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Néstor Kirchner tomó la decisión política y Felisa Miceli y Alberto Fernández serán los encargados de ejecutarla: evitar el uso de decretos de necesidad y urgencia para el reparto de los excedentes presupuestarios. Por el ejercicio en curso aún quedan 10 mil millones de pesos a distribuir a través de un instrumento legal que, en función del anhelo presidencial, debería asumir la forma de un proyecto de ley, ya que los denominados “superpoderes” no le permiten al Poder Ejecutivo omitir al Parlamento en este caso. Lo que se preservó es la libertad administrativa para el manejo de los fondos fiduciarios y organismos descentralizados, aún no encuadrados estrictamente bajo las restricciones del Presupuesto.
Proyectar en el Presupuesto ingresos menores a los que realmente se obtienen es a priori un recurso para reforzar la discrecionalidad del Ejecutivo en esta materia, ya que como el Congreso no se pronunció sobre su asignación de esos fondos extra, Jefatura de Gabinete puede decidir su destino. Lo que está en juego no es poco. Este año se recaudarán en total 12 mil millones de pesos adicionales, de los cuales 10 aún no fueron repartidos.
Eso supone que finalmente a las arcas nacionales habrán llegado un 12,8 por ciento más de recursos que lo calculado cuando los legisladores aprobaron el Presupuesto 2006. Una subestimación que se viene repitiendo en cada ejercicio: equivalió al 7,8 por ciento en el 2004 y llegó al 12 por ciento en el 2005, algo que se replicaría en el 2006. Ese dinero adicional fue distribuido a través de decretos de necesidad y urgencia, un recurso práctico pero políticamente controvertido, porque margina la opinión de legisladores en la administración de masas sustanciosas de recursos, cuya suerte queda al arbitrio del jefe de Gabinete.
Las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo a través de los denominados “superpoderes” no incluyen la de disponer libremente de los recursos que provengan de una mayor recaudación. Por eso, no es factible que en este caso Alberto Fernández disponga de ese dinero mediante simples decisiones administrativas. Así, se impone una ley o el atajo del DNU.
Aunque finalmente apelara al decreto para repartir los excedentes de este año, difícilmente habría muchas sorpresas. El dinero ya está preasignado. La mitad de los fondos pendientes serán absorbidos por inversión pública (3 mil millones) y pago de deuda (2 mil). Al resto lo insumen los aumentos salariales ya otorgados, mayores subsidios y transferencias a las provincias (más obra pública). Ante este cuadro previsible y con un Parlamento disciplinado, no parece haber demasiada diferencia entre buscar una ley o apelar a un decreto.
Finalmente, al proyecto de ley de Presupuesto 2007 que Alberto Abad ayer defendió en el Congreso no le faltan puntos que sí podrían encender el debate y hasta promover alguna modificación respecto de lo que propuso Economía. Valgan de ejemplo los 4000 millones de pesos que le sobrarán a la Anses y que irán al rubro “caja-banco”, es decir, que quedarán reservados como fondos líquidos en lugar de utilizarse para subir las jubilaciones.
De cualquier modo, al Ejecutivo no le falta margen de maniobra para administrar recursos sin la intervención legislativa. A pesar de que la ley 25.917 de responsabilidad fiscal ordena que los fondos fiduciarios y los organismos descentralizados como AFIP, PAMI o el Instituto Nacional de Cine dejen de estar fuera del Presupuesto a partir del año que viene, seguirán al margen al menos un año más.
El artículo 19 del proyecto de Presupuesto dispone que la autoridad competente en cada caso deberá presentar al Consejo Federal de la Responsabilidad Fiscal un plan para realizar la incorporación, lo que significa una prórroga de facto al cumplimiento de aquella exigencia.
A través de este vericueto, el Ejecutivo honró aquel mandato legal, pero preservó libres las manos de Planificación y Economía para el manejo de los multimillonarios fondos fiduciarios o organismos, hoy no sujetos a las restricciones que existen para el resto de los recursos de la administración nacional, que se gastan sólo en función de cuotas periódicas dispuestas por Hacienda y bajo los controles a los que están sometidos los dineros que se libran desde Tesorería.
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