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La Secretaría de Comercio Interior aplicó ayer una multa de 23 millones de pesos a Shell por deficiente abastecimiento de gasoil en sus estaciones de servicio. La petrolera adelantó que va a apelar la decisión oficial negando que exista tal déficit y acusó al Gobierno de presunta discriminación por haberla sometido a inspecciones “de un modo exhaustivo” como no lo hizo con el resto de las compañías. Se trata de un capítulo más en la batalla desatada entre la administración kirchnerista y la firma angloholandesa, más renuente que el resto a avenirse a los mandatos oficiales. Una de sus últimas acciones de rebeldía pública fue, justamente, negarse a importar ese carburante para suplir cualquier falta, ya que esa operación indefectiblemente debe hacerse a pérdida.
El primer notorio entredicho tuvo lugar el año pasado, cuando Shell comunicó un aumento en los precios de las naftas y el propio Néstor Kirchner reaccionó convocando a un boicot que la obligó a dar marcha atrás. Más reciente es el anuncio del gasoil VPower, de calidad superior, que la empresa esperaba vender un 10 por ciento más caro, anticipándose al tipo de carburante que una norma oficial exige comercializar a partir del 2008. Pero argumentando que el producto no estaba aprobado por Energía, el Gobierno abortó el lanzamiento con la intención de evitar lo que interpretó como una suba de precios encubierta.
En este caso, el punto de la discordia es la resolución 25, reglamentaria de la Ley de Abastecimiento, por la cual se dispuso que las refinadoras deben proveer la misma cantidad de gasoil que el año pasado, ajustado según la evolución de la demanda. Según esos parámetros, los inspectores oficiales concluyeron que en 23 estaciones ubicadas en Capital Federal, el conurbano, Entre Ríos y Chaco, Shell habría incumplido y por ello le aplicó una multa de un millón de pesos por cada boca de expendio.
La empresa ya planteó un recurso contra esa resolución, por cuanto a su juicio “se basa en una legislación no vigente” como la Ley de Abastecimiento. En un comunicado difundido ayer también destaca que “en los hechos” las estaciones aludidas “fueron abastecidas en forma suficiente y por encima” de los requerimientos de esa norma. Hecha esta salvedad, la compañía sí admite que los inspectores pudieron detectar algunos faltantes, situación que considera “normal cuando se agota el cupo mensual”. Ese déficit tampoco sería cuestionable a la luz de que la resolución fija una cantidad mensual mínima, pero “no dispone que deba haber existencia continua de productos, todos los días del año”.
El remate del texto es lo que expresa con más claridad el tono bélico de la relación con el Gobierno, cuyo principal interlocutor hoy es Guillermo Moreno. Allí consignan que desde esa resolución “Shell se ha visto expuesta a un número importante de inspecciones y requerimientos” y, de comprobarse que la situación no fue igual para el resto de las compañías, “supondría una inadmisible discrecionalidad y flagrante discriminación” en su contra.
La citada norma fue un recurso oficial para forzar el abastecimiento del gasoil ante las quejas de ruralistas y transportistas por la creciente escasez. El mercado de este combustible está en problemas. La demanda crece de modo contundente, no sólo por la bonanza del agro sino porque muchas usinas térmicas lo utilizan como sustituto del gas natural, también insuficiente. Pero a esta avidez se contrapone la imposibilidad de aumentar la producción, ya que la capacidad instalada está casi al límite. Frente a esta situación, el único recurso para atender el creciente consumo es importar, operación que el Gobierno facilita liberándola de impuestos. Aun así, los números no cierran. En virtud de un pacto de caballeros entre el Gobierno y las refinadoras, los precios en surtidor están “estables” en torno de 1,50 peso el litro. Pero traer gasoil del exterior cuesta más de 2 pesos.
Ante la exhortación oficial de que debían importar para garantizar el abastecimiento interno, Repsol YPF, Esso y Petrobras hicieron saber de inmediato que estaban en ese trámite. Mientras que José Aranguren, titular de Shell, desafió el mandato de la Rosada explicando que no lo haría porque sus clientes “no demandan” más gasoil. Pero más allá de las expresiones públicas, la divisoria entre obedientes y díscolos no parece ser tan nítida, ya que según las estadísticas la importación total de gasoil viene en picada y esto no puede explicarse sólo por aquella proclamada renuencia: casi 400 mil m3 este año contra 600 mil del 2006.
A diferencia de Petrobras y Repsol, Shell y Esso no son compañías integradas y, por consiguiente, no se benefician con la suba del petróleo, insumo que deben comprarles a las productoras. Con un mercado interno con precios congelados, las refinadoras intentan robustecer su negocio con la exportación de naftas y otros derivados, que sólo tienen el 5 por ciento de retención contra el 45 del crudo.
Quiza por eso los dardos de Moreno apuntaron hacia aquí con otra resolución que obliga a pedir autorización para exportar cualquiera de los productos de esta industria, incluido el gasoil. El permiso sólo será concedido si la empresa en cuestión demuestra que está debidamente abastecido el mercado interno.
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