Roberto Lavagna se reunió ayer con la cúpula de ABA, la cámara de bancos que congrega a las entidades extranjeras. Discutieron por el drenaje de depósitos por amparos y el canje optativo de bonos por plazos fijos.
Los representantes de la banca extranjera fueron a reclamarle ayer a Roberto Lavagna que instrumente algún mecanismo para frenar la salida de depósitos por vía de los amparos judiciales. La escasa adhesión que se registra hasta el momento al plan bonos reforzó la presión del establishment financiero por soluciones terminantes, contrarias a las expresiones que los ahorristas ponen en escena cada semana con sus protestas. El ministro de Economía volvió a rechazar de manera categórica la posibilidad de que la entrega de bonos sea compulsiva, pero en cambio aceptó su preocupación por el fuerte drenaje a causa de resoluciones judiciales. Una idea que le reiteraron a Lavagna los dirigentes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) es que el Gobierno disponga el pago con bonos de los amparos o, al menos, del mayor porcentaje del depósito, mientras que algunas entidades estarían de acuerdo en cubrir parte de la devolución en efectivo.
Un problema inicial con esa propuesta es su viabilidad legal. Lavagna indicó que la medida sería vetada por la Corte Suprema. El Gobierno sigue operando para convencer al máximo tribunal de la necesidad de poner un freno a la restitución de depósitos mediante los amparos. Sin embargo, Lavagna decidió correrse de esa tarea, por consejo de su asesor José Octavio Bordón. El ex gobernador de Mendoza es uno de los colaboradores que más influye en las decisiones del ministro, junto con Alberto Coto, otro operador político. Ambos funcionarios le recomendaron a Lavagna que delegue en el Ministerio de Justicia o en la Jefatura de Gabinete la tarea de dialogar con la Corte, para no abrir otro frente cuando ya está bastante cuestionado por los banqueros y por los economistas ortodoxos de la city.
El único punto en que el jefe de Hacienda coincide claramente con los banqueros es en la preocupación por los amparos. Ayer insistió en que “no sólo no han parado, sino que en junio fueron mayores a los de los meses precedentes”. Ascendieron a 1008 millones de pesos, contra un promedio de 800 millones de los meses anteriores. Esto a pesar de la Ley Tapón.
La otra alternativa sobre la que machacan los banqueros, y ayer no fue la excepción, es que se imponga la entrega de bonos a todos los ahorristas con depósitos reprogramados. Lavagna sigue mostrándose inflexible. Tal como anticipó Página/12 el último sábado, el ministro se defendió de la acusación de fracaso de su plan optativo de bonos con el argumento de que los depositantes no quieren títulos públicos, y que frente a esa realidad, lo peor sería forzarlos a recibirlos. “Si el público prefiere mantenerse como acreedor de los bancos (a través de los depósitos reprogramados) en vez de ser acreedor del Estado (con los bonos) es una forma totalmente legítima de expresar sus intereses”, reflexionó, dejando en evidencia que la demanda de los banqueros se enfrenta con los deseos de sus clientes.
“No hay que modificar nada”, agregó Lavagna, descartando cambios al plan vigente. No obstante, en la reunión que tuvo sobre el mediodía de ayer con los directivos de ABA, encabezados por su presidente y titular del BankBoston, Manuel Sacerdote, el ministro accedió a revisar un artículo del decreto 905 que dio marco a ese plan. Se trata del artículo 31, a través del cual los bancos están obligados a desistir de eventuales reclamos judiciales al constituir la garantía para los títulos correspondientes a la operación.
Ante la requisitoria de los bancos, la cartera económica aceptó analizar que las entidades financieras firmen esta operatoria, pero puedan “hacer reserva” de efectuar acciones judiciales complementarias. “Es un tema delicado porque el artículo le ata las manos al sector bancario para efectuar eventuales reclamos”, dijo un miembro de ABA, al explicar los motivos de la solicitud de anulación o suspensión del artículo.
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