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Sin mayores conflictos, el oficialismo tiene previsto convertir en ley una iniciativa que otorga beneficios fiscales a las empresas petroleras que inviertan en la exploración y explotación. La importancia del proyecto no se tradujo, hasta el momento, en un debate de fondo, como hubiera merecido una decisión como la que hoy tomarán los senadores. La cómoda mayoría del bloque PJ-Frente para la Victoria sólo tendrá la resistencia del radicalismo y la del socialista santafesino Rubén Giustiniani.
El proyecto, que fue aprobado en Diputados el pasado 15 de septiembre, contempla la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las inversiones de bienes de capital que realicen las petroleras. También permite que los gastos realizados en la etapa de exploración y explotación se amorticen en tres cuotas iguales. Además de ampliar las zonas sujetas a concesión, la iniciativa establece 15 años de incentivos para quienes presenten nuevos proyectos.
Defendiendo la iniciativa, el senador chaqueño Jorge Capitanich asegura que la nueva norma “permite aumentar los activos del Estado, ya que promueve la inversión en cuencas que hoy no tienen explotación”. No deja de reconocer que “el único costo fiscal determinado es la importación de insumos vinculados al proceso de exploración y explotación”. El costo fiscal del proyecto es precisamente uno de los puntos que destacan los críticos de la iniciativa oficialista.
“El Ministerio de Economía no hizo público ningún estudio sobre el costo fiscal que compromete esta iniciativa. Supongo que tienen los cálculos, pero no los muestran”, comenta a este diario Gustavo Calleja, integrante del Grupo Moreno y ex subsecretario de Energía. Calleja cuestiona que la norma termine premiando a quienes no hicieron inversiones durante toda la década pasada. “Si desde los ’90 disfrutaron del precio internacional, gozaron de la libre disponibilidad de las reservas y obtuvieron beneficios cercanos a los 15 mil millones de dólares, ¿por qué hoy los argentinos tenemos que financiar a 9 empresas multinacionales?”, señala Calleja.
En diálogo con Página/12, el senador Giustiniani sostiene que el proyecto “es la continuidad de la política que permitió la privatización de YPF, ya que continúa subsidiando a las petroleras privadas”. El oficialismo subraya que la futura ley fortalecerá a Enarsa, ya que obliga a quienes se decidan a explotar la plataforma submarina a asociarse con la empresa estatal. Hoy, cuando el oficialismo logre levantar la mano de todos los suyos, clausurará un debate que quedó pendiente.
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