (este último, por ahora, un negocio marginal), y quien detentará la mayoría accionaria de las empresas mixtas del rubro, que pasarán a ser administradas por YPFB. El planteo también supone que la propiedad de los hidrocarburos será estatal y que las empresas se transformarán en “comisionistas a cuenta del Estado”.
La clave es cómo operar esa transformación sin ahuyentar al capital privado, por ahora necesario para desarrollar los pozos existentes y buscar nuevos, ante la limitación de recursos de YPFB. Bolivia tiene un subsuelo rebosante de gas, pero es necesario extraerlo.
En la hipotética e improbable situación de que hubiera una fuga masiva de empresas, YPFB difícilmente esté en situación de asumir el desarrollo de por sí. En este escenario –salvo auxilio contundente de Venezuela–, tanto a Evo como a las empresas les conviene llegar a un acuerdo, que hoy daría más certeza a la Argentina de disponer en corto plazo de los 20 millones de metros cúbicos adicionales que desea importar.
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