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“Cambien los pasajes que mañana arreglamos”, les recomendó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a los sindicalistas petroleros anteayer a la noche. Todo un día de negociaciones no había sido suficiente para arrimar un acuerdo y la tensión había llegado a un punto máximo. Los gremialistas amenazaban con cortar el diálogo y volver a sus provincias hasta que las cámaras patronales hicieran “una propuesta seria”. El conflicto estaba tan trabado que ayer al mediodía volvió a sumarse a las conversaciones el ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero la señal más elocuente fue que por el lado empresario acudieron las máximas autoridades de las compañías líderes. Seis horas después, las partes llegaron a un entendimiento, que seguirá trayendo cola.
Los sindicatos petroleros de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro lograron una reducción en la carga impositiva sobre los trabajadores del sector, tanto por un aporte del Estado como de las empresas. En este último caso, el acuerdo firmado ayer establece que las compañías les darán a sus empleados entre 100 y 600 pesos mensuales, dependiendo de las categorías, para hacer frente al impuesto a las Ganancias. El subsidio regirá por 180 días, aunque si en el transcurso de esos seis meses se produce algún cambio en las condiciones, las partes volverán a reunirse.
Esta última aclaración incluida en el convenio es la que despierta interés para el resto de los contribuyentes de la cuarta categoría. El eventual cambio en las condiciones sería un aumento del mínimo no imponible de Ganancias, que el Congreso autorizará al Poder Ejecutivo a aplicar el año próximo a través de la Ley de Presupuesto. El hecho de que esto haya sido tenido en cuenta en la negociación de los petroleros es una señal de que el ajuste tiene buenas chances de producirse. Si así fuera, un buen número de trabajadores en relación de dependencia que pagan el impuesto podrían beneficiarse con su reducción o eliminación.
El poder de presión de los petroleros quedó demostrado el primer día del conflicto, el último martes, cuando pusieron en riesgo el abastecimiento de gas en varios puntos del país y provocaron un corte en el suministro a Chile hasta ayer al mediodía. El Gobierno intervino en el conflicto con la participación de cuatro ministros –Tomada, De Vido, Felisa Miceli y Aníbal Fernández–, que mantenían informado al Presidente, y fue el primero en hacer concesiones: aceptó una reducción de la recaudación de Ganancias al excluir de la base imponible los rubros “comida” y “transporte” de la nómina salarial. Un agregado de última hora fue que esa deducción es retroactiva al 1º de enero de este año.
Los representantes empresarios en las negociaciones cambiaron de ejecutivos de segundas líneas a los máximos referentes de las principales compañías: Enrique Locutura por Repsol YPF, Alberto Guimaraes por Petrobras y Alejandro Bulgheroni por Panamerican Energy. Su propuesta original era un aporte de entre 800 y 1200 pesos al año por empleado para el pago de Ganancias. Después de horas de discusiones, se llegó a la fórmula de consenso.
Los sindicatos pretendían algo más, tomando como referencia el componente “horas extras” de sus salarios. Por este ítem llegan a incrementar sus haberes hasta un 20 por ciento. Sin embargo, el Gobierno rechazó ese esquema porque las normas tributarias impiden esa discriminación. En cambio, se decidió utilizar una figura denominada groussing up, que consiste justamente en el pago de Ganancias por parte del empleador. Para las empresas, el acuerdo cuenta como un aumento en los ingresos de bolsillo, que harán jugar en las próximas negociaciones salariales. Es una suba que, por otra parte, no tiene costos añadidos, porque no pagan por ella aportes a la seguridad social.
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